Esta jornada fue apoyada y acompañada por la Fundación Heinrich Böll Colombia, la cual se llevó a cabo del 4 al 6 de mayo de 2018 en Puerto Boyacá, Boyacá. De este encuentro se produjo la siguiente declaratoria.
Más de 50 organizaciones sociales y ambientales de Bogotá, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Quindío, Risaralda, Antioquia, Santander y Tolima nos reunimos en Puerto Boyacá, entrada al Magdalena Medio, en el III Encuentro del Movimiento Nacional Ambiental para continuar estrechando lazos de solidaridad y unidad, fortaleciendo las estrategias de defensa del territorio, nuestros derechos a la participación y autonomía territorial.
Nos convocan sueños comunes y el entusiasmo de seguir construyendo alternativas de vida y sustentabilidad, en sintonía con las vocaciones reales de nuestros territorios, la diversidad cultural y la construcción de paz con justicia social y ambiental.
Denunciamos la avanzada de un modelo de desarrollo extractivo, inequitativo, riesgoso y responsable de graves daños sociales y ambientales, como se evidenció en Campo Lizama y otros territorios del país. Rechazamos las acciones del gobierno colombiano que restringe el derecho a la participación de las comunidades encaminada a la defensa del territorio y del ambiente. Alertamos a toda la ciudadanía que los principios constitucionales, entre ellos el principio democrático del Estado Social de Derecho y la autodeterminación de los Pueblos, se encuentran en riesgo, debido a los sistemáticos obstáculos que impone el gobierno nacional frente al ejercicio de las consultas populares, consultas previas y Planes de Vida de las comunidades Indígenas, Afrodescendientes y Campesinas.
Este modelo arrasa con principios constitucionales como la participación y la autonomía territorial, amenaza y despoja los territorios y sus comunidades del derecho a la vida. De esta manera vemos como Colombia ocupa el deshonroso segundo lugar en el mundo de asesinatos a líderes y lideresas del territorio sin que nuestra sociedad se conmueva y el Estado enfrente de manera decidida esta situación.
Exhortamos a la Corte Constitucional a velar por el respeto y garantía del principio democrático y el goce efectivo del derecho a la participación de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, en particular las consultas populares que han venido siendo promovidas y ejercidas de manera legitima y pacifica por diversas
comunidades en el país.
Instamos al gobierno nacional a respetar la democratización de los territorios y a ratificar el Tratado de Escazú, un acuerdo latinoamericano con medidas concretas para garantizar los derechos a la información, la participación y la justicia en materia ambiental. Asimismo, a dar cumplimiento al Acuerdo de La Habana y a fortalecer las
conversaciones con el ELN, pues solo en un territorio en paz es posible la reconciliación con la naturaleza.
Invitamos a todo el pueblo colombiano a fortalecer las acciones de defensa del territorio, el agua, nuestra biodiversidad y la responsabilidad con las generaciones futuras. El contexto electoral debe llamarnos a tomar posturas activas y críticas einformar a nuestras comunidades sobre las propuestas de los candidatos y exigir alternativas al extractivismo que signifiquen oportunidades de construir una economía distinta, equitativa, justa y diversa Convocamos a los movimientos sociales y ambientales a tejer acciones para fortalecer y acompañar los diferentes procesos de autodeterminación territorial y les invitamos a participar en la “Semana por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio” que se realizará del 1 al 8 de junio con Marchas Carnavales, plantones y tomas culturales en diferentes lugares del país.
Puerto Boyacá (Boyacá), 6 de mayo de 2018
