Este artículo hace parte del libro PODERES FÁCTICOS Captura del Estado, redes criminales y violencia en América Latina
Introducción
El proceso de creación de meganegocios agroindustriales, agroforestales, mineroenergéticos y de infraestructura a partir de la acumulación de la tierra en Colombia es un claro ejemplo de la consolidación de poderes fácticos regionales y nacionales. Desde la mitad de la década de los noventa del siglo pasado se ha consolidado una fórmula, ligada a la violencia del conflicto armado, que se ha perfeccionado con el tiempo, en la que han participado grupos ilegales, actores económicos, políticos y el mismo Estado.
El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) ha descrito esta fórmula como un proceso en el que los poderes fácticos aparecen transversalmente en cada uno de sus pasos: el despojo material de las tierras, el despojo jurídico y la implementación de enormes negocios a expensas de comunidades campesinas y étnicas.
El experimento que comenzó a consolidar esta fórmula ocurrió a mediados de los noventa, en la región de Bajo Atrato, en el departamento del Chocó, para luego expandirse por la costa norte colombiana y otras regiones del país. Una macroestrategia que supera los entornos regionales, en la que intervienen grupos paramilitares y la fuerza pública para concretar el desplazamiento masivo de comunidades campesinas y étnicas (afro e indígenas); luego, el rol de servidores públicos como notarios y registradores para concretar el despojo legal de las tierras; las políticas de Estado para propiciar las condiciones económicas para el negocio, con funcionarios entrando y saliendo de cargos públicos hacia empresas privadas en las llamadas ‘puertas giratorias’, y la llegada de grupos económicos de diversos tipos y en diferentes momentos de la estrategia, para concretar los proyectos.
Además, cómo esta fórmula incluye a instituciones y servidores públicos en la legalización de la acumulación de recursos naturales como el agua, indispensables para los proyectos económicos; el control social sobre la población circundante al proyecto a través de la justicia y la seguridad pública, y la presencia de grandes lobbies en medios de comunicación para obtener el respaldo de la opinión pública.
Todas estas estrategias están enmarcadas en los conceptos de captura y cooptación del Estado, descritos por Garay (2020), y su relación con la consolidación de poderes fácticos, entendidos como la forma en la que se presenta la acumulación de intereses particulares en la toma de decisiones que repercuten en la mayoría y hacen parte de la estructura de la institucionalidad.
La evolución de estos procesos muestra cómo la corrupción de diferentes servidores públicos, así como prácticas ilegítimas (que no ilegales), permiten que elementos clave de estos poderes fácticos salten entre el Estado y los grupos particulares de poder.
Dependiendo del momento de consolidación de esta fórmula, existen escenarios de captura de servidores públicos, aunque la visión general del proceso permite ver una estrategia de cooptación en la que el Estado termina aliado con grupos en la ilegalidad o con empresarios para concretar estos negocios y obtener beneficios mutuos.
La captura y cooptación de la fuerza pública, y su impacto en el vaciamiento del territorio
A finales de febrero de 1997, el Ejército colombiano desplegó la operación Génesis en el Urabá chocoano, con la excusa de atacar al Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Casi al mismo tiempo, un grupo de paramilitares realizó una incursión en la misma región, en las tierras junto al río Cacarica (Indepaz, 2020). La Corte Interamericana de Derechos Humanos1 ha señalado que las dos acciones, la de los militares y la de los paramilitares, se realizaron de manera conjunta y coordinada. El resultado fue un enorme desplazamiento de estas comunidades, luego de varios asesinatos, entre ellos el del líder afro Marino López.
Estos hechos muestran cómo el Estado terminó aliado con el aparato criminal paramilitar para generar un desplazamiento forzado de cerca de tres mil personas y el correspondiente vaciamiento del territorio.
Desde los años ochenta se había consolidado un entramado paramilitar en el que elementos de diferentes gobiernos (inclusive desde los sesenta) habían construido una alianza con organizaciones ilegales de narcotraficantes, civiles armados y empresarios de diferentes tipos (ganaderos y empresas petroleras) (CNMH, 2018). Como describe Vázquez (2019), este entramado tiene las características de una red de macrocriminalidad. Aunque estos grupos estaban fuertemente ligados a poderes políticos locales y económicos (legales e ilegales), políticas de Estado, desde décadas atrás, apuntaban a una estrategia contrainsurgente de carácter nacional.
Entendiendo la alianza sistemática de agentes del Estado a través de sus políticas y acciones puntuales (que trascendieron a varios gobiernos) con empresas y grupos ilegales organizados (narcotraficantes o paramilitares, concebidos desde el mismo Estado), se llegó a la mitad de la década de los noventa al que Indepaz considera «el experimento criminal» para desarrollar grandes negocios a partir del vaciamiento de territorios.
La Brigada XVII del Ejército, encabezada por el general Rito Alejo del Río, participó activamente junto a paramilitares de los hermanos Carlos y Vicente Castaño2 en incursiones que terminaron con varias violaciones a los derechos humanos, perpetradas durante las operaciones Génesis de las Fuerzas Militares y Cacarica de los paramilitares (CIDH, 2013). Del Río fue condenado por el crimen y en 2021 rindió testimonio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que aceptó su caso.
Esta participación de agentes del Estado dentro de este proceso, que trasciende el ámbito regional, aparece también en los años siguientes en otras regiones del país. Por ejemplo, en el 2000, paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, perpetraron 17 masacres3 con la colaboración de la fuerza pública, en la subregión de los Montes de María en el norte del país, una zona estratégica por su ubicación para la movilización de negocios ilegales y la fertilidad de la tierra.
La violencia incrementó en esta zona mientras despegaba el proyecto palmero del exministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero. El 2000 fue el año de mayor número de desplazados en los Montes de María, con 98.865 personas, según datos del Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas.
En la Altillanura Colombiana, en el oriente de Colombia limítrofe con Venezuela, donde se desarrollan los proyectos petroleros más importantes del país, se pone en evidencia el uso de la fuerza pública en esta fase del proceso, con batallones del Ejército enviados, en 2003, directamente por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. La presencia de la fuerza pública en la vereda Rubiales, del departamento del Meta, fue sustentada como una ofensiva contrainsurgente que desplazó campesinos y comunidades indígenas, para asegurar la presencia, primero de la empresa Meta Petróleo, del empresario Germán Efromovich, y luego de la compañía Pacific Rubiales (Rutas del Conflicto, 2017a).
El papel de la fuerza pública en operaciones que causan desplazamiento ha continuado durante los últimos años, especialmente luego del Acuerdo de Paz con las farc en zonas de protección ambiental, especialmente en la Amazonía. La reacción del Estado ante las denuncias de deforestación ha sido principalmente militar, con operaciones como la Artemisa en 2019, con las que han perseguido y judicializado a campesinos que han vivido décadas dentro de zonas de reserva. Al mismo tiempo, la destrucción de la selva avanza y deja ver la llegada de negocios palmeros y la construcción de carreteras (promovidas por el exgobernador del Guaviare, Nebio Echeverry) en zonas del resguardo indígena Nukak (Rutas del Conflicto, 2020) y en el parque Nacional Natural Chiribiquete en el Guaviare, en medio de la reestructuración de grupos armados, herederos del paramilitarismo y la guerrilla de las FARC.
La Unidad de Víctimas tiene registradas 7 200 000 personas víctimas de desplazamiento por el conflicto armado. Esta ha sido una práctica sistemática que ha servido para vaciar enormes territorios y el centro de la primera fase de este proceso, que se consolida con la participación de otros servidores públicos que contribuyen con la segunda fase, el despojo legal de estas tierras.
LA CAPTURA DE LAS INSTITUCIONES: EL DESPOJO JURÍDICO DE LA TIERRA Y DE OTROS RECURSOS NATURALES
Como lo ha afirmado Indepaz (2020), las comunidades desplazadas y la consolidación del despojo tuvo como fin crear proyectos agroindustriales y minero-energéticos a costo de los derechos territoriales de comunidades campesinas, afro e indígenas. Quienes habitaron estos territorios fueron intimidados, torturados y masacrados en varias oportunidades para vaciar y arrasar la tierra.
Con las comunidades violentadas y las tierras expoliadas era necesaria la legalización del despojo por parte de grupos ilegales, con la complicidad de servidores públicos que trabajaban en el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) y luego el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), notarías y oficinas de instrumentos públicos. Con el andamiaje institucional se puso en marcha el plan criminal de despojo y la legalización con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito en beneficio de paramilitares (Indepaz 2020).
Una muestra de ello se evidencia en el caso de despojo de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó4 en el departamento del Chocó. Los paramilitares al mando de los Castaño incursionaron en la región de Urabá-Darién, en 1997, con la llamada «Operación Cacarica», en la cual asesinaron al campesino afro Marino López Mena y generaron el desplazamiento de al menos 3.500 personas. En las mismas fechas, el Ejército Nacional realizó la Operación Génesis, en la cual bombardeó a tres comunidades dejando, al menos, 15.000 desplazados.
Tras vaciar la zona, obligaron a los habitantes a vender, aunque legalmente con esos predios no se podían realizar transacciones, al considerarse territorios colectivos. Para ello, los paramilitares que habían incursionado en el Urabá-Darién capturaron la notaría única de San Jacinto, Bolívar, para que el servidor firmara documentos fraudulentos en el año 2000 y legalizar las supuestas ventas de la tierra que había sido robada a las comunidades negras.
Al recorrer el accionar de Alberto Jacinto Vázquez (El Heraldo, 2012), notario único de San Jacinto, se pudo evidenciar que este mismo servidor público también legalizó irregularmente tierras a intermediarios en medio de violencia y masacres a los habitantes de los municipios del Cesar.
Las prácticas fraudulentas de servidores públicos cooptados por actores tanto legales como ilegales ayudaron a cambiar la distribución de la tierra, además los proyectos económicos y leyes se sumaron a este cambio. En Montes de María, según el informe El silencio de las gaitas (CCAJAR, CCJ), a 2009 un 30% del total de los propietarios poseía el 1.7% del territorio, mientras que el 5% de los dueños de la tierra tenía más del 30%.
Otro de los casos que da luces de cómo los servidores públicos y las entidades que representan fueron cooptados se evidencia en varios lugares de la Altillanura (Indepaz, 2016), por ejemplo, en Puerto Gaitán, Meta, donde funciona uno de los campos petroleros más importantes del país en la vereda Rubiales. Esta tierra, hoy propiedad de Ecopetrol y Frontera Energy es de origen baldío, fue entregada a personas que no cumplían los requisitos para ser beneficiarias de la reforma agraria por parte del Incora y posteriormente se la vendieron a las petroleras.
En la investigación, Los líos de las tierras de Pacific (Rutas del Conflicto, 2017b), se encontró que María Clemencia Corredor Castro, exgerente del Banco Agrario en Villavicencio y los hermanos Pedro Antonio y José Enrique Martínez Rodríguez, dueños de la tercera empresa de lotería popular más grande del país, recibieron los títulos de propiedad de 24.000 hectáreas. La Ley 160 de 1994 establece unos estándares para entregar tierra baldía, entre los que está ser campesinos sin propiedad y no empresarios. Los tres adjudicatarios le vendieron a Pacific Rubiales y, con “visos de legalidad”, la empresa logró acumular la tierra de origen baldío.
La «captura y reconfiguración cooptada del Estado» (Garay y Salcedo, 2008), con las que se blinda la confianza inversionista en territorios reconfigurados a bala y papel, se convirtió en una práctica casi sistemática en la que funcionarios y servidores públicos colaboraron con la legalización de la tierra arrasada. En Montes de María, Urabá-Darién, La Altillanura, Magdalena, Cesar, el sur de Bolívar y otras regiones, los servidores apoyaron el despojo donde tiempo después se implementaron negocios a gran escala. Hay muchos otros casos que están documentados en el proyecto Tierra en Disputa.
La captura y cooptación del Estado no se dio únicamente para legalizar la tierra, también fue utilizada para acumular y aprovechar recursos naturales. Como se explicó páginas atrás, los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó fueron desplazados y masacrados con fines de quedarse con la tierra, no sólo para la siembra de palma sino también para explotar los bosques maderables. Para ello, necesitaban del funcionario Lacides Mosquera Andrade, de Codechocó, quien otorgó permisos y licencias ambientales en contra de las normativas legales vigentes para la tala mecanizada. Así, la empresa Urapalma S.A. invadió los bosques y pudo obtener la madera que necesitaba para la infraestructura del sembrado de palma de aceite.
Como lo investigó Indepaz en su informe titulado Macrocriminalidad con licencia legal (Indepaz, 2020), las alianzas entre actores económicos legales e ilegales junto con funcionarios públicos permitió que las instituciones a nivel local funcionaran bajo sus intereses. Mosquera Andrade, por ejemplo, aprobó los planes ambientales de las empresas palmeras con vínculos paramilitares (Urapalma, Pizano y Maderien) y por su ayuda recibía 30% de la madera explotada.
Para Garay (2020), el accionar de Mosquera Andrade a vista rápida sería una simple corrupción. Pues fue un acto individual, unidireccional, usualmente por iniciativa de un agente infractor –en este caso, un empresario–, que desde fuera del Estado sobornó a un agente receptor –funcionario–. Sin embargo, al evaluar este caso con detenimiento Lacides Mosquera no actuó solo. Necesitaba de todo el aparato institucional de la Corporación Autónoma Regional del Chocó para otorgar los permisos ambientales.
El 22 de agosto de 2003, la Procuraduría General sancionó, destituyó e inhabilitó por cinco años para ejercer cargos públicos a Mosquera junto a Francisco Antonio Perea Velásquez y Fernando Quejada Olivo, por haber sido “hallados responsables en la comisión de faltas disciplinables en concurso, catalogadas unas gravísimas y otras graves”5 cometidas en los años 1998 a 2001, cuando desempeñaban los cargos de Director General, Secretario General y Subdirector de Desarrollo Sostenible.
No solo los funcionarios que colaboraron con los despojos y aprovechamiento ambiental en la década de los noventa cooptaron el Estado, una práctica que permanece. En el resguardo y la reserva Nukak se evidencia la cooptación de la gobernación del Guaviare con fines de siembra de palma, eucalipto y chontaduro, lo que ha ocasionado grandes extensiones de deforestación. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible6, ha mapeado por lo menos 20 vías y sus ramificaciones al interior del territorio indígena, algunas superan los 40 y 60 kilómetros en lo que se denomina área protegida (Mongabay, 2021).
Según denuncias, algunas vías se realizaron con maquinarias de la Gobernación y de privados cercanos al exgobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid (El País) (2001-2003 y 2016-2018). Este servidor público, con presuntos nexos con grupos armados ilegales y promotor de la palma, en varias ocasiones ha manifestado su interés de que las áreas protegidas, ya deforestadas, sean declaradas zonas para la siembra y la ganadería (Infoamazonia).
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico le impuso al exgobernador una multa de 6 000 dólares por la construcción de más de 120 km y la quema de 34 000 hectáreas entre San José del Guaviare y Calamar.
La cooptación de las políticas de Estado
El despojo, tanto material como jurídico, la acumulación de la tierra y de los recursos naturales, como lo explica Indepaz, no es posible sin la complicidad de políticas de Estado. Los actores económicos que se quedaron con la tierra ocuparon cargos públicos, fueron beneficiarios de recursos estatales y leyes que los favorecían.
Uno de los casos que mejor ilustra la puerta giratoria y cómo se acomodaron las fichas para implementación de un negocio es lo sucedido en María La Baja, Bolívar, y las tensiones territoriales entre las comunidades campesinas y la empresa Oleoflores. Tras las comunidades desplazadas, el «el zar de la palma», Carlos Alberto Murgas Guerrero llegó en el 2000 a la región y sembró sus primeras 533 hectáreas.
Lo particular del caso y como lo menciona Garay (2020), una de las modalidades para cooptar al Estado es la puerta giratoria entre gobierno, agencias especializadas de la regulación y ejecución de las políticas y los gremios, y empresas privadas. Murgas Guerrero (Rutas del Conflicto, Los acuatenientes) fue miembro honorífico de Fedepalma y estuvo varios años ocupando cargos públicos con agenda relacionada a la siembra de la palma.
En 1992 fue gerente de la extinta Caja Agraria, a la par creó la empresa Oleoflores Ltda, dedicada a la extracción del aceite de palma. También fue Ministro de Agricultura en 1998, mientras Andrés Pastrana Arango era presidente. Su labor como ministro lo llevó a impulsar las Alianzas Productivas Estratégicas, con el apoyo del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Modelo que le sirvió y que usa, actualmente, para explotar tierras en María La Baja, Bolívar.
Las alianzas junto con la política del mercado de tierras del Banco Mundial fueron priorizadas por el expresidente Pastrana Arango y su ministro Murgas Guerrero, con el propósito de atraer inversión. Con ese objetivo, el expresidente y exministro realizaron la visita oficial a la República de Malasia en 2001 (Indepaz, 2020: 134).
Como se ha visto en el presente artículo al exponer los diversos casos, existe un interés común sobre la tierra, tanto del gobierno en varios periodos como de sectores económicos. El caso de Puerto Gaitán, en la vereda Rubiales, no podía quedarse atrás. Pacific Rubiales y Ecopetrol, quienes explotaban la tierra antes de la quiebra de la multinacional-local en 2015, tuvieron un gran recibimiento por el contexto que venía forjándose desde el gobierno de Ernesto Samper. Como lo argumenta Pardo (2018), se adoptaron las recomendaciones del Banco Mundial, pero estas no fueron tan transparentes como se esperaba. Con la participación de abogados que al mismo tiempo asesoraban los intereses de empresas extractivas se elaboraron los borradores de los códigos de minas presentados en el gobierno de Samper (1994-1998) y de Andrés Pastrana (1998-2002).
En el gobierno de Uribe, Ecopetrol se transformó en una sociedad mixta que dio vía libre a la inversión extranjera en iniciativas agroindustriales, forestales y minero-energéticas en lo que llamó el «renacimiento de la Alta Orinoquía». En 2010, el entonces presidente Juan Manuel Santos Calderón fortaleció estos planes a través de la creación del Plan Maestro de la Orinoquía, que puso en marcha todos los proyectos minero-energéticos y agroindustriales.
Fue así que Pacific Rubiales y empresas agroindustriales fueron favorecidas con incentivos económicos, mientras que de facto se convirtieron en el Estado mismo en las regiones, como lo muestra la investigación La república independiente de Pacific Rubiales (Rutas del Conflicto, 2017c). La cooptación por parte del sector extractivo continuó con la conformación de la junta directiva de la petrolera, en la que incluyó a Hernán Martínez, Torres, Víctor Rivera y Consuelo Araújo Castro, funcionarios del gobierno Uribe Vélez.
Los intereses económicos y las propuestas del Estado a nivel de inversión coincidieron en varias regiones del país, donde las comunidades víctimas del conflicto quedaron en la mitad. Por un lado, un Estado promueve la restitución de tierras a través de la Ley de Víctimas y por el otro, apoya a grandes empresas bajo el discurso del progreso y la activación económica en zonas golpeadas por el conflicto.
LA CAPTURA DE LA OPINIÓN PÚBLICA: EL NEGOCIO Y LOS MEDIOS
Un desarrollo particular de los poderes fácticos descritos es el de la captura o cooptación de medios de comunicación y en general de la opinión pública. El caso más evidente, es el de Pacific Rubiales, petrolera que utilizó una enorme estrategia de pauta publicitaria y patrocinio a grandes medios, respaldando también espacios deportivos de interés nacional, como la selección colombiana de futbol, y hasta organizó uno de los mayores eventos musicales en el país para la época.
Con la creación formal de la empresa, entre 2007 y 2008, comenzó una enorme estrategia mediática local y nacionalmente. Comenzaron a patrocinar el Festival de Verano en Puerto Gaitán, que rápidamente se convirtió en un concierto gratuito al aire libre de grandes dimensiones con costosos artistas, como Shaggy, Daddy Yankee y Willie Colón, todos en 2011.
Por un lado, el dinero del petróleo comenzó a mover todo tipo de patrocinios deportivos, que mostraban a una empresa, convertida en la mayor petrolera privada de América Latina, en un derroche de generosidad. Por otro lado, ese mismo año, 2011, comenzaron los paros de los empleados petroleros, muchos de ellos subcontratados en una compleja red de tercerización laboral. Denunciaban abusos en las jornadas de trabajo, pésima infraestructura de alojamiento y la falta de inversión social de las ganancias del petróleo en el municipio (Indepaz, 2016).
La respuesta de la empresa fue aumentar la pauta publicitaria y la compra de servicios, como la organización de foros públicos, a los mayores medios de comunicación del país: la Revista Semana, El Tiempo, El Espectador y La W (Rutas del Conflicto, 2017a) fueron algunos de los que recibieron una importante inyección de dinero, vía publicidad, publirreportajes o patrocinios a eventos. Por ejemplo, en 2012 financiaron la celebración del cumpleaños número 30 de la Revista Semana, en el que se realizaron varias conferencias y encuentros sociales en el Club el Nogal de Bogotá, uno de los lugares de reunión más frecuentados por la élite empresarial y política del país.
Como lo cuenta Lacouture Cotes (2015), la compañía ideó una estrategia publicitaria que incluyó las campañas: Pacific es Colombia, en 2012; En Pacific soñamos en grande, en 2013, e Hinchas inseparables, en 2014. Esta última patrocinando a la selección colombiana en el campeonato mundial de Brasil, ese mismo año. La estrategia de la empresa terminó por silenciar a los medios, que recibían enormes flujos de dinero, y así evitar que se siguieran denunciando las irregularidades laborales, las violaciones de derechos humanos y los daños ambientales que exponían las comunidades cercanas a los campos de explotación petrolera. Rápidamente, la información de las protestas fue reemplazada por noticias en las que se señalaba a los líderes de las manifestaciones de tener actividades subversivas. Estas acusaciones llevaron a varias personas de la comunidad a la cárcel (Liga contra el Silencio, 2019), aunque posteriormente la justicia no encontró pruebas para condenarlos. Sin embargo, su reputación ante parte de la opinión pública local y nacional fue prácticamente destruida.
Como lo describe Vázquez (2019), los medios de comunicación no son ajenos a la noción o la influencia de lo estatal. Su capacidad de reproducir información a gran escala en uno u otro sentido los convierte en una ficha clave, objetivo de poderes fácticos que necesiten de un amplio respaldo de la opinión pública y evitar de paso que se cuestionen sus actos. Como lo han evidenciado varios investigadores, entre ellos periodistas del portal Rutas del Conflicto (2017b), la captura de los medios terminó por mantener fuera de sus agendas las irregularidades del enorme entramado financiero de la empresa, la acumulación de tierra y los abusos a las comunidades campesinas e indígenas del campo petrolero. Prácticamente, esta población tuvo que vivir a expensas de las decisiones de la compañía, en una especie de república independiente, respaldada por el aparato militar del Estado.
La compañía colapsó financieramente en 2015, tras presuntas malas prácticas gerenciales, y la explotación de los campos petroleros en Rubiales pasaron a manos de Ecopetrol y de Frontera Energy, que también han mantenido prácticas similares a las de Pacific. De la fiesta y del derroche de dinero no quedó mucho en el municipio, que, a pesar de ser el principal productor de petróleo del país por varios años, aún mantiene un alto índice de pobreza. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 51% de sus habitantes vive bajo esta condición y el 13.3% es analfabeta (dane). Esta estrategia también ha sido utilizada por otros actores económicos. Por ejemplo, grandes asociaciones de palmeros mantienen una fuerte estrategia de comunicaciones, que incluye la promoción del aceite de palma en eventos deportivos de alto rating, como los partidos de la selección colombiana.
EL NEGOCIO: LOS IMPACTOS NEGATIVOS EN LAS COMUNIDADES Y EL MEDIOAMBIENTE
Las comunidades que han sufrido la acción de estos poderes locales han sido víctimas de forma transversal en todo el proceso. La violencia que los expone a las duras condiciones de desplazamiento, también los estigmatiza y los presiona para que se concrete un desarraigo cultural y social, que rompe su forma de vida dentro de las comunidades rurales.
El primer efecto es el hecho violento que provoca el desplazamiento. Las comunidades de las zonas en las que se han consolidado estos poderes fácticos tuvieron que soportar varias masacres, algunas de ellas con un alto grado de sevicia. Estas incursiones, sumadas a otros crímenes, produjeron un enorme éxodo hacia los centros urbanos más cercanos y las capitales del país. Entre 1995 y 2006, fecha en la que terminaron de desmovilizarse los paramilitares, en los Montes de María se perpetraron 83 masacres, 103 en la Altillanura y 162 en el entorno Atrato-Urabá, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, Base de datos de masacres).
El desplazamiento causado por estos hechos tuvo fuertes implicaciones en la vida de las víctimas, que forzaron el crecimiento de los cinturones de miseria en las ciudades. La ruptura del lazo con sus comunidades y su tierra tuvo efectos sobre la salud mental y física, el entorno familiar, el acceso a servicios básicos y otra serie de consecuencias en quienes tuvieron que dejar sus hogares (CNMH. Una nación desplazada. Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia).
El desarrollo de los intereses de estos poderes fácticos ha continuado generando desplazamiento en otras fases. La falta de acceso a recursos naturales como el agua para consumo y cultivo ha presionado a las comunidades que resisten en varios lugares en los que se desarrollan estos negocios. Un ejemplo de esta situación son las dificultades que viven varias veredas de María La Baja, que intentan sobrevivir a pesar del acaparamiento de agua para el cultivo de palma aceitera, del proyecto impulsado por el exministro de Agricultura Carlos Murgas (Rutas del Conflicto, Los Acuatenientes). Situaciones similares han ocurrido en la vereda Rubiales, en la que continúa el proyecto petrolero sumado al monocultivo de 8 000 hectáreas de palma que estuvo en manos de Pacific Rubiales (Mongabay, 2019) y ahora en manos de las petroleras Ecopetrol y Frontera Energy.
Ante los reclamos de estas comunidades para poder regresar a sus tierras, acceder a estos recursos naturales o simplemente las manifestaciones para proteger su entorno, líderes y lideresas han sido estigmatizados por diferentes instancias públicas, en una demostración más de la cooptación del Estado. Como se verá en las siguientes páginas, la fuerza pública, la justicia, las empresas y el crimen organizado se unen para asesinar o estigmatizar a quienes se rebelan ante la creciente capacidad de los poderes fácticos.
Toda esta presión apunta a un proceso más global, que busca una ruptura cultural y social de las comunidades afro e indígenas en lo que la Comisión de la Verdad ha llamado un proceso de descampesinización (Comisión de la Verdad). Un desarraigo entre campesinos, indígenas y afros con sus entornos sociales, su trabajo colectivo, para que dejen de una vez por todas su tierra y sus territorios.
Este proceso sigue ocurriendo en la actualidad. Por ejemplo, el impacto en la cultura de los pueblos Nukak, cada vez más acosados por el dinero que les ofrecen diferentes grupos económicos para usar los recursos de sus territorios, a la par que sufren el acoso de la fuerza pública (con abusos sexuales a las jóvenes indígenas, por ejemplo) y la presencia de grupos delincuenciales.
Todo esto en medio de un fuerte daño ambiental, que en la actualidad destroza, en varias zonas, la Amazonía. Redes de macrocriminalidad –cuyos miembros aún no están claros por las recientes reconfiguraciones de los actores armados y los intereses empresariales que incursionan en estos territorios- están en formación, vaciando territorio, no sólo de comunidades, sino de selva, para concretar sus intereses a futuro.
LA CAPTURA Y LA COOPTACIÓN DE LA JUSTICIA
Durante las últimas décadas, las empresas del sector extractivo lograron capturar el Estado y ponerlo a su servicio, en especial la justicia. Como lo afirma Pardo (2018: 5), los grupos fácticos del sector de hidrocarburos lograron capturar el Estado a través de un discurso de financiación para la paz, la generación del empleo y lograr privilegiar la confianza inversionista, en detrimento de los derechos de la ciudadanía e incrementando las tensiones territoriales entre las comunidades campesinas y étnicas y las empresas extractivas.
El caso de la multinacional Pacific Rubiales en Puerto Gaitán, Meta (Indepaz, 2016), se presta para demostrar cómo las empresas que tienen todo a su favor (medios de comunicación, beneficios económicos y un espaldarazo de los gobiernos presidenciales) utilizan la justicia para sus intereses. Desde principios del siglo xxi las empresas extractivas, junto con el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Policía y las Estructuras de Apoyo de la Fiscalía mantienen convenios de cooperación para proteger la infraestructura de las empresas y perseguir los delitos en contra del sector minero-energético.
Los convenios de cooperación se formalizan cuando las empresas aportan dinero a cambio de seguridad e investigaciones judiciales, en las que la Fiscalía se encarga de priorizar los casos que involucran a las empresas extractivas. Estos convenios permiten que los delitos en que las empresas extractivas fungen como víctimas sean priorizados por el sistema judicial y sean trasladados los procesos a la capital para agilizar las sentencias y condenas.
Territorios en los que se ejecutan los convenios de cooperación y el Ejército Nacional tiene los Batallones Energéticos, Mineros y Viales, a la par que las comunidades denuncian abusos, persecuciones y daños ambientales. Rutas del Conflicto ha investigado y documentado, en la vereda Rubiales, que estos convenios han sido la puerta de entrada para la judicialización de líderes sociales bajo cargos como terrorismo.
Sin importar las múltiples denuncias de varias organizaciones sociales, ong, y un debate de control político en 2015, liderado en el Congreso de la república por parte de senadores de la oposición, encabezados por el senador Iván Cepeda y convocados para debatir la naturaleza de los convenios, estos siguieron funcionando. Con ellos las empresas pueden volverse, de facto, los jefes de las unidades del Ejército y la Policía, pues dan los recursos para su funcionamiento y, además, algunos batallones quedan dentro de las instalaciones de las compañías.
Líderes sociales y sindicales han sido encarcelados, investigados por meses sin que nunca se les condenara por algún delito, como una forma de acabar con los procesos organizativos y que los líderes abandonen sus luchas para enfocarse en la defensa legal, como se registró en la investigación Convenios de Fuerza y Justicia (Rutas del Conflicto, Petroleras y mineras financian a la fuerza pública).
Mientras las empresas, en especial las del sector extractivo, continúan con los discursos de llevar el progreso a todas las zonas del país y activar la economía de la mano de leyes, de funcionarios corruptos y de políticos, los líderes y lideresas, las comunidades campesinas y étnicas siguen luchando por un territorio y una tierra digna para sus proyectos de vida.
Referencias
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Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Una nación desplazada Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2015/nacio…
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2018). Paramilitarismo Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesible… accesible.pdf
Comisión de la Verdad. Un nuevo aporte del campesinado a la búsqueda
de la verdad.https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/hacienda-bellacruzcam…
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), CCajar. El silencio de las Gaitas. https://coljuristas.org/elsilenciodelasgaitas/index.html
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2013). Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (operación génesis) vs. Colombia, sentencia de 20 de noviembre de 2013.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane). Geoportal. Índices de pobreza multidimensional.
El Heraldo (2012). Ordenan captura del notario de San Jacinto. https://www.elheraldo.co/noticias/nacional/ordenan-recaptura-del-notari…
El País. Alias Cuchillo y el Loco Barrera, a la Lista Clinton. http://historico.elpais. com.co/paisonline/notas/Marzo032010/cuchillo.html
Garay, Luis Jorge (2020). Aparatos estatales y luchas de poderes: de la captura a la cooptación y a la reconfiguración. https://co.boell.org/sites/default/files/2021-01/ libro%20Luis_jorge_web.pdf
Garay y Salcedo (2008). La Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Indepaz (2016). Petróleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura El caso Pacific: Multinacional-local en Colombia.
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1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (operación génesis) vs. Colombia. Sentencia de 20 de noviembre de 2013.
2. La Casta Castaño, consolidada por los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, fundaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que años después se unieron con otros grupos armados y se expandieron por todo el territorio colombiano bajo las Autodefensas Unidas de Colombia.
3. Base de datos del Centro de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica se entiende masacre como la muerte de más de 3 personas en la misma fecha, modo y lugar.
4. Los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras son personas jurídicas cuya creación está autorizada por el [Art] 5º de la Ley 70 de 1993, que tienen entre sus funciones administrar internamente las tierras de propiedad colectiva, velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales.
5. Sentencia T-955 de 1993.
6. https://fcds.org.co/deforestacion/ (25)