Primera Conferencia sobre la Transición: Más allá de los Cómbustibles Fósiles Santa Marta-2026

El presente documento es un llamado colectivo desde el Consejo Permanente para la Transición Energética Justa¹ en Colombia, que se niega a que en el país persistan territorios para sostener un modelo energético fósil en crisis. Construido a partir de diálogos territoriales en el Cesar, Santander, Antioquia y el Magdalena Medio, este informe denuncia las profundas injusticias del extractivismo y presenta un conjunto de soluciones concretas que surgen de las comunidades locales y organizaciones populares, para una transición energética justa, urgente y transformadora.

En un contexto donde la crisis climática se agudiza en todos los territorios mientras gobiernos y corporaciones prolongan la dependencia de los combustibles fósiles, las comunidades afectadas alzan la voz para evidenciar que la transición no puede ser una simulación “verde” del mismo modelo de despojo. La expansión de energías renovables bajo lógicas corporativas, la financiarización de la naturaleza y los mercados de carbono son falsas soluciones que reproducen desigualdades. Frente a ello, las comunidades proponen una ruptura estructural: transformar la matriz energética, las relaciones de poder y la lógica de producción y consumo que sostienen, para entonces avanzar en una transición socioecológica.

Las soluciones planteadas parten de la realidad: la transición ya está ocurriendo en los territorios. Experiencias de agroecología, economías solidarias, mercados campesinos, diálogos campo-ciudad, energías comunitarias y autogestión demuestran que existen alternativas reales y viables. Estas iniciativas deben ser fortalecidas mediante políticas públicas vinculantes que garanticen autonomía territorial, participación efectiva y justicia ambiental.

Uno de los ejes centrales es la reconversión productiva con justicia social y ambiental. Las comunidades exigen planes de cierre minero y petrolero construidos con participación vinculante, que incluyan rutas claras de empleo, formación y protección de los derechos laborales. Se propone la creación de fondos específicos para trabajadores afectados, así como programas de capacitación orientados a economías sostenibles. La transición debe priorizar a mujeres, jóvenes y poblaciones campesinas, étnicas, diversas, históricamente excluidas y afectadas por el modelo prevalente, reconociéndose como protagonistas de las transiciones.

En paralelo, se plantea una transformación del modelo económico a través de una reforma fiscal climática. Esto implica eliminar de manera definitiva los subsidios a los combustibles fósiles, redirigir estos recursos hacia la transición y replantear la tarifa del impuesto al carbono, así como su destinación específica, con criterios de justicia y ejecución efectiva. Los ingresos deben destinarse directamente a proyectos territoriales de reconversión, restauración ecológica y energías comunitarias, garantizando transparencia y control social.

Otro componente clave es la democratización de la energía. Se propone la puesta en marcha de sistemas descentralizados bajo el enfoque de energías comunitarias como el biogás, la energía solar, la desfosilización de la agricultura, entre otras alternativas. Estas soluciones reducen emisiones, fortalecen la soberanía energética y reducen la dependencia de grandes infraestructuras controladas por corporaciones. Asimismo, se promueve la sustitución progresiva del gas fósil en los hogares mediante alternativas limpias como estufas eléctricas eficientes, biogás y calentadores solares.

La justicia en la transición exige reparar los daños históricos del extractivismo. Se plantea una justicia restaurativa que obligue a las empresas a asumir responsabilidades a perpetuidad, incluyendo el desmantelamiento total de infraestructuras y la restauración de ecosistemas. Este proceso debe garantizar empleo digno y participación comunitaria, evitando que los costos y los pasivos recaigan sobre el Estado, las comunidades y la naturaleza.

A nivel territorial, se propone fortalecer la planificación participativa del uso del suelo alrededor del agua, garantizar acceso a la tierra para comunidades y trabajadores en transición, y promover economías locales basadas en la soberanía alimentaria. La articulación entre producción agroecológica, mercados locales y contratación pública puede generar circuitos económicos sostenibles y resilientes.

Finalmente, el documento plantea una acción global coordinada desde el sur. Se propone una estrategia de cooperación internacional que reconozca la deuda ecológica y climática, promueva la anulación de deudas externas y garantice financiamiento directo a comunidades. Asimismo, se impulsa la adopción de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y de un Tratado de Empresas y Derechos Humanos.

En síntesis, este documento denuncia un sistema que destruye la vida y traza un camino claro para superarlo. La transición energética justa es urgente: debe construirse desde los territorios, con justicia, autonomía y dignidad.