Hacia un contrato social en torno a la economía campesina. La alimentación de los y las colombianas es con los campesinos o no es

El país atraviesa por una crisis económica y social de grandes proporciones generada en la coyuntura por la pandemia originada con el covid 19. Esa situación se suma a la existente y originada por diversos procesos ligados al modelo de desarrollo en el que se ha embarcado al país. Son crisis estructurales y coyunturales que se combinan para escenificar una situación que obliga a repensar seriamente lo que se viene haciendo para la ruralidad, las consideraciones sobre las relaciones rurales- urbanas y el papel estratégico de la producción nacional de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de los más desprotegidos. Esta crisis ha mostrado claramente que el imaginado progreso de las ciudades era tan vulnerable como las deterioradas condiciones de vida en el campo.

Ante estas circunstancias se ha construido este ejercicio de discusión y de propuestas democráticas para Colombia, en esencia para la Colombia rural, el cual pretende generar alternativas que logren permear la agenda pública, tal y como lo ha hecho el proyecto de Ley de Renta Básica de Emergencia, que ha logrado posicionar con ese solo enunciado una reivindicación clara y concisa que logró concretarse en un proyecto de ley, que se espera conduzca a movilizar a la ciudadanía en esta coyuntura alrededor de un enunciado similar.

Este ejercicio busca construir una propuesta dirigida a la sociedad en su conjunto: sociedad civil, sociedad política, organizaciones

sociales, academia, organizaciones campesinas, indígenas, afros, partidos políticos, en la búsqueda de la consolidación de la paz, de una transición democrática y a la justicia con el campo colombiano.

En la coyuntura actual ha quedado claro que la pandemia ha llegado a sensibilizar al conjunto de la población sobre la importancia de la economía campesina, la que ha provisto de manera sustancial el suministro de alimentos a los consumidores urbanos. Esto no ha

pasado desapercibido para las mayorías nacionales que viven en los centros urbanos, pues hoy se tiene una mejor valoración del trabajo de los campesinos que ha permitido mantener una oferta de alimentos suficiente en estos largos meses de confinamiento

y emergencias. La limitación para acceder a ellos está relacionada con la falta de ingresos para un sector de la población que no tiene recursos para comprarlos, y es ahí es donde entra con mucha fuerza propuestas como la de renta básica de emergencia.

Esta propuesta pretende aportar a la producción de un breve documento que sintetice reivindicaciones muy concretas de apoyo a la economía campesina. El documento tendrá varios destinos: (1) Un proyecto de Ley, (2) unas acciones de apoyo, visibilización y respaldo a las iniciativas ya existentes como los mercados campesinos, las redes de cercanías para la distribución y venta de alimentos, los cinturones verdes, las zonas de reserva campesina, las redes de productores, la territorialidad y la cultura campesina, etc., y (3) una propuesta de política rural que contribuya a un programa de transición democrática para cerrar las brechas urbano rurales y trazar un compromiso decidido frente al desarrollo rural. Para avanzar en esos procesos se requerirá de gran capacidad

de concertación con las redes de organizaciones, tanto campesinas como urbanas.