La COP26 tiene lugar con un telón de fondo de políticas sanitarias nacionalistas con consecuencias desalentadoras, de promesas fallidas que pretendían aumentar adecuadamente tanto la acción climática como el apoyo financiero, y con una presión sin precedentes hacia falsas soluciones que desvían la atención mundial de la necesidad urgente de eliminar los combustibles fósiles.
La COP26, prevista inicialmente para 2020, debía significar el momento de la verdad. Cinco años después de París, la conferencia iba a ser una prueba de fuego para comprobar la voluntad de los Estados de cumplir los tres objetivos establecidos en el Acuerdo de 2015: limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar niveles más peligrosos de calentamiento global, aumentar la resiliencia, y alinear los flujos financieros con la descarbonización de toda la economía.
Tras 12 meses de retrasos provocados por la pandemia de COVID-19, la COP26 tendrá lugar con un telón de fondo de políticas sanitarias nacionalistas de consecuencias desalentadoras, promesas fallidas de ampliar adecuadamente la acción climática y el apoyo financiero, y con una presión sin precedentes hacia falsas soluciones que desvían la atención mundial de la urgente necesidad de eliminar los combustibles fósiles.
Si los gobiernos quieren evitar que la COP26 pase a la historia como un golpe fatal para el Acuerdo de París, y como el momento en que se selló la catástrofe climática en nuestro destino colectivo, deben demostrar que entienden que el mundo está en llamas. Estamos en medio de una emergencia climática que no hará más que empeorar, y de forma catastrófica, si no se toman medidas decisivas e inmediatas, coherentes con la ciencia y la equidad, todo esto con el objetivo de: frenar las principales fuentes de emisiones, entre ellas la producción y el uso de combustibles fósiles, la deforestación y la agricultura industrial; proporcionar una financiación adecuada y justa para cubrir las pérdidas, los daños y las medidas de adaptación en las comunidades más afectadas y menos responsables del cambio climático; abandonar las supuestas soluciones tecnológicas, las compensaciones de carbono y las lejanas promesas de alcanzar la "red cero" para mediados de siglo, que son peligrosas distracciones de las soluciones reales, necesarias y viables para la creciente crisis climática.
Un asiento en la mesa: los resultados legítimos y ambiciosos requieren una participación equitativa
La COP26 se celebra en un momento sin precedentes. La devastadora pandemia de COVID-19 está agravando los impactos de la crisis climática, y ambas problemáticas magnifican y refuerzan, mutuamente, las desigualdades mundiales. Los choques económicos relacionados con la COVID están presionando a los países de por sí ya vulnerables a la crisis climática. Mientras que los países industrializados están entrando en una fase de "recuperación post-COVID", los países de ingresos bajos y medios siguen soportando la peor parte, en gran parte como resultado del nacionalismo de las vacunas y la avaricia corporativa a través de la cual las naciones más ricas negaron el acceso equitativo a la vacunación para la mayor parte de la población mundial, y se permitió a las empresas farmacéuticas priorizar los beneficios y los derechos de propiedad sobre la salud pública y la equidad. Cuando todo ello se suma a una crisis de deuda preexistente, muchos países son simplemente incapaces de hacer frente tanto a la crisis sanitaria como a los extremos fenómenos meteorológicos a los que se enfrentan.
En medio de todo esto, el Reino Unido y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático –CMNUCC– han decidido seguir adelante con una cumbre climática presencial, desatendiendo la demanda de más de 1.000 directores científicos [CSO, por sus siglas en inglés] de todo el mundo de posponer la COP26 debido a preocupaciones válidas sobre la falta de inclusividad y la seguridad sanitaria. La Presidencia británica está convencida de que sus medidas son adecuadas para responder a estas preocupaciones. Sin embargo, ha fracasado en tomar la única medida que habría sido eficaz y habría demostrado su compromiso con la cooperación internacional: promover la equidad en las vacunas a nivel mundial. Como una gran economía, y como presidente del G7, el Reino Unido debe trabajar para eliminar las barreras internacionales que se imponen al uso de los conocimientos científicos relacionados con el COVID, esto mediante una renuncia a los derechos de propiedad intelectual, en el marco del régimen comercial internacional, con el propósito de garantizar el acceso a las vacunas para todas las personas. En lugar de ello, el Reino Unido, junto con muchas otras naciones ricas, ha permitido que el nacionalismo de las vacunas prevalezca en un sistema que sitúa los beneficios de las empresas por encima del derecho a la salud de las personas.
Los más vulnerables a la crisis climática están experimentando los mayores obstáculos para llegar a salvo a Glasgow.
Como resultado, las restricciones de viaje, las complicaciones de los visados, los requisitos de cuarentena, los costes de alojamiento extremadamente elevados y los problemas de salud y seguridad hacen que la participación en igualdad de condiciones en la COP26 sea prácticamente imposible. Las personas más vulnerables a la crisis climática, que son las que pueden sufrir las mayores consecuencias de las decisiones que se tomen en la COP26, son las que están experimentando los mayores obstáculos para llegar sanas y salvas a Glasgow, así como para volver a casa de forma segura. Esta inequidad planteará, inevitablemente, dudas sobre la legitimidad de cualquier decisión que se tome en la COP26, especialmente en lo que respecta a los aspectos de la agenda que afectan directamente a las comunidades y a los pueblos indígenas de los países menos representados en la COP. Estos puntos de la agenda incluyen, entre otros, el comercio de carbono, la revisión de los objetivos de financiación para la adaptación, las pérdidas y los daños.
La brecha de la ambición: se nos acaba el tiempo para aumentar la ambición en consonancia con el imperativo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5°C
Hace seis años, la adopción del Acuerdo de París se presentó al público como un éxito. Se suponía que crearía ciclos de cinco años a través de los cuales los gobiernos aumentarían la ambición de su acción climática. La COP26 pretendía ser la primera comprobación de la determinación de los gobiernos para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Sin embargo, en los meses anteriores a la COP, informes alarmantes han confirmado que los planes y políticas climáticas de los gobiernos nacionales siguen siendo, lamentablemente, inadecuados para cerrar la brecha entre el nivel de acción colectiva y los objetivos del Acuerdo de París. Hace tres meses, todos los gobiernos respaldaron unánimemente las dramáticas advertencias emitidas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC por sus siglas en inglés– sobre la magnitud de los impactos a los que se enfrentará nuestro planeta si no cambiamos de rumbo. El IPCC subrayó que los gobiernos aún pueden proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras a un clima seguro, pero sólo si emprenden una acción urgente y sistémica. A pesar de esta dura advertencia, la mayoría de los gobiernos han fallado a la hora de revisar sus compromisos climáticos nacionales y de poner sus políticas energéticas en línea con la ciencia. Para preservar cualquier posibilidad de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, los gobiernos reunidos en Glasgow deben adoptar decisiones orientadas a la acción que refuercen las medidas de mitigación y aumenten efectivamente la ambición. Esto significa, entre otros resultados, reafirmar la necesidad de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5°C, acordar que los gobiernos nacionales deben presentar compromisos reforzados cada cinco años, y establecer un mecanismo anual de aumento de la ambición para movilizar una acción mejorada hasta que se cierre la brecha de la ambición de mitigación. No hacerlo sería una señal de que los gobiernos han abdicado de su responsabilidad por cumplir los objetivos de París.
No hay peor ciego que el que no quiere ver: no podemos evitar un cambio climático catastrófico sin detener la producción de combustibles fósiles, y ya es hora de que las conversaciones de la ONU sobre el clima reconozcan esta realidad
Esta COP puede ser la primera conferencia en la que algunas partes se atrevan a pronunciar las palabras “CF”: ‘combustibles fósiles’. Ni el Acuerdo de París ni ninguna decisión adoptada por las anteriores COP mencionan los combustibles fósiles: una omisión flagrante en un instrumento ampliamente considerado como el tratado climático mundial más importante adoptado hasta la fecha. Nunca ha estado más claro que los objetivos de París seguirán sin estar al alcance a menos que los Estados tomen medidas urgentes para eliminar los combustibles fósiles de forma rápida, decisiva y equitativa. En el último año se ha visto un impulso cada vez mayor a los llamamientos por un futuro libre de combustibles fósiles, empezando por la interrupción tanto de la exploración como del desarrollo de nuevos yacimientos de petróleo, gas y carbón; por la adopción de medidas inmediatas para reducir y eliminar gradualmente las operaciones existentes; así como por poner fin a las perjudiciales subvenciones a los combustibles fósiles, que ascienden a 5,9 billones de dólares solo en 2020, especialmente la financiación pública para la producción de combustibles fósiles. Y estos llamamientos no proceden únicamente de los activistas.
En un informe emblemático, publicado en mayo de 2021, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) llegó a la conclusión de que, para limitar el calentamiento a 1,5 °C, no puede haber nuevas inversiones en petróleo, gas y carbón. La semana pasada, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó su informe sobre la brecha de producción de 2021, en el que se refuerza el imperativo climático de reducir de forma inmediata y drástica la producción de combustibles fósiles. Sin embargo, el informe concluye que los gobiernos tienen previsto producir para 2030 aproximadamente "un 240% más de carbón, un 71% más de petróleo y un 57% más de gas" de lo que sería compatible con la limitación del calentamiento a 1,5ºC. Más de 101 premios Nobel, más de 2.000 científicos y más de 100 funcionarios electos de todo el mundo han respaldado los principios de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, exigiendo que los gobiernos mantengan dichos combustibles bajo tierra. La suerte está echada: no hay ambición climática sin una transición justa hacia un futuro sin fósiles. Y esa transición no puede comenzar hasta que se acabe con la expansión del petróleo, el gas y el carbón.
La ‘Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas’ (BOGA, por sus siglas en inglés) –la primera iniciativa diplomática que aborda la necesidad de que los gobiernos gestionen el declive de la producción de petróleo y gas como parte fundamental de su acción climática– espera obtener el apoyo formal de aquellos Estados que tomen la iniciativa en la COP26. La prueba será si esos países promulgan prohibiciones totales de nuevas licencias de exploración y producción, preservan la integridad de la Alianza, y reconocen la necesidad de equidad y enfoques diferenciados para la eliminación progresiva de estos compuestos en los países del Norte Global y del Sur Global.
Al parecer, el propio Reino Unido pretende encabezar un anuncio sobre el fin de la financiación pública de los combustibles fósiles en el extranjero. Dada la urgente necesidad de acabar con todas las subvenciones a los combustibles fósiles, se trata de una buena noticia, empezando por las inversiones en nuevos proyectos de petróleo, gas y carbón. Sin embargo, esto puede sonar hueco dadas las políticas del Reino Unido en casa: los líderes climáticos no arriendan nuevos yacimientos de petróleo, como lo ha hecho el Reino Unido en el Mar del Norte.
Distracciones peligrosas: hay que evitar perder el tiempo con falsas soluciones
Tal vez la mayor amenaza para la ambición climática en la COP26 sea la peligrosa distracción que supone el "cero neto" y las falsas soluciones a las que da cobertura: supuestas soluciones tecnológicas, como la captura y el almacenamiento de carbono, la captura directa en el aire, y el hidrógeno, que son innecesarias, ineficaces y arriesgadas; y otros enfoques ilusorios como lo son las compensaciones de carbono, diseñadas para justificar la contaminación habitual bajo la premisa errónea de que puede equilibrarse en lugar de eliminarse gradualmente. El hecho de centrarse en alcanzar metas de "cero neto" para mediados de siglo, en lugar de objetivos de "cero real" a corto plazo, enmascara la inacción climática. También retrasa y resta importancia a las medidas urgentes y necesarias para mantener el calentamiento por debajo de 1,5ºC: la reducción de las emisiones en su origen mediante la eliminación de la producción y el uso de combustibles fósiles, la transformación de la agricultura industrial y el cese de la deforestación. La presidencia del Reino Unido es un ejemplo de ello, ya que destina una parte importante de los fondos asignados a su plan "Cero Neto" para 2050 con el propósito de renovar las inversiones en la industria de los combustibles fósiles, al tiempo que no combate la pobreza energética. A medida que las advertencias se hacen cada vez más graves, la paciencia del público con las promesas vacías y la tolerancia con el lavado verde [Greenwashing] se reduce. Evitar la catástrofe climática requiere una acción inmediata y medidas de mitigación nacionales ambiciosas que se ajusten a la mejor ciencia disponible y a la equidad global.
Dentro de las negociaciones, el artículo 6 se perfila como una de las únicas piezas del reglamento del Acuerdo de París que aún no se ha completado. Seis años de negociaciones han dado lugar a un estancamiento en muchas cuestiones clave relacionadas con los "enfoques cooperativos" necesarios para implementar el Acuerdo de París.
El artículo 6 prevé "enfoques cooperativos" que permiten a los países trabajar juntos para adoptar ambiciosas medidas de mitigación y adaptación, al tiempo que promueven el desarrollo sostenible y garantizan la integridad del medioambiente. En gran medida, esto se ha debatido como enfoques de mercado (artículo 6.2 y 6.4) y de no-mercado (artículo 6.8).
El artículo 6.2 incluye el uso de Resultados de Mitigación Transferidos Internacionalmente (ITMOs, por sus siglas en inglés), probablemente en un mercado global de carbono, para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés); mientras que el artículo 6.4 crea un "Mecanismo de Desarrollo Sostenible" (a menudo visto como un sucesor del Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL– del Protocolo de Kioto) que puede permitir proyectos de mitigación que generen créditos.
El artículo 6.8 reconoce la importancia de los enfoques de no-mercado que permiten a las partes trabajar juntas para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Sin embargo, el lento ritmo de las negociaciones del Artículo 6 hasta la fecha no justifica un enfoque de acuerdo-a-toda-costa en las conversaciones de la COP26. El simple hecho de llegar a una decisión –especialmente en ausencia de representantes de muchos de los países que probablemente se verán más afectados por las actividades del Artículo 6– no es una medida de éxito. Por el contrario: encerrarse en normas laxas durante décadas, únicamente en nombre de una decisión, corre el riesgo de socavar la propia integridad del Acuerdo de París.
Como lo demuestran los ejemplos del pasado, los mecanismos basados en el mercado amenazan a las comunidades y merman la ambición. Con demasiada frecuencia, el comercio de créditos de carbono, a través de sistemas de compensación, sólo permite que los grandes emisores sigan contaminando como lo han hecho hasta ahora, con los consiguientes perjuicios para los derechos humanos y el medioambiente. Sin protecciones sólidas, los mercados incentivan el acaparamiento de tierras, poniendo en peligro los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Los vacíos legales han permitido la concesión de créditos sin reducciones verificadas o permanentes, y la dependencia de las compensaciones perpetúa la falacia de que un beneficio climático en un lugar puede contar contra las emisiones continuas en otro. En un mundo con limitaciones climáticas, no hay lugar para un enfoque de "o bien esto, o bien aquello" en cuanto a la reducción de emisiones se refiere. Además, tratar la mitigación del clima como un mero problema de contabilidad del carbono no sólo es reduccionista, sino que sugiere una falsa equivalencia entre las emisiones de carbono que ignora lo que han de vivir las comunidades más expuestas, aquellas donde se concentra la contaminación. Los mecanismos de mercado no pueden desempeñar un papel a largo plazo, ya que para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 ºC se requiere de una acción doméstica real e inmediata.
Incluso con normas sólidas, los riesgos abundan. Si los países acuerdan modalidades y procedimientos para el artículo 6 en la COP26, deben exigir que se respeten, protejan y promuevan los derechos humanos, entre ellos los derechos de los pueblos indígenas, y que no se socave la ambición. No tenemos tiempo para repetir errores del pasado, como los relacionados con los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). Las normas para cualquier régimen de comercio basado en el mercado o para la financiación basada en proyectos, o aquellas hechas a través del Mecanismo de Desarrollo Sostenible o las colaboraciones no basadas en el mercado, deben establecer salvaguardias sociales y medioambientales basadas en los derechos, garantizar la participación significativa de las comunidades locales, exigir el respeto del derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado durante todo el ciclo de vida de un proyecto, y un mecanismo de reclamación independiente a través del cual las personas afectadas puedan obtener reparación. Las normas del artículo 6 también deben impedir imperativamente el doble cómputo de las reducciones de emisiones, así como el traspaso de créditos de mecanismos anteriores (como el MDL). Si se logra acordar, los mecanismos del artículo 6 deben promover la mitigación general de las emisiones mundiales exigiendo que un porcentaje de los créditos intercambiados sea cancelado sin que se contabilice como compensación. Todos estos elementos resultan esenciales para garantizar que el artículo 6 no socave la ambición ni comprometa la integridad del Acuerdo de París.1
Estas propuestas de soluciones tecnológicas distraen aún más la atención de la necesidad de abordar los combustibles fósiles como la causa principal de la crisis climática
Desde la interferencia con la radiación solar hasta la eliminació n tecnológica a gran escala del dióxido de carbono de la atmósfera (CDR, por sus siglas en inglés), los enfoques de geoingeniería presentan distintos riesgos para los derechos humanos y el medioambiente. Estos riesgos, asociados a las pruebas, al desarrollo y al despliegue de esas tecnologías, superan cualquier beneficio climático –ya de por sí supuesto y altamente incierto– que se pretenda alcanzar a largo plazo a través de las mismas. Estas propuestas de soluciones tecnológicas desvían la atención de la necesidad de hacer frente a los combustibles fósiles como causa fundamental de la crisis climática, al tiempo que crean nuevos riesgos para las generaciones presentes y futuras. En consecuencia, otros marcos ambientales internacionales han adoptado, de facto, moratorias o prohibiciones sobre el despliegue de estas tecnologías. Sin embargo, el interés de los financiadores empresariales y de los gobiernos, especialmente de los mayores emisores de gases de efecto invernadero, por promover enfoques de geoingeniería, ha crecido en los últimos meses, incluso a través de inversiones masivas en infraestructuras de combustibles fósiles con el pretexto de la captura y eliminación de carbono, y de experimentos, realizados al aire libre, con tecnologías y técnicas de geoingeniería solar. Para evitar abrazar falsas soluciones, la COP26 no debe abrir la puerta –ya sea en el proceso formal o en eventos paralelos– a la noción de que la geoingeniería tiene un papel que desempeñar en la implementación del Acuerdo de París.
La otra brecha de ambición: los países desarrollados deben restablecer la confianza y la equidad cumpliendo con la financiación
Hace más de una década, los países desarrollados prometieron destinar 100.000 millones de dólares anuales a la financiación climática para la mitigación y la adaptación antes de 2020. En 2021 esa promesa sigue sin cumplirse con un déficit de financiación de al menos 20.000 millones de dólares. Mientras tanto, la crisis climática se ha agravado, poniendo de manifiesto la necesidad de una financiación mucho mayor que el objetivo, determinado políticamente, de los 100.000 millones de dólares. La pandemia y la aceleración de la crisis de la deuda no han hecho más que aumentar esta necesidad. Proporcionar una financiación adecuada a los países en vías de desarrollo, que son los más afectados por la crisis climática pero tienen poca responsabilidad en causarla, es fundamental tanto para cumplir con las obligaciones morales y legales de los países desarrollados como para restaurar la confianza y la equidad como piedras angulares de la ambición.
En esta COP resulta fundamental que los países no solo cumplan urgentemente con las promesas, largamente postergadas, de aumentar la cantidad de fondos disponibles, sino que también reviertan el deterioro de la calidad de la financiación proporcionada, con demasiada frecuencia, en forma de préstamos y principalmente para la mitigación. Es fundamental que los países presenten un plan a prueba de fallos para aportar financiación para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños durante los próximos cuatro años. Sin embargo, todo indica que los esfuerzos propuestos por los países desarrollados para Glasgow se quedarán muy cortos. Al mismo tiempo deben iniciarse los debates sobre una nueva meta de financiación colectiva más elevada para la era posterior a 2025. La financiación debe estar libre de fósiles –como se ha comentado anteriormente– y debe excluir el apoyo a falsas soluciones, como la captura y el almacenamiento de carbono, que aseguran los sistemas de combustibles fósiles y prolongan las industrias contaminantes, en lugar de acelerar su eliminación y sustitución.
Para restablecer la confianza y satisfacer las necesidades urgentes, las partes deben comprometerse a una nueva y mayor financiación climática, principalmente en forma de subvenciones destinadas para la adaptación. Además, dos nuevos informes de la CMNUCC, presentados por el Comité Permanente de Finanzas, evalúan las necesidades de los países en desarrollo en billones de dólares y describen la insuficiencia de los actuales flujos de financiación climática. Estas evaluaciones deberían guiar a las partes a la hora de considerar cómo cumplir con las cantidades adeudadas y proporcionar una financiación adecuada para atender la balanza y el alcance de las necesidades hasta 2025, y más allá. Las partes también deben iniciar un proceso para establecer un mecanismo urgente de financiación de pérdidas y daños. Enormes pérdidas y daños ya están ocurriendo. Las comunidades no pueden esperar. Cuando se trata de proporcionar la financiación necesaria, un retraso mayor es de carácter mortal.
Por último, la COP debe proveer orientación al Fondo Verde para el Clima (FVC), el mecanismo de financiación climática más importante del mundo, así como a los demás fondos que supervisa, centrándose en ampliar y simplificar el acceso en los países más necesitados y excluyendo el apoyo al petróleo, al gas o al carbón, así como a las arriesgadas tecnologías de captura o eliminación de carbono que pretenden fijar, en lugar de sustituir, los combustibles fósiles y que amenazan a las comunidades más expuestas. Esta orientación debe centrarse en garantizar que el FVC aumente sus esfuerzos para proporcionar financiación basada en subvenciones a aquellos países, comunidades y personas que más lo necesitan a través de entidades de acceso directo; para garantizar un acceso a la financiación que tenga en cuenta un enfoque de género; para aumentar su financiación con miras a la adaptación; y para garantizar que sus socios de ejecución (en la jerga del FVC: "Entidades Acreditadas") estén haciendo su parte para avanzar en el objetivo establecido en el artículo 2.1 (c) del Acuerdo de París mediante el desplazamiento de todas sus carteras lejos de los combustibles fósiles, y que se encuentren más dirigidas hacia las emisiones bajas de Gases de Efecto Invernadero –GEI– y al desarrollo climático-resiliente.
Responder a la petición de los más afectados: la COP26 debe reforzar el marco institucional para movilizar eficazmente los recursos por pérdidas y daños
Desde las mortíferas inundaciones en China, Alemania y Bélgica, los históricos incendios en Norteamérica, el Mediterráneo y Australia, hasta Madagascar estando al borde de una hambruna inducida por el clima, el año 2021 ha dejado muy en claro que estamos viviendo la emergencia climática. Los impactos climáticos están golpeando con fuerza, alimentando la desigualdad global y amenazando los derechos humanos. Las comunidades que se encuentran más expuestas suelen ser las menos responsables de la crisis climática, además de estar mal equipadas para afrontar las consecuencias. Hemos entrado en la era de las pérdidas y los daños y ya es hora de que la comunidad internacional –y especialmente los contaminadores históricos– se ocupen de ello. Aunque en París se reconoció que las pérdidas y los daños son el tercer pilar de la acción climática, los países más ricos han hecho hasta ahora muy poco para satisfacer las necesidades reales.
Las decisiones de la COP26 deben cambiar esta situación. El reconocimiento real requiere una operatividad que sea plena y que esté basada en los derechos de las instituciones que han sido establecidas para abordar las pérdidas y los daños, como la Red de Santiago. Además, solo si las pérdidas y los daños se convierten en un punto fijo de la agenda de las negociaciones recibirán el peso político que merecen, así como una evaluación recurrente de su realización. Sobre todo, para hacer frente a las pérdidas y los daños hay una necesidad urgente de recursos. Los países más vulnerables están acumulando deuda para hacer frente a una crisis que poco han hecho para provocar. Se necesitan recursos adecuados y adicionales para aliviar la carga de estos países. Los debates sobre el objetivo de financiación posterior a 2025 tienen que tener en cuenta las pérdidas y los daños, y también se necesitan soluciones a corto plazo para movilizar recursos financieros nuevos y adicionales, incluso mediante la recaudación de fondos de las industrias que más contribuyen al cambio climático. Un mecanismo de financiación adecuado debe garantizar que estos recursos lleguen a las comunidades más vulnerables. Siendo observados por las comunidades afectadas de todo el mundo, la COP26 tiene que cumplir. Los países tienen la obligación de ayudar a millones de personas de todo el mundo a hacer frente a los daños que ya está causando la crisis climática.
Hacia una acción climática centrada en las personas: los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, la equidad de género y la inclusión social deben estar ahora en el centro de las respuestas climáticas
En los últimos meses ha crecido el impulso hacia la necesidad de abordar mejor los derechos humanos y las cuestiones medioambientales de manera holística. En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó dos resoluciones históricas, que responden a más de una década de esfuerzos de la sociedad civil y de las organizaciones de los pueblos indígenas. El Consejo reconoció el derecho a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, y estableció un nuevo Relator Especial de la ONU para promover los derechos humanos en el contexto del cambio climático. Estas resoluciones hacen eco de un número creciente de decisiones judiciales que reafirman que los Estados tienen el deber de proteger los derechos humanos de aquellos daños inducidos por el clima mediante una regulación eficaz.
Situar a los pueblos y las comunidades en el centro de la acción climática
En la COP26, las partes deben basarse en esto y garantizar que la acción climática a nivel nacional, regional e internacional sea inclusiva, eficaz, se base en los derechos humanos y contribuya a una transición justa. Situar a las personas y a las comunidades en el centro de la acción climática también contribuirá a contrarrestar aquellos esfuerzos por aumentar la financiarización de las políticas climáticas y los ecosistemas –incluyendo las llamadas "soluciones basadas en la naturaleza"– que tienen el potencial de socavar la acción climática efectiva, y ponen en peligro los derechos de las comunidades afectadas, especialmente las mujeres y los pueblos indígenas. Los derechos humanos, las salvaguardias sociales y medioambientales y las vías de reparación pueden contrarrestar estas tendencias, garantizar que estos mecanismos no supongan una amenaza para los derechos humanos y, en caso de que se produzcan violaciones, que existan sistemas adecuados de reparación.
En los últimos años, la necesidad de conciliar la acción climática y la promoción de los derechos humanos se ha abordado cada vez más a través de las líneas de trabajo temáticas y a través de los organismos especializados creados en el marco de los Acuerdos Climáticos de la ONU: la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI), el Plan de Acción para la Igualdad de Género (GAP, por sus siglas en inglés) y el Comité de Katowice sobre medidas de respuesta. La COP26 no sólo debe ampliar estos mandatos, sino que también debe garantizar que los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género y una transición justa, se reflejen adecuadamente en todos los resultados de la COP para impulsar eficazmente la acción climática nacional hacia políticas justas, inclusivas y centradas en las personas.
Los autores agradecen a Lili Fuhr y Liane Schalatek por la revisión de este texto.
Este texto se publicó originalmente en boell.de
Traducción al español por Andrés Padilla