Una acción de tutela interpuesta por organizaciones de la sociedad civil, con apoyo y representación del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna”, demandó a 26 entidades del Estado, buscando garantías para los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las riberas del Atrato, afectadas por la contaminación y degradación del río y su entorno. Tras la tutela, La Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
