25 a 27 de agosto de 2022, Bogotá - Colombia
Nos encontramos familiares de personas desaparecidas forzadamente, incluyendo comunidades campesinas e indígenas Sikuani, Nukák, Nasa, provenientes del Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Guaviare, Meta, Cesar, Costa Caribe, Bogotá, Uruguay, Francia, Chile, Argentina, Honduras y España. Durante tres días hemos compartido desde la diversidad de experiencias de búsqueda de nuestros desaparecidos y desaparecidas, hemos evidenciado logros, también obstáculos, retos y desafíos, construyendo propuestas de acciones propias, conjuntas y de exigencias al Estado Colombiano. El nuevo gobierno nos genera esperanza y grandes expectativas de cambio, por ello lo llamamos a darnos respuesta públicamente a nuestros derechos a la verdad y justicia desde la memoria de nuestros desaparecidos y desaparecidas.
Nuestros desaparecidos y desaparecidas como sus familias somos víctimas del terrorismo del Estado, desde finales de la década de los 70s. Son más de 40 años de luchas familiares que se han transformado en luchas colectivas que trascienden las fronteras, superando la estigmatización y el miedo a decir que “tengo un familiar desaparecido”, como consecuencia de las lógicas contrainsurgentes y la persecución política.
Nos encontramos desde el propósito común de buscar y hallar a nuestros seres queridos, desde el dolor transformado en esperanza y el amor convertido en lucha por nuestros derechos, en la memoria que somos y la presencia de los proyectos de vida de ellos y ellas. Nos empoderamos desde la hermandad y la emoción de reconocernos entre todos y todas, con el corazón lleno de energía renovada y esperanza en nuestros procesos de lucha.
En estas décadas reconocemos que hemos tenido algunos logros en nuestros procesos, el principal de ellos y el que da sentido a lo que somos y hacemos es haber podido encontrar a varios de nuestros desaparecidos y acercarnos a los lugares donde podremos tener respuestas de otros. Hemos logrado acceder a información en algunos casos, desde una metodología de búsqueda que nos ha llevado a localizar lugares, territorios, con prospecciones y exhumaciones, identificaciones y su restitución digna a nuestras familias. Las preguntas persistentes de ¿dónde están?, ¿qué pasó?, ¿quién lo hizo?, ¿por qué lo hicieron?, siguen vigentes.
No solo es un logro encontrar los restos óseos de nuestros familiares, sino que con ellos o a través de su búsqueda hemos exhumado memorias, sueños y proyectos de vida que reivindicamos. Lograr encontrar a nuestros desaparecidos ha sido una suma de voluntades, un esfuerzo de muchos y muchas, que incluyen instituciones, organizaciones de familiares y acompañantes, comunidades y organismos internacionales, que ha permitido abonar un camino para nuevas búsquedas.
Resaltamos la resiliencia y resistencia de las familias, comunidades y grupos étnicos, de amigos y allegados en los procesos de búsqueda, las cuales han permitido sobrevivir y persistir en la búsqueda.
Nuestra lucha no ha sido fácil, nos hemos encontrado con numerosos obstáculos, entre ellos la estigmatización por ser familiares de militantes políticos de izquierda que decidieron asumir su proyecto de vida desde la insurrección armada, así como quienes sin tomar esta opción han sido perseguidos por lógicas contrainsurgentes. Sumado a los obstáculos burocráticos de los funcionarios de las instituciones del Estado, la invisibilización que sufrimos los pueblos campesinos y étnicos, los profundos silencios expresados en la ausencia de respuestas sobre nuestras exigencias, la sociedad indolente e indiferente ante nuestras búsquedas y en algunos casos logrando superarlos a nivel social por los familiares, la imposibilidad de acceder a información, en especial la que guardan los archivos militares sobre la suerte y el paradero de nuestros desaparecidos.
El Estado no ha asumido la responsabilidad que le corresponde, y ha permitido el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), así como ha justificado la intervención inadecuada del ejército en los territorios. Asimismo, la sociedad también ha sido indolente e indiferente ante nuestras búsquedas.
Hemos identificado que, para poder avanzar en la reparación, memoria, verdad y justicia, el Estado debe comprometerse y garantizar mecanismos para superar las siguientes situaciones que representan los principales obstáculos:
- Ausencia del reconocimiento de la verdad, de las víctimas que han sido negadas, de lo que ocurrió y de los responsables.
- La persistencia del desplazamiento, el exilio, la estigmatización, la desaparición, la revictimización y la falta de garantías para el derecho a la identidad y a la información.
- Ausencia estatal y de políticas para garantizar recursos económicos que permitan la búsqueda y el acceso a la justicia.
- Accesibilidad por temas geográficos a nivel nacional e internacional
- Accesibilidad por conflictos en el territorio, presencia de grupos armados, y desarrollo de actividades económicas como la minería.
- Falta de equipos, laboratorios, personal idóneo y herramientas de información, comunicación y protección de datos.
- Insuficiencia en cobertura, permanencia y calidad en el acompañamiento psicosocial y las garantías de cuidado y seguridad para las y los familiares.
- Revictimización a víctimas de desplazamiento y desaparición forzada sin garantías para el derecho a la tierra y el territorio como bases para una vida digna.
Adicionalmente, la deshumanización en las diferentes esferas de la institucionalidad y la sociedad; el amedrentamiento e instalación del miedo por parte del Estado; la censura, desinformación y el silencio de los medios de comunicación; y la falta de formación y capacitación, han dificultado nuestros procesos y han provocado que sean extensos, frustrantes, involucrando a diferentes generaciones de nuestras familias en una lucha extenuante contra la impunidad.
Al considerar la situación actual e histórica en relación a la búsqueda de personas desaparecidas y las faltas de garantías para las familias en términos de protección integral, se reconoce que el rol del Estado ha implementado acciones de vulneración derechos sistemáticamente a través de diferentes modalidades: culpabilización, persecución, amedrentamiento instalando como modo operativo el miedo. El Estado no ha dado respuestas garantistas, ni se ha responsabilizado, ha ocultado la verdad fragmentando la información. Ha instalado el silencio y ha tomado acciones ineficientes en términos de respuesta, denigrando el tema de la Desaparición forzada en este país por lo cual exigimos:
El diseño y ejecución de una POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL que atienda la búsqueda de las personas desaparecidas forzosamente y la reparación a las familias, en sus diferentes niveles: individual, colectiva, con enfoque étnico, de género y generaciones.
PRINCIPIOS que deben regir la política pública integral:
- La insistencia sobre todas las cosas en la búsqueda de la verdad
- Terminar con la impunidad en todos los niveles: individual y estatal, que se traduzca en Justicia.
- Resignificar históricamente la desaparición forzada como problema prioritario de Estado.
- Garantizar la no repetición.
- Participación ciudadana.
ACCIONES que deben implementarse en esta política pública integral:
- Exigir que los procesos judiciales sean estrictamente humanizantes atendiendo la especificidad del tema. Todo lo concerniente a la búsqueda, los hallazgos y encuentros que se hagan debe tener un enfoque sensible y atender las singularidades de cada familia. Así mismo, debe ser una atención integral y no fragmentada en diferentes entidades del Estado.
- Asumir acciones de reparación simbólica, material y psicológica, velando siempre por la justicia y retorno a sus territorios de las personas/familias desplazadas producto del conflicto armado. Hay que mejorar las oportunidades de vida a las comunidades étnicas y campesinas víctimas de los procesos bélicos. La reparación de las comunidades como víctimas del genocidio del Estado y recuperar los territorios con recursos naturales con valor histórico y cultural.
- Apoyo integral a las familias que implique aspectos psicosociales considerando los contextos étnicos, de género y generaciones. Reconocimiento de sus derechos vulnerados.
- Desclasificar los archivos de las fuerzas militares, agencias de inteligencia y demás entidades del Estado implicadas, ordenar y sistematizar la información que promueva la búsqueda de la verdad y la justicia correspondiente.
- Construir y garantizar protocolos de búsqueda. El Estado debe garantizar pasos a seguir de manera integral y no fragmentada como la ha hecho hasta el momento. Elaborar protocolos de acción para proteger la búsqueda en contextos de conflicto armado.
- Dar visibilidad pública al tema de la Desaparición Forzada. Elaborar campañas y propaganda a la población en su conjunto, acciones pedagógicas, educación a las nuevas generaciones. Construir Memoria y no olvido a través de la sensibilización de la sociedad civil. Interpelar y convocar a la sociedad civil, que asuma un rol protagónico. Construir monumentos, plazas y museos de memoria
El Estado debe garantizar en el corto plazo:
- Participación ciudadana y efectiva en todos los procesos que permitan llegar a una paz total, sin desaparecidos, desde un dialogo constructivo y que realmente sea tenida en cuenta por el Estado.
- Que las recomendaciones sobre desaparición forzada presentadas por la CEV sean abordadas por la Comisión de Seguimiento con la participación de los familiares y organizaciones.
- La ratificación plena de la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas, incluido los artículos que permiten presentarle casos a Naciones Unidas.
- Que el nuevo gobierno respalde plenamente los mecanismos del SIVJRNR, como ya lo ha expresado, en particular a la UBPD en la implementación de los planes de búsqueda y en su consolidación como institución, de acceso a información y lugares.
- Que se mantenga el mecanismo de escogencia para cualquier cambio en la dirección o composición de los mecanismos del SIVJRNR, definidos en el Acuerdo de Paz.
Desde la memoria de nuestros desaparecidos forzadamente, desde nuestras experiencias de búsqueda, desde un horizonte de esperanza, continuamos persistiendo en la exigencia de memoria, verdad y justicia por cada uno de los hombres y mujeres desaparecidos en Colombia y en cualquier parte del mundo.
Suscribimos:
• Familias que participan desde la Fundación Hasta Encontrarlos en la búsqueda de sus desaparecidos y desaparecidas forzadamente, junto a los miembros honorarios:
- Mirta Baravalle y Nora Cortiñas de las Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora
- Eduardo Nachman, Agrupación de H.I.J.O.S. de Mar del Plata de Argentina
- Enrique Nuñez Aranda, Agrupación de expresos y expresas políticos de Chile
- Berta Oliva de Nativí, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
- Libertad Sánchez Gil, Asociación por la Recuperación de la Memoria histórica de Mérida y Comarca
• Familias de La Macarena, Vistahermosa y La Uribe en el Meta acompañadas por PAX Colombia
• Asociación en Memoria y Dignidad de los Ausentes en el Cesar - AMDAC
Adhesiones de…
Colombia:
- • Fundación Nydia Erika Bautista
- • Madres de Falsos Positivos de Soacha – MAFAPO
El Salvador:
• Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos - El Salvador
Honduras:
• COFADEH – Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
México:
- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos - México
- Comité Cerezo México
- Campaña Nacional contra la desaparición forzada en México
- Proyecto Sobre Desaparición Forzada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa - México
- Universidad de la Tierra en Puebla – UnitierraPuebla, México
Uruguay:
- Secretaria de DDHH y políticas sociales del PIT-CNT
- Observatorio Luz Ibarburu de Montevideo
- Colectivo Memoria en Libertad - Uruguay
Argentina: H.I.J.O.S. - Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el Silencio – Mar del Plata
Europa:
- TEJE - Travailler Ensemble Jeunes Engagé-es - Francia
- Grupo de Familiares Europa Abya Yala
Galería encuentro
