En América Latina y el Caribe (ALC) se ha venido desarrollando un amplio acervo normativo sobre los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, pero con insuficiente capacidad para erradicar las recurrentes violaciones de los derechos humanos a ellos asociadas. Sin embargo, ese corpus iuris está muy lejos de ofrecer un sistema normativo coherente en el ámbito ambiental, dado que cada país conserva visiones y tradiciones jurídicas que en algunos casos suelen ser poco amigables con el medio ambiente. Además, los vínculos de la clase política con intereses económicos conectados a la industria extractiva, sumados a la debilidad institucional, impiden que ese conjunto normativo tenga alguna efectividad para garantizar un medio ambiente sano, contribuyendo al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y afectando el disfrute y la protección de los derechos humanos.
Con el propósito de aportar a la defensa de los ecosistemas y de las comunidades, entre AIDA y el Semillero en Estudios sobre Minería elaboraron una cartilla pedagógica dirigida a las comunidades que presenta, desde una perspectiva didáctica, las principales herramientas de planificación del ordenamiento territorial como estrategia para la defensa del territorio, con un enfoque ambiental y participativo. La cartilla está dividida en tres módulos que abordan de manera consecuencial la temática. Los dos primeros comprenden los aspectos básicos de la planeación y el ordenamiento territorial, y en el tercero se desarrolla el tema de la participación ciudadana.
El texto constituye una herramienta pedagógica. Aquí se desarrollan los conceptos que permiten entender la práctica y ejercicio de la función ordenadora del territorio, poniendo de relieve los espacios y mecanismos de participación que pueden así ser conocidos y apropiados por parte de las comunidades y de las autoridades locales en el marco de la planeación del espacio físico. Este ejercicio permite promover la formación jurídica y política entre las comunidades, haciéndolo desde la perspectiva de la justicia ambiental y la participación ciudadana en defensa de la autonomía territorial, alternativa relevante para las reivindicaciones y demandas de los movimientos sociales y ambientales en el contexto de la aguda conflictividad socioambiental que se vive actualmente en Colombia.
Como un reconocimiento lleno de afecto y admiración, publicamos la ponencia de María Victoria Calle en la presentación del libro "La Corte Ambiental: expresiones ciudadanas sobre los avances constitucionales", acompañada de textos de dos de sus magistrados auxiliares; Gloria Lopera y César Carvajal comparten sus reflexiones sobre las paradojas, los hitos y enfoques de apuestas jurisprudenciales, así como análisis reveladores, desde adentro, sobre cómo las formas de decidir, y no solo el contenido, definen los caminos que toman las Cortes con diferentes magistrados y moldean el espíritu con el que asumen el reto de proteger la Constitución.
El Movimiento Nacional Ambiental de Colombia (MNA), que agrupa más de 150 organizaciones ambientales de carácter local y regional. En este documento recoge el trabajo colectivo realizado en el VI Encuentro Nacional en la ciudad de Ibagué los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2019. En este espacio organizativo se tomó la decisión de realizar el primer paro nacional ambiental en Colombia entre el 1 y el 5 de junio de 2020.
Este libro busca brindar un homenaje a dos magistrados y una magistrada que dejaron una huella indeleble en la protección de los derechos y principios ambientales constitucionales. Se trata de Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva y María Victoria Calle. Los tres defendieron con argumentaciones, votaciones y decisiones los estándares constitucionales ambientales en armonía con otros principios como la diversidad étnica y cultural, la participación y la autonomía territorial.
Mediante la Sentencia T-445 de 2016 la Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio estableció un nuevo derrotero jurisprudencial en el país en materia de autonomía territorial, actividades extractivas y mecanismos de participación ciudadana. En esta decisión, la Corte despejó cualquier duda frente a la posibilidad de que los municipios y las comunidades puedan decidir por medio de consultas populares y Acuerdos Municipales sobre su desarrollo.
