La Casa de la Mujer, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Colombia, llevó a cabo el proyecto “Escuela Feminista: Mujeres jóvenes entrelazando poder local”, el cual se cristalizó en un proceso de formación dirigido a mujeres jóvenes de Bogotá, Chía, Ibagué, Mosquera, Soacha y Tunja. Fue una invitación para repensar los idearios comunes desde nuestras experiencias de mujeres y visiones de mundo, del pasado, del presente y del porvenir en un país que desea dar el salto de la guerra a la paz; así las cosas se gestó un espacio para la construcción conjunta de saberes entre las mujeres, saberes que nacen en sus cuerpos y en sus historias, y que orientan la construcción de espacios de sororidad, de libertad, de creatividad en la construcción de rutas que les posibilite estar en los espacios de poder local.
Este artículo pretende descubrir los poderes fácticos que determinan la construcción de el megaproyecto Hidroituango y la relación entre las tensiones ambientales, territoriales y de las poblaciones que esa obra desencadena. Y se pregunta: ¿cuáles son las implicaciones ambientales y qué pasa cuando un proyecto de infraestructura
desplaza a las poblaciones?
En las siguientes páginas se trabaja con una hipótesis: factores reales de poder han influenciado la política pública de salud de manera sistemática. Esos factores reales de poder son las corporaciones financieras y los grupos de interés asociados a la existencia de las EPS, entendidas como vehículos para captar de manera rentista recursos públicos de la salud.
Este paper presenta una sinopsis de un análisis sobre la instauración y transformación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), hoy denominadas como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en tres diferentes municipios del suroccidente de Colombia (Buenos Aires, Caldono y Tumaco). La investigación destaca las diferentes problemáticas coyunturales de los actores locales frente al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) y su respectiva participación en las ZVTN/ETCR. A su vez, ilustra los grandes desafíos que los diferentes actores tienen que afrontar para alcanzar una paz territorial incluyente y duradera.
Con este número de Ideas Verdes se busca abordar el término de la reconciliación que muchas veces parece impreciso, pero que resulta ser un elemento clave del discurso político, ya que se repite en diversas circunstancias. Si bien parece ser un término reconocido generalmente, surgen muchas veces preguntas como: ¿qué se
entiende exactamente por reconciliación? ¿Y como la comprenden las personas?
Las siguientes páginas contienen un informe sobre la violencia sociopolítica en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos y de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y de familiares suyos. Y lo hacemos en tiempos de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
El proceso de paz genera un reordenamiento de poderes y de territorios y se presentan mandos que quieren copar dichos territorios (legales e ilegales). Hay violencias alrededor de las economías de guerra de los cultivos de coca, de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y elementos de poder político.
El documento busca realizar un recorrido por el fenómeno de los grupos narcoparamilitares, a partir de las investigaciones adelantadas por Indepaz desde el 2006.
Desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón en Bogotá entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC el 24 de noviembre de 2016, se viene implementando lo pactado en ese documento, por supuesto, unos puntos avanzan con más agilidad que otros y otros se mantienen estancados por completo.
Con tres años largos de conversaciones exploratorias, el 7 de febrero de 2017 el Gobierno y Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron al país el inicio de conversaciones de manera formal. Al igual que lo sucedido con las Farc, se informó la existencia de la garantía de un acompañamiento internacional por parte de Ecuador, Cuba, Brasil, Chile y Noruega, a los que se le sumarían luego un bloque europeo, con Holanda, Alemania, Suecia e Italia. Dos meses después, ya instalada la Mesa en Quito, se dio el primer anuncio de carácter positivo, el desarrollo de un programa piloto para desminado humanitario.
