La vida de la ciudadanía se deteriora por los efectos de las altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera. La contaminación causa muertes y enfermedades prematuras y, además, altera la economía de los países en desarrollo y sus dinámicas económicas y sociales: «[l]a mala calidad del aire constituye una amenaza para la salud, el bienestar social y el desarrollo económico a nivel mundial y en la región de América Latina y el Caribe» (Clean Air Institute, 2012, p. 31).
Colombia se encuentra cerca de decidir si permite o si prohíbe el fracking. El fracturamiento hidráulico (o fracking, el anglicismo más popular) es una técnica de extracción de hidrocarburos, gas y petróleo en los llamados yacimientos no convencionales (YNC). La extracción de hidrocarburos que se encuentran en YNC, en contraste con la misma operación en yacimientos convencionales, implica mayores costos, más riesgos ambientales y en la salud pública y más uso de energía y de materiales. Por eso, hay un debate mundial acerca de esa técnica, inscrita en las crecientes y múltiples presiones del cambio climático: estas presiones comprometen los ecosistemas y la supervivencia de distintas formas de vida sobre el planeta, incluida la humana y amenazan con fenómenos meteorológicos extremos
Una acción de tutela interpuesta por organizaciones de la sociedad civil, con apoyo y representación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, demandó a 26 entidades del Estado, buscando garantías para los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las riberas del Atrato, afectadas por la contaminación y degradación del río y su entorno. Tras la tutela, La Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Repasar el devenir de los procesos organizativos permite reconocer las variables que los han fortalecido, disminuido o transformado. En el caso de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander, los procesos territoriales y de resistencia campesina a las imposiciones de modelos de explotación y de vida se remontan a la época de la colonia, pero no hace falta irse tan lejos para identificar los elementos de arraigo y valor simbólico y material que los identifican.
Las páginas que siguen se proponen como parte de esas búsquedas dentro del diálogo de saberes y del hacer propio de quienes hemos venido apoyando las luchas de los hombres y mujeres campesinos, indígenas, afrocolombianos, y pobladores urbanos del país, en torno a sus resistencias territoriales, y a sus búsquedas de verdad, justicia y reparación, y de cambio del modelo de desarrollo dominante.
En Colombia, se ha acatado y aplicado la acción política recomendada por los promotores internacionales de la economía verde en el país. Este número de la colección de alertas sobre economía verde, ahondará en la forma en que, en el país, se ha creado el lugar necesario para adoptar e instaurar la economía verde, en la institucionalidad y en la política pública.
Ésta es la primera de una serie de publicaciones sobre la llamada economía verde, a la que nos acercamos para debatir sobre ella, específicamente, alrededor de las consecuencias de su enfoque y de su implementación en materia de justicia ambiental y social. Nos centramos en sus orígenes, para comprender lo que esa propuesta persigue y las circunstancias históricas que permitieron que surgiera; la implementación en Colombia y, específicamente, en sus avances en la Amazonia colombiana.
El departamento del Tolima es uno de los departamentos con mayor biodiversidad de Colombia, cuenta con tres complejos de páramos, bosques de niebla, humedales ramsar, reservas forestales protectoras y múltiples ecosistemas estratégicos que hacen de éste departamento una región sin igual en términos ecosistémicos y culturales. Con la llegada de grandes proyectos minero-energéticos a los territorios las comunidades han visto amenazada su soberanía energética y alimentaria, la autonomía territorial y el derecho colectivo a la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre si se desarrollan o no este tipo de proyectos, como también el derecho a gozar de un ambiente sano, la autonomía territorial, la participación ciudadana y la construcción de un desarrollo alternativo distinto al extractivismo, junto a la posibilidad de garantizar su derecho colectivo al ambiente sano.
El Movimiento Nacional Ambiental es un proceso de articulación de distintas organizaciones sociales de base, plataformas ambientalistas y ONG colombianas que desde el año 2017 vienen promoviendo un espacio de articulación nacional con el objeto de seguir fortaleciendo los procesos de defensa del agua, la vida y los territorios que se oponen a la imposición de proyectos mineros, petroleros e hidroeléctricos por todo el territorio nacional.
El 80% de la población latinoamericana vive en ciudades, las cuales sufren un alto grado de injusticia social y segregación espacial. En especial los grupos sociales pobres en su mayoría viven en barrios sencillos al borde de las ciudades, donde la calidad del transporte público es deficiente. Además, la inseguridad y los altos niveles de violencia en las ciudades frecuentemente limitan la movilidad diaria en gran medida.
