Una mirada sobre la política de defensa y seguridad después de los Acuerdos de Paz

El cambio en la agenda y el discurso del actual gobierno, ha redundado en la falta de debida diligencia frente a las necesidades de las comunidades más expuestas a los riesgos del post acuerdo. Por esta razón, si bien existen mecanismos e instancias normadas para abordar las dinámicas de la violencia, en particular el Decreto 660 de 2018 del Ministerio del Interior, de protección a comunidades y el Decreto 1581 de 2017 del Ministerio del Interior, que formula la política pública de prevención a violaciones de derechos humanos prevención, estos no han producido la efectividad requerida pues su desarrollo ha exigido voluntad política, no sólo a nivel nacional sino también en el nivel descentralizado.

Dichos dispositivos normativos, se presentaron como uno de los factores que permitirían cambiar los contextos a partir de la implementación de medidas materiales e inmateriales de protección y de planes integrales de prevención, que identificaran, la probabilidad de ocurrencia del daño, estableciendo protocolos de actuación institucional y comunitaria a partir de medidas de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición. Estos planes, tendrían como énfasis medidas inmateriales que impactaran en factores socio culturales, para contrarrestar la  “legitimidad “ que los actores violentos o estructuras criminales, sienten para perpetrar los crímenes y elevaran el costo social de su actuar.

Aunado a esto, las medidas de protección contenidas en el Decreto 1066 de 2015 del Ministerio del Interior, que precisa el programa de protección a poblaciones objeto de graves violaciones a derechos humanos, a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), no tiene la efectividad esperada ya que  la seguridad ha sido pensada principalmente en clave urbana, y a que las instancias que determinan medidas de protección, no han tenido en cuenta que el diseño e implementación de las estrategias de seguridad deben realizarse de manera diferencial en cada región, atendiendo a las particularidades territoriales, a las complejidades rurales y a las necesidades de protección colectiva, teniendo en cuenta los esquemas de discriminación históricos y/o segregación a que han sido sometidas poblaciones rurales, comunidades afro e indígenas. 

El principal reto de los instrumentos de la seguridad y protección, es la superación de las problemáticas y vulnerabilidades estructurales de las comunidades, por lo que es evidente el bajo impacto de la política pública de seguridad, entre los que se encuentra el Plan de Acción Oportuna (PAO) [12], en la superación.

de los escenarios de riesgo. Los esfuerzos estatales por desmantelar los grupos ilegales han sido insuficientes por sí solos, por lo que es preciso desplegar acciones en conjunto, con otras instancias y con la sociedad civil. En la implementación de una política pública de seguridad es imperiosa la participación de la sociedad civil en los territorios, pues debe existir una estrecha relación con organizaciones comunitarias, así como un esquema de coordinación entre entidades estatales, mecanismos e instancias y sociedad civil. 

1.5 Algunos aprendizajes del trabajo de la sociedad civil en las garantías de seguridad

Las garantías de seguridad son entendidas por algunos sectores de la sociedad civil, como la base para la superación de la confrontación armada en los territorios, para la generación de condiciones para la transformación de las comunidades y el fortalecimiento de la participación social y política.

El trabajo de la sociedad civil por las garantías de seguridad ha sido desarrollado a través de diferentes tipos de procesos comunitarios y mesas de garantías, permitiendo:

• Evidenciar las situaciones críticas en relación a las garantías de seguridad.
• Observar las limitaciones para el ejercicio de la participación política en la esfera de lo local, regional y nacional.
• La identificación de los mecanismos para exigir de la institucionalidad la activación de las rutas para la protección, la implementación y priorización de análisis de riesgo comunitarios e individuales.
• El posicionamiento de las necesidades de implementación de medidas materiales e inmateriales de prevención y protección, entorno a afectaciones y probabilidades de ocurrencia del daño a la vida e integridad personal.
• Elevar el costo social de los ataques a los procesos comunitarios y a defensores y defensoras de derechos humanos, contribuyendo a crear escenarios de rechazo a la violencia. 

De la misma manera, dicho trabajo ha permitido a través de la visibilización de los líderes y lideresas del movimiento de mujeres y comunidades étnicas, subir el costo social de lo que significa para la sociedad el ataque a los procesos comunitarios y a defensores y defensoras de derechos humanos, contribuyendo a crear escenarios de rechazo social y para restar legitimidad a esta dinámica violenta. Por otro lado, los avances normativos logrados por estos procesos en las últimas dos décadas, ha generado el fortalecimiento de un marco de política pública de Estado, que con matices y desenlaces aún por caracterizar, ha significado la imposibilidad para los gobiernos de turno de desentenderse de esta problemática estructural y sistemática.

Aunado a ello, el conjunto de instancias y arquitectura para las garantías de la seguridad establecida en los acuerdos de paz, se ha constituido en un nuevo acumulado para la participación social y política de los lideres y lideresas en el país.

La no implementación del Acuerdo Final, especialmente en lo relativo al desarrollo rural integral, la sustitución de cultivos, los proyectos productivos para la reincorporación de excombatientes y las garantías de seguridad; es uno de los factores que se identifican como determinantes en el deterioro de las condiciones de violencia en el territorio, siendo este factor uno de los pilares para desarrollar un enfoque de seguridad moderno cualitativamente nuevo, en el país. 

2. Elementos de la situación de riesgo de los departamentos de Cauca y Nariño

El departamento del Cauca ha sido escenario de conflictos sociales asociados a la contraposición de visiones sobre el desarrollo entre el Estado y las comunidades, la propiedad sobre la tierra y la disputa por el control de los recursos mineros, forestales y la agroindustria. El departamento de Nariño limita al norte con el Cauca, al oriente con Putumayo, al sur con la Republica del Ecuador y al occidente con el océano Pacifico, lo que constituye un eje de movilidad entre las dinámicas de contrabando y trasporte de insumos químicos desde el Ecuador, la siembra y producción de hoja de coca en las condiciones climáticas adecuadas, y una hidrografía que favorece su trasporte hacia el océano pacífico.  

Mapa: Acciones realizadas a excombatientes de las Farc, en los departamentos de Cauca y Nariño. Año 2017 – 2019.

Fuente: Área de cartografía de la Corporación Territorio Paz y Seguridad

2.1 Algunas características territoriales y población o sujetos en riesgo

El Estado no ha logrado consolidar su presencia institucional en los territorios anteriormente controlados por las FARC-EP, entre ellos vastos territorios de los departamentos del Cauca y Nariño. Por otra parte, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, en materia de Política de Desarrollo Agrario Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, ha dejado un vacío que ha sido llenado por otros actores armados ilegales en la búsqueda del control territorial de las economías ilegales, generando dinámicas violentas en estos departamentos.

Los excombatientes de las FARC-EP se agruparon en los denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de reincorporación (NAR). En el departamento del Cauca se conformaron los ETCR de la Elvira, en el municipio de Buenos Aires, al norte del Cauca, compuesto por alrededor de 100 excombatientes que han implementado proyectos de siembra y trasformación de café. El ETCR de Monterredondo, en el Municipio de Miranda se encuentra conformado por 20 personas, sin embargo, no hay importantes proyectos productivos. Por su parte el ETCR de los Monos en Caldono, ubicado dentro de un resguardo indígena al nororiente del Cauca, cuenta con un promedio de 80 excombatientes que desarrollan proyectos de cultivo de frijol, maíz, sábila y otros productos en conjunto con la comunidad indígena. El ETCR del Estrecho en el Patía, donde se encuentran vinculados cerca de 60 personas, no ha consolidado proyectos productivos.

En el NAR ubicado en Argelia, cerca de la cabecera municipal, se adelantan proyectos en ganadería, cultivos de maíz y fríjol. En Santander de Quilichao hay un NAR ubicado entre las veredas de Mandivá y La Agustina con un promedio de 54 excombatientes, que adelantan proyectos productivos de cultivo de peces. Asimismo, debemos mencionar que hay un importante número de excombatientes que no pertenecen a ningún ETCR, pero se sostienen dentro de los acuerdos de paz conformando asentamientos en los municipios de Corinto, Caloto, Toribío, Jambaló, El Tambo y Patía, quienes realizan una reincorporación individual, en cierto sentido anónima y de bajo perfil.

En el departamento de Nariño hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en la vereda la Playa, municipio de Tumaco conformado por alrededor de 203 personas que desarrollan proyectos de proyectos de agricultura. Entre las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), encontramos al de Ricaurte conformado por 210 personas, quienes desarrollan proyectos de piscicultura ganadería y agropecuarios. El NAR del municipio de Cumbal es habitado por 70 personas, en su mayoría indígenas, quienes Implementan proyectos de cultivo de fresa, cría de cuyes y gallinas. Por último, tenemos que, en el NAR de San Juan de Pasto, compuesto por 34 personas, donde no se desarrollan actividades comunes y no han iniciado la implementación de proyectos productivos.

Es de resaltarse que fuera de estos espacios se encuentran las comunidades y un número indeterminado de excombatientes dispersos en diferentes municipios, corregimientos y veredas del departamento de Nariño, muchos de ellos en veredas donde existen cultivos ilícitos, evidenciando las dificultades para la implementación de los proyectos económicos de los reincorporados.

De acuerdo con lo anterior, en los departamentos del Cauca y Nariño, las comunidades y sujetos en riesgo, coinciden en su mayoría con las siguientes características: territorios de agrupamiento o reagrupamiento de excombatientes y comunidades del entorno, territorios donde se promueven derechos y liderazgos políticos alternativos y territorios donde se desarrollan formas de oposición a los efectos socioambientales del modelo económico extractivista y reprimarizado.

2.2 Bienes sociales afectados

El aumento de cultivos de uso ilícito está relacionado con la implementación parcial del programa PNIS y la voluntad política en la implementación del punto cuarto de los Acuerdos de paz de la Habana. A lo que le debemos agregar las características geoestratégicas de esta región para la siembra, trasformación y trasporte hacia el exterior del país vía océano pacifico. En especial son relevantes las ubicaciones estratégicas de los municipios de Argelia y El Tambo, núcleos localizados en zona montañosa que utiliza los ríos San Juan de Micay, Naya y Guapi como medio de transporte de insumos químicos y droga procesada.

Debemos entender que los cultivos ilícitos en la región son uno de los motores de las acciones violentas, y paradójicamente son una de las fuentes de ingresos más estables con las que cuentan las comunidades indígenas y campesinas de la región. En el norte y occidente del Cauca en los municipios de Corinto, Toribío y Miranda persisten cultivos de marihuana y por su parte la hoja de coca es cultivada en las zonas bajas de la cordillera occidental del Cauca, especialmente por campesinos y comunidades afros. En el departamento de Nariño los cultivos se concentran en la costa pacífica y límites con el Ecuador.

Estos hechos han desembocado en amenaza a comunidades indígenas, que, en ejercicio de control territorial, han disuadido la siembra, instalación de laboratorios o trasporte de ilícitos en sus territorios. Por su parte los líderes sociales y excombatientes que lideran el proyecto PNIS, viene sufriendo también amenazas contra la vida y seguridad personal. Posterior a estas amenazas se han dado confinamientos y desplazamientos individuales y colectivos, persistiendo también los asesinatos selectivos y el sicariato para el control territorial de actores armados y grupos delincuenciales.

Por otra parte, esta presencia de múltiples actores armados aprovecha la debilidad económica de los habitantes de las zonas rurales de Cauca y Nariño, para adelantar reclutamiento de excombatientes, comunidades indígenas y de menores de edad. Las disputas territoriales entre los diferentes grupos también han creado combates entre estas diferentes estructuras armadas, dejando a la población y a excombatientes en medio del fuego cruzado en varias ocasiones. Por último, podemos identificar que la presencia de actores armados ilegales incide en el aumento de casos de extorsión y pago de vacunas.

Asimismo, las comunidades de zonas veredales se han visto constreñidos al cumplimiento de cumplimiento de manuales de convivencia y restricciones a la movilidad impuestos por los actores armados; así como se han presentado acciones violentas derivadas o como retaliación ante ejercicios de control territorial por parte de las autoridades de los resguardos a través de las guardias indígenas.

2.3 Modalidades de afectación

En esta dinámica violencia, se ha dado un fenómeno de permanente adaptación y mutación de grupos armados ilegales vinculados a la seguridad y control de la siembra, procesamiento, transporte o comercialización de cocaína y marihuana, a la minería ilegal, a proyectos agroindustriales y a procesos de apropiación y compra de tierras. Podemos hacer una caracterización de estos grupos agrupándolos en cuatro categorías principales:

• Grupos armados ilegales sucesores del paramilitarismo.
• Organizaciones criminales derivadas de carteles transnacionales del narcotráfico
• Bandas delincuenciales.
• Organizaciones insurgentes.

Las organizaciones insurgentes presentes en los departamentos de Cauca y Nariño son el Ejército de Liberación nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y grupos de tipo disidente/reincidente de las FARC que se han opuesto a los acuerdos y a su implementación. Estas organizaciones cobran impuestos especialmente a las actividades ilícitas, acuden al secuestro y a la extorsión como método de financiación.

Estas organizaciones han sido absorbidas por las dinámicas del control de las rentas, el narcotráfico y la degradación del conflicto armado colombiano, imponiendo una noción de control social, frente a quien se ubica como opositor o detractor a dichos interés, cambiando su modus operandi hacia el control y disputa por territorios con una alta relevancia estratégica. Los grupos del tipo disidente/reincidente tienen manifestaciones principalmente locales y regionales. Se movilizan en pequeños grupos con armas a la vista de la comunidad cuando operan en zonas rurales, especialmente en zonas con cultivos de coca y marihuana, mientras que en los centros poblados permanecen de civil portando armas cortas. Adelantan atentados a partir del uso de explosivos y emboscadas a la fuerza pública.

Por su parte, los Grupos armados ilegales sucesores del paramilitarismo, actúan en la usurpación de tierras, cobro de vacunas, explotación minera a pequeña y gran escala, seguridad en proyectos agroindustriales, ganaderos y actividades relacionadas con el narcotráfico. Su presencia tiene fines de control territorial en zonas rurales y urbanas para la cooptación del poder político local y de las autoridades regionales, estableciendo redes de apoyo, inteligencia y seguridad propias; por lo que llegan a instalar retenes y controles sobre vías intermunicipales y veredales, imponen horarios, toques de queda y restricciones en la movilidad.

Estas estructuras se oponen abiertamente a las organizaciones sociales, políticas o étnicas que disputen su hegemonía económica o política. Por lo que buscan controlar la vida de las comunidades donde actúan, estigmatizando la organización y/o protesta social y la participación política de oposición. Manteniendo características y formas de acción similares a las de sus predecesoras, sobre todo comparten sus objetivos políticos y económicos, generando una persistencia del fenómeno paramilitar.

Aunado a ello, utilizan estrategias de reclutamiento forzado, amenazas, homicidios selectivos, atentados, desapariciones, confinamiento y desplazamientos forzados. En contextos urbanos y cabeceras municipales actúan por medio de terceros, aplican estrategias de subcontratación, involucrando bandas delincuenciales, pandillas y combos locales. Cuentan con una presencia mayoritaria en municipios del departamento de Nariño, donde ejercen el control territorial en ríos, principales puertos y embarques.

Las Organizaciones criminales derivadas de carteles transnacionales tienen su expresión en los territorios a través de alianzas con organizaciones delincuenciales locales. Movilizan importantes recursos económicos, sosteniendo un relacionamiento de subcontratación con otros grupos armados, no cuentan con un grupo de hombres en armas propio, sino que funcionaban bajo la modalidad de compra de servicios o favores.

Por su parte los grupos delincuenciales se encuentran ligados a negocios y actividades de narcotráfico, amenazas, extorsiones y robo a las comunidades rurales, sin una estructura organizativa clara, ya que depende de liderazgos individuales marcados. Estas estructuras venden sus servicios a estructuras criminales o civiles, nacionales o extranjeras. Desarrollando acciones que vulneran los acuerdos entre comunidades locales y diferentes actores, violando los DDHH y degradando el conflicto en todos los aspectos, dado que su principal objetivo es el lucro.

La consolidación de estas diferentes formas de grupos armados ilegales va directamente en detrimento del proceso de reincorporación de los excombatientes FARC y de la paz territorial. Poniendo en tensión a los excombatientes y miembros de las comunidades, en su integridad y sostenibilidad económica, aumentando las probabilidades de ser cooptados y reclutados.

2.4 Modelo u orden que se quiere imponer y sus fines

Las economías ilegales, la minería y el tráfico de estupefacientes ha generado que en los departamentos de Cauca y Nariño confluyan los intereses del Clan del Golfo, los Pelusos, estructuras del ELN, las columnas móviles Dagoberto Ramos en la cordillera Central y la Jaime Martínez sobre el río Naya, miembros de las disidencias de las FARC del autodenominado Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente y el EPL. Dichas estructuras han copado el territorio dejado por las FARC y ahora controlan las rutas y economías ilegales, imponiendo un modelo de rentístico de violencia territorial, funcional a la pervivencia y sostenimiento de dichas economías ilícitas. Generando violencia hacia las comunidades que se oponen a este modelo de poder territorial, a los cultivos de marihuana, coca y a la minería ilegal en sus territorios, afectando especialmente a las comunidades indígenas, afrocolombianas y excombatientes.

Este cambio de actores armados ilegales en los territorios del suroccidente Colombiano, ha reconfigurado las relaciones de control territorial y la espacialidad de la convivencia y los proyectos de vida, que se ha manifestado principalmente en la creación de estructuras de micropoderes necesarias para los distintos actores del conflicto, en función de consolidar sus operaciones ilegales, aumentar el poder económico y coaccionar la voluntad de las comunidades; consolidando así una estrategia de territorialidad que incluye el ejercicio de la violencia para mantener esta hegemonía. 

3. Proyecciones y recomendaciones

Una vez firmado el Acuerdo Final, se empezó a avanzar en un nuevo paradigma en materia de seguridad que se encuentra por desarrollar, y que deberá ser construido con la participación de las comunidades y organizaciones sociales en los territorios del país. El mayor desafío que surge con la implementación de este Acuerdo de Paz, ha sido la seguridad y protección de las comunidades, los líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes, sus familias y las condiciones del nuevo partido surgido como resultado de la firma del Acuerdo.  En un contexto de frágil presencia institucional, poca incidencia social y presencia estatal, la seguridad de las poblaciones y los que participan del proceso se ha visto afectada, por la permanencia y expansión de organizaciones armadas ilegales, por la activación de conflictividades de distinto tipo, así como por los problemas y rezagos en otros componentes del Acuerdo, especialmente el relativo a la reincorporación y la sustitución de cultivos ilícitos.

En virtud de lo anterior es importante tener en cuenta los siguientes elementos para la implementación de una estrategia de materialización de las instancias y mecanismos de las garantías de seguridad:

Recomendaciones hacia gobierno nacional

1. Es importante para el gobierno nacional y los gobiernos locales la construcción de confianza ciudadana fundada en una actuación legitima, legal, trasparente y respetuosa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
2. El impulso de un enfoque de seguridad contemporáneo: la institucionalidad debe reconocer y aplicar en sus políticas públicas, nacionales y locales, un cambio de perspectiva de la seguridad, avanzando de conceptos tradicionales, a entender la seguridad dese un enfoque multidimensional e intersectorial que pase por las características de la seguridad humana.
3. Ampliar el debate público en temas de seguridad y defensa a nivel central e incentivar una agenda en este respecto en los gobiernos locales, el legislativo, los medios de comunicación y escenarios de opinión pública. Promoviendo una conciencia de la importancia de la participación y comprensión de esta política para el país.
4. La expresión en hechos, de una voluntad política a través de medidas de reconocimiento púbico, por parte de la institucionalidad, nacional o local,  a la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos, no requiere de presupuestos significativos y refleja un respaldo del accionar de los ciudadanos y organizaciones sociales.
5. Por su parte las Fuerzas Militares requieren de capacidades elevadas, especiales y sofisticadas para dar frente a un espectro de amenazas y estructuras criminales diversas en contextos complejos, implementando un accionar operacional ceñido a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por lo que se deben adaptar las capacidades operativas con fuerzas modulares creadas a la medida y con un impacto medido en relación a la amenaza, dosificando en el uso de la fuerza y con un énfasis en desestructurar. Esto a su vez implica resolver el traslape de competencias entre la policía y el ejército.

En relación con el Gobierno Nacional y los acuerdos de paz

1. Se requiere comprender los acuerdos de paz como un todo interconectado, un sistema de acciones y mecanismos vinculados, puesto que entenderlo de otro modo debilita la implementación del acuerdo. Por lo que es necesario que espacios como la Comisión de Alto Nivel para la Seguridad y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad sean fortalecidas, en este mismo sentido es necesario avanzar en la construcción del Plan Estratégico de Seguridad y Protección de que habla el punto 3.4 de los acuerdos y articularlo al Programa de Protección Integral para la FARC a través de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, permitiendo monitorear el comportamiento de las amenazas y riesgos de la población objeto, su entorno social y comunitario, así como fortalecer sus capacidades para prevenir, proteger y mitigar daños derivados de la continuidad de la violencia.
2. Diseñar, producir y ejecutar una estrategia comunicacional de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y el Consejo Nacional de Paz que promueva una labor pedagógica en torno a la construcción de paz, la reconciliación, la convivencia, y especialmente la no estigmatización de los excombatientes de las FARC-EP, los militantes del partido FARC, además de líderes/as sociales y defensores de derechos humanos.
3. Los líderes sociales en el país son asesinados por ejercer la acción comunal, participar en la reclamación de tierras, promover la implementación de los acuerdos de paz o promover la sustitución de cultivos ilícitos. La respuesta estatal a través de La política de seguridad y defensa ha priorizado los planes de recompensas y visibilización de los responsables materiales. Sin embargo, la captura o baja de los cabecillas de los grupos armados violentos en los territorios no han debilitado estas estructuras, ya que rápidamente otro de sus miembros asume esta posición, sin desvertebrar el conjunto de componentes de estas estructuras criminales complejas, sus ramificaciones en el Estado y sus economías ilícitas. Por lo que solo la llegada plena del estado con condiciones de seguridad, justicia, legalidad y oportunidades económicas para sus pobladores, la implementación de los Programas de Desarrollo con enfoque territorial (PDET) y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), desestimulara la presencia y capacidad de incidencia de este tipo de actores violentos de los territorios o de las economías ilegales que los sustentan.
4. A pesar de un complejo escenario en los temas de seguridad y la consolidación de diversos actores armados ilegales en los territorios, así como el crecimiento de las economías ilegales asociadas el narcotráfico, aún las comunidades y pobladores de estos territorios buscan la oportunidad de implementar proyectos económicos en el marco de la legalidad, están dispuestos a participar en iniciativas de fortalecimiento de sus formas organizativas comunitarias, y en la búsqueda de un desarrollo endógeno local, en vías de mejorar sus propias condiciones de vida.
5. Es cuestionable el fundamentar el éxito de la seguridad y protección a las comunidades y ex combatientes FARC a partir de resultados numéricos relacionados con la captura de autores materiales y del control parcial y total del territorio desde una óptica militar propia de un escenario de guerra tradicional. Es necesario incluir nuevos indicadores que den cuenta de la transición de lo militar a lo civil, indicadores que valoren las condiciones de necesidad material de las comunidades y excombatientes, que permitan implementar medidas de forma coordinada entre las entidades estatales.
6. Establecer canales de comunicación con las comunidades étnicas en vías de fortalecer la guardia indígena, cimarrona y campesina, respetando su autonomía, como medidas de autoprotección comunitaria y territorial.
7. Una de las formas de enfrentar las diversas amenazas surgidas en los territorios ha sido la efectiva coordinación entre la UNIPEP, los Batallones del ejército dispuestos en territorio, la UNVMC y la Subdirección Especializada UNP, los cuales han sostenido un esfuerzo de cooperación en la conformación de la  Instancia  Tripartita  de  Seguridad  y  Protección  (ITPS)  como mecanismo operativo para afrontar los complejos temas en materia de seguridad. Su metodología y dinámica de trabajo se ha basado en la cooperación y un método de trabajo práctico que permite la coordinación desde lo local, lo regional y lo nacional; vinculando a la población objetivo y protegidos en el circuito del apoyo al esfuerzo institucional, experiencia importante de replicar.

Sociedad civil.

Es necesario desarrollar una idea de incidencia, social e institucional por niveles, mecanismos técnicos, jurídicos, políticos y/o institucionales. En el contexto actual se debe plantear la incidencia política con un enfoque de derechos y de seguridad humana, en un primer momento hacia la garantía de los derechos fundamentales de las comunidades en riesgo, comprendiendo que la incidencia política hacia el desarrollo local y el cumplimiento de los DESCA es fundamental.

En este sentido, también se debe priorizar por niveles y según el sentido de urgencia y/o atención temprana para las garantías de seguridad, vida e integridad. De acuerdo con lo anterior, se requiere apoyo a los procesos de participación, de fortalecimiento comunitario autónomo, en aras de reconocer y potenciar sus fortalezas, los elementos que cohesionan y dan fuerza a la colectividad, robusteciendo sus capacidades y dinamizando la construcción de planes de incidencia en las políticas públicas y decisiones estatales, en pro de brindar las condiciones de seguridad y protección a cargo del Estado colombiano.

1. Promover la acción comunitaria para la configuración de una Seguridad Humana, atendiendo las condiciones y vulnerabilidades estructurales y a las dinámicas que generan las condiciones de vulneración de derechos individuales y colectivos. En este sentido el fortalecimiento y efectividad de la presencia estatal y de los gobiernos locales en la materialización de los derechos económicos sociales y culturales y en la realización de los proyectos de vida, se constituye en la premisa básica de implementación de la seguridad humana.
2. Incentivar la acción comunitaria respecto al Sistema de Alertas Tempranas y al CIPRAT por medio de la participación en las sesiones y envío información al SAT -Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la CIPRAT- Comisión Intersectorial para la respuesta rápida a las alertas tempranas-, frente a las situaciones de riesgo que se vivan en el territorio y que tengan la potencialidad de generar daño a la vida, seguridad e integridad personal. Para ello es pertinente desarrollar sesiones en terreno, para promover respuesta rápida a situaciones de riesgo y exigir respuesta, respecto de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
3. Suscitar la participación comunitaria en los Consejos Territoriales de Seguridad y la realización de audiencias especiales, cuando se presenten situaciones donde estén amenazadas la vida seguridad e integridad personal, buscando el compromiso de todas las entidades territoriales con competencia.
4. Insertar en la agenda de gobierno de las nuevas administraciones municipales, como primer respondiente, la elaboración de los Planes de Prevención y del Plan de Mitigación de riesgo general, frente a derechos a vida, integridad y seguridad personal. Los mismos planes deben tener recursos, para dicha respuesta a situaciones, teniendo en cuenta la presunción de riesgo extraordinario de población FARC y el enfoque diferencial de defensores y defensoras. Este plan debe contemplar la gestión y monitoreo de situaciones de riesgo, por parte del subcomité de prevención a violaciones al derecho a la vida, seguridad e integridad personal de la ley de víctimas.

[1] Franco Restrepo, Vilma Liliana. (2009). Orden contrainsurgente y dominación. Bogotá, Instituto Popular de Capacitación: Siglo del Hombre Editores.

[2] Política de Defensa y Seguridad PDS para la Legalidad, El Emprendimiento y la Equidad. (2018-2022). Presentación de la Política Iván Duque.

[3] Acto legislativo 02 del 11 mayo de 2017: Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio así: Artículo transitorio. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz  estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución Política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del Acuerdo Final, con sujeción a las disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

[4] Política de defensa y seguridad 2019 (PDS): campos de la política – líneas Campo 1. Disuasión y diplomacia para la Defensa y la Seguridad Campo 2. Control institucional del territorio Campo 3. Desarticular el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana Campo 4. Institucionalidad para la Defensa y la Seguridad.

[5] Política de defensa y seguridad 2019 (PDS) Objetivos estratégicos: 6.1.1la soberanía, Garantizar independencia y la integridad territorial 6.1.2 Proteger a la población y contribuir a su bienestar. 6.1.3 Lograr el control institucional del territorio. 6.1.4 Preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales, como activos estratégicos de la Nación e intereses nacionales. 6.1.5 Consolidar la seguridad para la legalidad y contribuir al emprendimiento y el logro de la equidad 6.1. Innovar, transformar y fortalecer el sector de defensa y seguridad 6.1.7 Garantizar la protección, profesionalización y bienestar de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y sus familias.

[6] Iván Duque advierte de que cambiará los acuerdos de paz sin romperlos. El aviso del nuevo presidente de Colombia siembra dudas sobre la continuidad del proceso con las FARC 2018. Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2018/06/18/colombia/1529351991_715042….