El Acuerdo de Escazú reconoce la participación pública como un derecho fundamental para la defensa del ambiente. Pero entre el reconocimiento formal de ese derecho y la posibilidad real de incidir en las decisiones existe una distancia que sigue siendo profunda. El Centro Socio Jurídico para la Defensa Territorial, SIEMBRA, analiza qué está en juego cuando hablamos de participación ambiental en Colombia y América Latina, especialmente en territorios afectados por proyectos extractivos.
En América Latina y el Caribe (ALC) se ha venido desarrollando un amplio acervo normativo sobre los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, pero con insuficiente capacidad para erradicar las recurrentes violaciones de los derechos humanos a ellos asociadas. Sin embargo, ese corpus iuris está muy lejos de ofrecer un sistema normativo coherente en el ámbito ambiental, dado que cada país conserva visiones y tradiciones jurídicas que en algunos casos suelen ser poco amigables con el medio ambiente. Además, los vínculos de la clase política con intereses económicos conectados a la industria extractiva, sumados a la debilidad institucional, impiden que ese conjunto normativo tenga alguna efectividad para garantizar un medio ambiente sano, contribuyendo al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y afectando el disfrute y la protección de los derechos humanos.
La crisis climática, la transición energética, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible son desafíos centrales de la agenda contemporánea de derechos humanos. En la pluralidad de voces de autores de América Latina y Europa, esta magnífica obra ofrece una valiosa y calificada contribución a la literatura nacional e internacional, señalando la aparición de nuevos paradigmas en un mundo que cambia aceleradamente y en el que los retos globales exigen respuestas globales y una creciente cooperación internacional, inspirada en valores emancipatorios como la dignidad, la igualdad, la libertad y la solidaridad y la justicia, como bases morales de un pacto intergeneracional y, sobre todo, de una esperanza resiliente hacia un mismo destino compartido.
