Durante la COP26 el expresidente Iván Duque anunció el compromiso de Colombia de reducir, para el año 2030, el 51% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este compromiso sustentó el fin de las múltiples normas que durante 4 años decretó 1 , para mostrar al país como líder en acciones ambientales y climáticas frente a la comunidad internacional. Parte de su compromiso en estas áreas se basó en su apuesta de elevar exponencialmente los indicadores de transición energética. De acuerdo con el balance de su gobierno, multiplicó 30 veces la capacidad instalada de generación de energía por medio de fuentes renovables: en 2018 había 28 MWp y buscaba alcanzar 880 MWp en 20222.
No obstante, a pesar de lo que implican estos números en la narrativa de la transición mundial, diversas organizaciones han manifestado su preocupación por la forma cómo se está orientando la transición energética y por cómo, a pesar de la reivindicación que demanda las diversas crisis que persiguen a nuestros territorios, esta apuesta se enmarca en patrones extractivos que profundizan aún más las causas que nos urgen a transitar.
Esta afirmación se comprobó con la Ley 2099 de 2021, mal llamada “Ley de transición energética”, la cual fue aprobada de manera express a espaldas de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil. En esta ley se ratificaron señales de mercado que orientan la transición a un ejercicio poco democrático, soberano y justo.
Por ejemplo, se abrió la puerta a tecnologías sobre cuyos impactos y aporte real en la lucha climática aún no se tiene certeza, como el hidrógeno; se debilitaron instrumentos de ordenamiento territorial y de participación ciudadana por defender el interés “público” de los oligopolios de la energía; se crearon incentivos y fondos comunes que generan competencia entre fuentes renovables y otras tecnologías que aún dependen de combustibles fósiles y se otorgaron beneficios jurídicos y administrativos para continuar la centralización de la energía, por medio del aporte de energías renovables al Sistema Interconectado Nacional - SIN (Voces por el clima, 2021).
Sumado a lo anterior, se expidieron CONPES, decretos y leyes que respaldan la transición energética corporativa, consolidando relaciones inequitativas de poder respecto a para quiénes y para qué es la energía, sin un plan claro sobre cómo dejar los combustibles fósiles bajo tierra3.
A pesar de los poderes que cooptan estas apuestas, las comunidades han empezado a organizarse para resistir a violencias como el desplazamiento o las amenazas a sus vidas y medios de subsistencia, buscando garantizar su derecho al acceso a la energía y evitando el aumento de conflictividades socioambientales al que eventualmente llevaría la masificación de proyectos de energías renovables en departamentos que históricamente han sido explotados energéticamente, como es el caso del Cesar, la Guajira, Putumayo, Meta y el Atlántico.
Para esto, organizaciones de base han logrado gestionar por su cuenta fondos semillas para la compra de diversas tecnologías de generación de energía renovable para satisfacer sus necesidades. Así mismo, se han organizado para gestionar sus recursos a través de metodologías de préstamo, para destinarlos al sostenimiento de sus proyectos energéticos en caso de una eventual falla de los sistemas o para extender la oportunidad de acceso a la energía a otras familias.
Estas formas de organización comunitaria han permitido estandarizar procedimientos y capacidades para la instalación de estos sistemas, siendo las mismas comunidades las gestoras de paneles, de pequeños aprovechamientos de la fuerza del agua con turbinas o de biomasa para sus actividades productivas. Además del efecto colateral del fortalecimiento de su soberanía alimentaria, son las mujeres las que lideran la tenencia de los fondos y gestan tejido social para garantizar el funcionamiento e intercambio de capacidades dentro de los mismos proyectos.
Este tipo de apuestas se observan en el departamento del Cauca, donde a pesar del intenso conflicto armado que se presenta, organizaciones como el Colectivo Semillas de Agua y la Asociación Atucsara apoyan a diversos grupos de campesinas y campesinos para la instalación de paneles solares, para proveer energía a proyectos productivos. Estos van desde sistemas de riego para la producción de alimentos dentro de huertas comunitarias, hasta sistemas de incubación de gallinas, peces y cuyes. En muchos de estos proyectos, el potencial energético permite generar excedentes de energía que las comunidades aprovechan para sus necesidades de preparación y conservación de alimentos, así como para su ocio y recreación.
La sinergia que generan este tipo de iniciativas hace posible orientar la transición a un modelo soberano, democrático y justo en los territorios, que le permite a las comunidades resistir al conflicto armado y promover alternativas a apuestas tradicionales y nuevas del extractivismo. De igual forma, las autogestiones de estas iniciativas fortalecen las visiones colectivas del territorio y las expectativas sobre el mismo en el marco de sus límites, lo que impulsa nociones de cuidado que permiten generar transiciones transformadoras que fortalecen la garantía de derechos como la alimentación, la libre autodeterminación, la participación y el derecho a una vida digna. Esta autogestión hace evidente la persistente ausencia del Estado, lo cual puede ser una oportunidad para fortalecer los gobiernos estatales y autónomos de las comunidades, que den respuesta a tiempos de alta crisis y conflictividad socioambiental y climática.
1. Entre las muchas políticas, decretos y leyes que se expidieron, destacan: la Estrategia E2050, el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT) del sector minero-energético, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la Misión de Transformación Energética (MTE) propuesta por el Ministerio de Minas y Energía en 2019, la quinta versión del Plan Energético Nacional (PEN) 2020-2050, el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático del Sector Minero Energético 2050 (PIGCCME) en 2021 en articulación con la Ley 1931 de 2018, CONPES 4075; también se expidió un marco legal de transición mediante la Ley 697 de 2001, el Decreto 3683 de 2003, la Ley 1715 de 2014, los artículos 221 y 222 de la Ley 1819 de 2016, la Resolución 41286 de 2016, la Ley 1844 de 2017, el Proyecto de ley 365 de 2020, la Ley 2099 de 2021 y la Ley 2169 de 2021, entre otros.
2. Esto se logró a través de la instalación de 24 granjas solares, 2 parques eólicos, 10 proyectos de autogeneración a gran escala y más de 3 000 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala, con hojas de ruta para el desarrollo de energía eólica costa afuera e hidrógeno verde y azul (Guía del gas, 2022).
3. Dentro de los proyectos de energías renovables más significativos están los de Ecopetrol: Castilla III y San Fernando, entre otros, que tienen el objetivo principal de utilizar energía renovable para extraer más hidrocarburos (Ecopetrol, 2021). De igual forma, en políticas como la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050, los combustibles fósiles aún se proyectan como base fundamental de la matriz energética, sin una estrategia clara sobre el desescalamiento en el consumo y el desmantelamiento de la infraestructura de explotación (Gobierno de Colombia, 2021).
Referencias
Ecopetrol. (2021). Grupo Ecopetrol contará con 8 parques solares en 2021. https://www.ecopetrol.com.co/wps/ portal/Home/es/?1dmy&page=detalleNoticias &urile=wcm%3Apath%3A%2Fecopetrol_wcm_library %2Fas_es%2Fnoticias%2Fnoticias2B2021%2Fgrupo-ecopetrol-tendra-8-parques-solares-en-2021
Gobierno de Colombia. (2021). Estrategia climática de largo plazo de Colombia E2050 para cumplir con el Acuerdo de París. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COL_LTS_Nov2021.pdf
Guía del gas. (2022). Balance del sector energético del gobierno Duque. https://guiadelgas.com/ industria/%EF%BF%BCbalance-del-sector-energetico-del-gobierno-duque/
Voces por el clima. (2021). Concepto de diversas organizaciones de sociedad civil al proyecto de ley no. 365 de 2020 Senado – 565 de 2021 Cámara. Heinrich Böll Stiftung Bogotá. https://co.boell.org/es/2021/06/16/concepto-de-diversas-organizaciones-… -de-ley-no-365-de-2020