Quienes no se ajustan a las normas sociales establecidas sobre el género, y particularmente las personas trans, experimentan una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales en América Latina. Esto, dada la ausencia de regulación y legislación en torno al reconocimiento de sus identidades y, de manera aún más compleja, del reconocimiento de su existencia como ciudadanas/os en igualdad de condiciones.
Algunos de los factores más recurrentes que aumentan la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades de las personas trans en el continente son las barreras en el acceso al sistema de salud, la falta de legislación sobre el reconocimiento de la identidad en documentos oficiales, la violencia policial y militar y los discursos de odio y de desinformación.
Aunque muchas organizaciones trans en América Latina están haciendo un trabajo fundamental de apoyo, investigación, acompañamiento y litigio estratégico para la defensa y reconocimiento de sus derechos (Sentiido 2022), el cambio cultural e institucional sigue siendo muy lento.
Migración
Las olas de migración masiva que se iniciaron en 2017 desde Centroamérica son claros ejemplos de la exclusión, violencia y falta de oportunidades que experimentan las personas trans. Solo en plena pandemia en 2021, de las 8.000 personas que salieron de San Pedro Sula (Honduras) hacia Estados Unidos, 300 se reportaron como LGBTIQ+ y de ellas, 100 como mujeres trans (PBI 2022).
Los peligros a los que las mujeres trans se enfrentan vienen tanto de los riesgos de las condiciones externas, que afectan a todos los migrantes, como de los delitos y crímenes por prejuicio contra ellas por parte de las mafias y las autoridades froterizas, tales como trata, secuestro, extorsión, violencia sexual y tortura, entre otras.
Una de las formas de resistencia a estas violencias y exclusiones fue la primera “Caravana Trans Gay Migrante” (BBC 2019). Se trató de un grupo de mujeres trans y hombres gais que se organizaron en una caravana para denunciar las violencias que vivieron durante su paso por México hacia Estados Unidos (después de Brasil, México es el segundo país en el mundo con las tasas más altas de transfeminicidio. Transrespect).
Además de ese ejemplo, en América Latina existen otros casos de migración y desplazamiento forzado de personas trans importantes de mencionar, así sea tangencialmente: las personas trans migrantes venezolanas, muchas de ellas vinculadas al trabajo sexual (incluidas las zonas fronterizas); y las personas trans víctimas del conflicto armado, tal como lo han documentado detalladamente varias organizaciones dedicadas al esclarecimiento de la verdad en el proceso de paz de Colombia.
Violencia policial y militar
Uno de los casos más emblemáticos en la historia reciente de los derechos de las personas trans en América Latina es el de Vicky Hernández, una activista trans y trabajadora sexual hondureña que fue asesinada por el ejército durante el golpe militar de 2009 (Human Rights Watch, 2021). La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Honduras responsable del asesinato de la activista y le ordenó mejorar y crear procesos de seguimiento y tratamiento de casos de violencia contra las personas LGBTIQ e implementar cambios en la forma de procesar los datos relacionados con situaciones de violencia contra esta población.
El caso de Vicky Hernández abrió la puerta para que organizaciones de la sociedad civil en toda América Latina puedan presionar a sus países para que se reconozca que hay un trato desigual y desproporcionado contra las personas trans, en gran medida por parte de instituciones como la policía y el ejército.
Así mismo, un reto que enfrenta América Latina es el vacío que existe sobre recolección de datos diferenciados sobre las personas trans, dado que muchos países aún no reconocen esta identidad y por lo tanto no la incorporan en los formularios de registro tanto de documentación como de casos de violencia. (CIDH, 2020). Aún más, es muy problemático que la ruta para denunciar los casos de violencia policial y militar contra las personas trans sea por vía de estas mismas instituciones, lo que hace que muy pocos casos lleguen a procesarse.
La violencia policial contra las personas trans y de género no normativo van desde el acoso sistemático, solicitud ilegal de documentación, coacción para pago por uso de espacios y ejercicio del trabajo sexual, retenciones ilegales, tortura, violencia sexual, desaparición y asesinato.
Por lo tanto, no puede desligarse la enorme responsabilidad que tiene el Estado en la garantía del derecho a la vida y a identidad, siendo este el encargado de que las instituciones no incurran en las violencias que experimentan las personas trans.
Discursos trans-odiantes
Una tendencia de gran impacto que ha surgido en los últimos seis años es el discurso en contra de la participación de personas trans en los movimientos feministas actuales. Aunque ya existía desde hacía muchos años una resistencia de algunas feministas a que las mujeres trans participaran en movilizaciones y organizaciones de esta índole, fue con los pronunciamientos de la escritora británica J.K. Rowling que esta postura se dio a conocer de manera más amplia.
Los discursos TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminists) han replicado desinformación sobre los tránsitos de género, cuestionando la existencia de las identidades de género y, en últimas, retrocediendo décadas en los avances del feminismo, al volver a considerar las características biológicas como centro de la identidad y posición social de las mujeres.
En América Latina estos discursos han descubierto quizás una fracción de feministas vergonzantes que encontraron un camino para reafirmar algo que nunca dejaron de pensar: que las mujeres trans no son mujeres, y que el movimiento trans debe ir separado del feminismo.
Este tipo de violencia, encubierto en cientificismos y academicismos con escaso fundamento, ha fortalecido la ya existente y permanente creencia de que las personas trans desestabilizan el orden social y quieren imponer un “estilo de vida”. Aún más, esto ha revelado cómo los discursos TERF se enmarcan en los mismos prejuicios y estereotipos de toda la sociedad, pues las personas trans amenazan el privilegio cisgénero del que siempre han gozado.
Conclusiones: resistencia, organizaciones, movilización
Esta breve descripción de algunas violencias que experimentan las personas trans en América Latina es solo un panorama de un entramado aún más complejo de desafíos tanto legales como culturales. Países como Argentina, Bolivia, Chile, Ciudad de México y Uruguay ya cuentan con leyes de identidad de género, mientras que otros países como Colombia y Brasil tienen algunas legislaciones para el reconocimiento de las identidades trans y no binarias.
Estos avances impulsan cambios institucionales fundamentales. Sin embargo, un desafío más lento y que requiere el trabajo tanto de las organizaciones como de la ciudadanía en general es el cambio cultural: que las familias, los colegios y universidades, los lugares de trabajo, las calles sean espacios seguros para quienes transitan en el género. Y esto se logra también buscando cambios de narrativas por parte de las organizaciones, la publicidad y el sistema educativo, entre otros. No se trata de que las organizaciones de la sociedad civil empujen cambios si la ciudadanía se queda quieta. Es un trabajo colectivo, común y de largo plazo.
Artículo publicado originalmente en boell.de y traducido al español por mx.boell.org