La pandemia de coronavirus ha acelerado la digitalización en todo el mundo, facilitando pero también afectando la cotidianidad de muchas personas. En este número se arroja una luz sobre cómo la digitalización afecta a diferentes países de América Latina, y cómo se puede garantizar la participación democrática en el mundo virtual.
Luis Jorge Garay Salamanca, analiza el futuro a pever después de la pandemia de la COVID-19. Un periodo de avances, retrocesos y estancamientos en variados sentidos transformadores, renovadores o reivindicativos del modo social/económico/ecológico imperante ante la agudización de las fracturas estructurales del sistema capitalista neoliberal vigente.
La pandemia mundial de COVID-19 ha afectado con fuerza al país. Al 13 de mayo, Colombia ocupa el puesto 12 a nivel mundial en casos positivos absolutos y el décimo en mortalidad.
Después de que se detectaran los primeros casos de COVID-19 en Armenia, Azerbaiyán y Georgia, los tres países se embarcaron en cursos de acción muy diferentes para combatir el virus.
La tasa de vacunación contra COVID-19 en Israel es una de las más altas del mundo. Sin embargo, las tasas de vacunación no se distribuyen de manera uniforme entre los diferentes grupos de población. Además, las campañas de desinformación en las redes sociales que han caracterizado la pandemia de COVID-19 en Israel, en general, y la vacuna, en particular, han sido una de las causas de la vacilación a las vacunas.
El estallido de la pandemia podría haber significado un desastre para Venezuela, que ya lleva dos décadas en una crisis política, social, económica y de salud. Hasta el momento, Venezuela ha administrado la menor cantidad de vacunas COVID-19 en relación con el tamaño de su población de todos los países de América del Sur.
La desigualdad en salud se multiplicó por seis en Sudáfrica bajo COVID-19, lo que sugiere que la crisis afectó la salud de los pobres mucho más que la de los relativamente acomodados. Sudáfrica ha presionado con fuerza contra la oposición a la propuesta de una exención de la propiedad intelectual para las tecnologías COVID-19 en la Organización Mundial del Comercio (OMC).