Rutas del conflicto

La oficina central del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó una investigación en la que admite que su oficina en Colombia firmó una alianza con la compañía chilena Geopark, a pesar de que no se tuvo en cuenta las denuncias hechas por indígenas y campesinos en contra de la explotación petrolera en el Putumayo.

Por empujar la conservación de la tierra de sus ancestros, decenas de familias habitantes de los bosques altoandinos en Villarrica y otros municipios vecinos del Tolima, en Colombia, terminaron, sin saberlo, perdiendo la oportunidad de que les titularan fincas que han trabajado por tres generaciones. Esta es otra historia de decepción detrás del nebuloso proyecto de bonos de carbono que se desarrolló en esas mismas tierras.

Caño Limón, el yacimiento que permitió a Colombia volver a exportar petróleo en los ochenta, ha generado afectaciones ambientales y sociales en los últimos 40 años. Familias de 28 veredas reivindican el acceso formal a la tierra dentro y alrededor del área del campo petrolero. La empresa SierraCol está en proceso de renovación del permiso de vertimientos de aguas residuales y ha dialogado con los campesinos.