Frentes de seguridad
La seguridad ciudadana en Colombia se ha convertido en una preocupación central debido a altos niveles de criminalidad, economías ilegales persistentes y una limitada capacidad institucional para proteger de manera efectiva y equitativa la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas. En este contexto de ansiedad social y vacío institucional, han surgido iniciativas como los frentes de seguridad, promovidos por entidades estatales (como alcaldías y gobernaciones), gremios y sectores privados adinerados, que se presentan como mecanismos de “participación comunitaria” y corresponsabilidad en la seguridad.
Sin embargo, detrás de esta narrativa de colaboración ciudadana se esconden riesgos profundos para los derechos humanos. La creación y operación de estos frentes ocurre en gran medida sin un marco normativo claro ni protocolos específicos que delimiten sus funciones, regulen su actuación o prevengan abusos. La prisa por mostrar resultados en la lucha contra el delito a menudo eclipsa la necesidad de formación en derechos humanos, límites de actuación y mecanismos de control y rendición de cuentas.
En muchos casos, estos grupos han asumido roles cuasi-policiales sin contar con la capacitación adecuada ni con las garantías necesarias para proteger derechos fundamentales como la privacidad, la libre circulación, la presunción de inocencia, la igualdad, la integridad personal y el derecho a la protesta. La ausencia de regulaciones detalladas facilita la vigilancia arbitraria, actuaciones excesivas y discriminación, especialmente hacia grupos ya vulnerables.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha enfatizado que la participación de particulares en actividades de seguridad debe estar sujeta a un marco regulatorio claro y a un control estatal estricto para prevenir excesos. No obstante, el marco legal colombiano, particularmente la Ley 1801 de 2016, deja amplios vacíos que habilitan prácticas discrecionales sin asegurar formación en derechos humanos ni control sobre tecnologías de vigilancia o sanciones claras por abusos.
El documento argumenta que, en ausencia de contrapesos democráticos, la implementación de los frentes de seguridad reproduce y refuerza lógicas de control social punitivo, estigmatización territorial y vigilancia excluyente. Estas prácticas afectan de manera desproporcionada a jóvenes, personas migrantes, habitantes de calle, manifestantes y comunidades en situación de vulnerabilidad, quienes son percibidos como “sospechosos habituales” bajo una lógica securitista. Lejos de fortalecer la autonomía comunitaria, estos mecanismos pueden aumentar la dependencia de la fuerza pública y profundizar dinámicas que vulneran derechos humanos y nuevas formas de exclusión.