Ellas las que no se rinden

Tras la desaparición forzada de Nydia Érika Bautista el 30 de agosto de 1987 por agentes de la Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia del ejército colombiano, Yanette Bautista se vinculó a la Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos -Asfaddes, en donde inicialmente fue la secretaria general y posteriormente su presidenta hasta el año 2000.
Yanette fue una mujer que dedicó su tiempo, conocimiento, trabajo y compromiso a luchar contra las desapariciones forzadas en el mundo, aunque el lugar principal de su labor fue Colombia, aportó a que se conocieran las desapariciones forzadas desde su rol de presidenta de la Federación Asociaciones de Familiares de Detenidos - Desaparecidos en América Latina – FEDEFAM, al final de los años 90.
En 1997 tras múltiples amenazas y hostigamientos se vio forzada a partir al exilio a España inicialmente en un programa de protección de Amnistía Internacional y posteriormente a Alemania y finalmente a Costa Rica. En el año 2006 regresó a Colombia en donde creó junto la Fundación Nydia Érika Bautista para los Derechos Humanos, organización que dirigió hasta el día de su fallecimiento el 1 de septiembre de 2025.

Desde la creación de la Asociación para los Derechos Humanos Nydia Érika Bautista en Alemania, durante su exilio, realizó espacios de formación con mujeres de Filipinas, Turquía, Sri Lanka, promoviendo la Federación Asiática de organizaciones de familiares de desaparecidos. En México consiguió para Amnistía Internacional, la realización del primer informe sobre las mujeres desaparecidas en Ciudad de Juárez en la Frontera con Estados Unidos.

Tras su fallecimiento se han realizado diversos homenajes alrededor de Colombia y en algunos lugares del mundo que reconocen sus aportes a la defensa de los derechos humanos. La noticia que se registró en cientos de medios nacionales e internacionales reconoce su incondicional entrega a las mujeres buscadoras, a quienes se reconoce y dignifica su labor hoy gracias a la Ley 2364 de 2024 que escribió Yanette con sus propias manos y dejó como uno de sus mayores legados.

Las mujeres que buscan a personas desaparecidas según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas son más de 28.818 (Según información con corte del mes de septiembre, en el mapa se presentan según los datos de las solicitudes presentadas a la Unidad de Búsqueda UBPD hasta el mes de agosto de 2025) en el marco del conflicto armado. La Unidad de Víctimas en Colombia que integra en el RUV (Registro Único de Víctimas) en promedio a tres familiares por cada persona registrada como víctima de desaparición forzada y llega a identificar aproximadamente a 150 mil personas como víctimas indirectas. En Colombia se reconoce en la Ley de Victimas, que la desaparición afecta indirectamente a su núcleo familiar. Además de estos registros es importante calcular un aumento en proporción a los casos no registrados, el denominado subregistro crece debido a las dinámicas del conflicto armado, por ejemplo, el registro según el informe final de la Comisión de la Verdad hablaba de 114 mil víctimas y un aproximado de 92.000 casos en el subregistro en el marco del conflicto armado, que según lo determinó la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, comenzó en 1985 y concluyó en 2016.

Aunque los casos de desaparición forzada en el país se registraron hacia los años 30 del siglo XX, los casos reportados de manera sistemática iniciaron a finales de los años 70s, que son los primeros que se reconocieron como desapariciones forzadas. Es preciso aclarar que estos casos no eran tomados como “desapariciones” para la institucionalidad, ya que el delito fue reconocido en la legislación colombiana solo en el año 2000 a través de la ley 589, en donde se tipificó como delito.

Los casos de los años 80´s como la desaparición de 12 estudiantes de las universidades públicas en Bogotá, que darían origen a la primera organización de familiares de personas detenidas-desaparecidas en 1982 -ASFADDES- eran notificados por las autoridades como secuestros o posibles homicidios. Desde la creación de ASFADDES hasta el reconocimiento del delito se presentaron una docena de proyectos de ley que fueron rechazados sistemáticamente por más de cuatro gobiernos consecutivamente entre 1985 y el año 2000.

Pocos meses después de aprobada la Ley 589 de 2000, fueron desaparecidos en la ciudad de Medellín, dos integrantes de ASFADDES, Ángel Quintero y Claudia Monsalve

Varios años después se lograría demostrar que en esas desapariciones estuvo involucrado el jefe de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el general de la policía Mauricio Santoyo, quien estuvo detenido en Estados Unidos por narcotráfico y al regresar a Colombia fue interrogado por su participación en estas dos desapariciones a las que respondió negativamente.

 Esta es una constante cuando se ha logrado identificar a los autores materiales e intelectuales de desapariciones forzadas, su opción ha sido el silencio en los escenarios judiciales, de carácter transicional como la JEP o en la Justicia Ordinaria y en mayor medida en la Justicia Penal Militar.

Es evidente que el Estado nunca quiso reconocer su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos y en la ejecución de las desapariciones forzadas como parte de la Doctrina de Seguridad Nacional en la que la figura del “enemigo interno” buscaba la eliminación física de líderes de oposición al gobierno, como son los grupos de estudiantes de universidades públicas, sindicalistas, militantes de partidos políticos asociados a la izquierda y simpatizantes de agrupaciones clandestinas porque se consideraban la base social de las organizaciones guerrilleras.

Según se determinó en la sentencia que condena al Estado colombiano en el caso del sindicalista Pedro Julio Movilla Galarcio en junio 22 de 2022 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta doctrina de Seguridad Nacional creada en el marco de la lucha contrainsurgente en América latina y aplicada desde el Estatuto de Seguridad Nacional durante el gobierno de Turbay Ayala 1978-1982 sigue aún vigente en Colombia y debería ser desmontada según lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia emitida en el caso de Pedro Julio Movilla.

La impunidad en Colombia para los casos de desaparición forzada es aproximadamente del 99,9 %, este porcentaje resulta del cruce de las sentencias condenatorias por desaparición forzada que se aproximas a los 400 casos con los más de 135 mil registros que ha identificado la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, según la última actualización del Universo de víctimas.

Para que un caso sea aceptado a nivel internacional se debe demostrar que han sido agotadas todas las vías judiciales a nivel interno de los países. Es importante resaltar entonces que la falta de acción judicial en Colombia se convierte en un escenario adverso para la exigencia de derechos vulnerados a los familiares de personas desaparecidas.

El trabajo es permanente y constante por parte de equipos jurídicos que representan a las víctimas indirectas, que en su mayoría resultan ser mujeres, ya sea porque los desaparecidos son hijos, hermanos, padres o esposos o en el caso de mujeres desaparecidas, son ellas, las mujeres quienes se encargan de interponer las denuncias y quienes se enfrentan a la travesía de la búsqueda. Son ellas, las que han denunciado en los medios de comunicación y a la sociedad la ocurrencia del delito y su sistematicidad, son ellas las que se han vinculado a procesos organizativos para aprender cómo hacer incidencia ante las instituciones del Estado, para la reivindicación de sus derechos, para hacer parte de los procesos de memoria, para dignificar a las víctimas y para que no sean olvidados por la sociedad.

Son ellas las que no se rinden, las mujeres que buscan a los desaparecidos quienes han impulsado la creación de mecanismos como el Mecanismo de Búsqueda Urgente -MBU- que obliga a las instituciones del Estado a articularse en las horas inmediatas a la ocurrencia de la desaparición, para que sean ubicados los desaparecidos sin tener que esperar las 72 horas que exigían las autoridades a las familiares, quienes debían esperar para interponer las denuncias correspondientes.

Según las familias, estas primeras horas son fundamentales en la posibilidad de ubicar con vida a los desaparecidos. Ellas también impulsaron que la declaración de “muerte presunta” a la que fueron inducidas las familias para recibir un apoyo económico, conocido como “ayuda humanitaria” por parte del Estado colombiano, fuera sustituida por una declaración de ausencia por desaparición forzada. Antes ellas debían firmar un documento en el que asumían que su familiar se encontraba fallecido. Un documento que las revictimizaba para acudir a una obligación del Estado.

Las mujeres también impulsaron la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, integrada por representantes de las instituciones cuyo mandato incluye atención a las víctimas de desaparición forzada. También motivaron la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) como parte del Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación junto a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz, como resultado de las negociaciones de Paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia.

Estas son instituciones de carácter transicional y en el caso de la UBPD tiene carácter humanitario y extrajudicial. Desde su creación la UBPD ha recuperado identificado y entregado alrededor de 700 cuerpos de los 3.000 cuerpos recuperados de víctimas de desaparición. Si se tiene en cuenta la cantidad de solicitudes de Búsqueda que tiene la institución, que han ascendido a 34.963, es una cifra bastante baja con relación al universo de víctimas (135.000 personas desaparecidas). En el año 2024, la UBPD encontró 141 personas reportadas como desaparecidas con vida.

Es importante que la entidad haga pública la forma en la que va a dar prioridad a los casos en los que se van a enfocar los planes nacionales y regionales de búsqueda de personas desaparecidas, de acuerdo a sus capacidades y a los recursos con los que cuenta, que muchas veces ha sido el argumento para comunicarle a la sociedad porque no avanzan más en su propósito y objetivo.
Por su parte la JEP en el marco de sus investigaciones en las que se priorizan macro-casos, nunca se determinó abrir uno de estos procesos por desaparición forzada, aludiendo a que todos estos macro-casos conllevan casos de desaparición y es un delito transversal a todos los otros macro-casos priorizados que involucran por un lado a los exintegrantes de la guerrilla de las FARC, como por el otro a integrantes de la Fuerza Pública. Además, se ha logrado vincular a terceros civiles que han participado de manera directa con alguno de los dos actores mencionados anteriormente.

Es importante resaltar que entre la JEP y la UBPD, las dos instituciones del Sistema Integral de Verdad, justicia, Reparación y No Repetición, se han presentado públicamente diferencias por el tema de la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de cuerpos a las familias de los desaparecidos. Entre los más de 80 lugares protegidos por Medidas Cautelares por parte de la JEP, por solicitud de las organizaciones de víctimas, se encuentran cementerios y lugares de enterramiento en donde se presume, que puede haber cuerpos de personas que fueron desaparecidas e inhumadas de manera ilegal.

Uno de ellos es el lugar conocido como La Escombrera en Medellín en donde según las investigaciones fueron arrojados los cuerpos de las víctimas de la operación Orión, una operación Militar en Medellín que dejó un centenar de víctimas y decenas de víctimas de desaparición forzada. Gracias al trabajo de la JEP se han localizado los primeros cuerpos inhumados en ese lugar, demostrando que La Escombrera si fue un lugar de enterramientos clandestinos con víctimas a las que no se identificó.

En otros lugares más alejados de los centros urbanos como el Estero San Antonio en Buenaventura, la búsqueda es más compleja porque las mareas cambiantes, los manglares y los riesgos de seguridad por la presencia de diversos actores armados dificultan el acceso y la permanencia en el territorio. Los hornos crematorios que fueron una práctica de los grupos paramilitares desde los años 90 para borrar la evidencia de su crueldad podrían ser convertidos en lugares de memoria de las víctimas, pero allí es imposible la identificación y recuperación de las víctimas.

Riesgos, amenazas y hostigamientos contra las mujeres buscadoras de desaparecidos 

La estigmatización, las amenazas, la persecución y la violencia sexual han sido algunas de las violencias ejercidas contra las mujeres buscadoras, estas entre otras razones han sido la razón para el desplazamiento forzado y el exilio al que se han visto obligadas para conservar sus vidas. Los complejos contextos institucionales de las entidades encargadas de la búsqueda son factores que complejizan las acciones de búsqueda, la identificación y la entrega digna de las personas desaparecidas a sus familiares.

Con este panorama las mujeres que buscan a las personas desaparecidas forzadamente en Colombia enfrentan múltiples retos no solo para interponer las denuncias, para su participación en los procesos de búsqueda y acceso a la inalcanzable justicia, sino que además han sufrido múltiples violencias de género entre las que se encuentra en primera medida la estigmatización, no solo por parte de las autoridades policiales y militares sino por parte de grupos al margen de la ley. Esto se suma a que un sector de la sociedad las ve como parte de la “desestabilización del régimen” pues han logrado demostrar la responsabilidad de agentes del Estado, de la Fuerza Pública con la connivencia en muchos casos de actores como lo son los grupos paramilitares. Algunos alcaldes, gobernadores y funcionarios y servidores públicos las han señalado de ser idiotas útiles de la guerrilla. En múltiples ocasiones estos funcionarios y servidores han impedido las denuncias, entorpecido los procesos de búsqueda, ocultado pruebas y testimonios o simplemente no han realizado su labor por apatía y desinterés en las violaciones a los derechos humanos o sienten miedo a las represalias por parte de los autores de estas desapariciones y se autocensuran.

Según el informe “Transformar los dolores en derechos”, elaborado por Amnistía Internacional en el marco de la campaña Buscar sin miedo, asumir la búsqueda de desaparecidos implica asumir que esos roles implican exponerse a riesgos, amenazas y ataques inaceptables. “Cuando las mujeres buscan, se enfrentan a la arbitrariedad, la impunidad y la acción violenta, a veces estatal, otras no estatal (…) En la mayoría de los casos esa violencia está cruzada por el machismo. (…) Entre otras formas de violencia contra las mujeres, las amenazas se refieren a sus cuerpos o a sus roles de género y los perpetradores acuden a la violencia sexual de forma desproporcionada en contra de ellas.

El informe de Amnistía describe los riesgos, amenazas y ataques contra la Fundación Nydia Érika Bautista, organización de víctimas, conformada por familiares y para familiares y que además es una organización de mujeres. Nydia Érika fue desaparecida por miembros de Inteligencia del Ejército colombiano en 1987, Yanette su hermana la buscó durante tres años hasta que logró encontrar sus restos en una fosa común, sin identidad alguna como N.N, en julio de 1990. Yanette fue directora de ASFADDES, hasta que tuvo que partir al exilio junto a su familia en 1997. Posteriormente tras su retorno al país, en 2006 la Fundación en honor a su hermana en Colombia. Desde entonces Yanette Bautista como su directora fue víctima de estigmatización por parte del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien la señaló de ser integrante del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en el Catatumbo en el marco de la participación de las víctimas en los diálogos en la Habana, Cuba. También lo fue por parte de grupos paramilitares como las Águilas Negras en diversos panfletos en los que decían acabarían con su vida. Por su parte Andrea Torres directora del área jurídica y directora de la Fundación Nydia Érika desde octubre de 2025, fue víctima intento de secuestro junto con su esposo en la ciudad de Bogotá.

Las mujeres buscadoras han librado batallas desde la resistencia y la persistencia por el reconocimiento de la desaparición como delito, por reducir los niveles de impunidad, porque las instituciones reconozcan a sus familiares en los registros y a ellas debidamente como mujeres buscadoras y víctimas indirectas ante los entes oficiales.

La Fundación Nydia Érika Bautista ha sufrido en varias ocasiones el robo de información sensible que compromete su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Yanette Bautista y Andrea Torres escribieron e impulsaron el proyecto de ley para que se reconociera la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Colombia como constructoras de paz y defensoras de derechos humanos, lo hicieron sin rendirse con varios momentos adversos hasta que fuera aprobada en las sesiones plenarias del Congreso de la República, pero sin desistir en ningún momento.

La ley 2364 de 2024, una ley que reconoce y dignifica a las Mujeres Buscadoras de desaparecidos 

Una de las madres buscadoras más reconocidas por su persistencia y por su compromiso con el esclarecimiento de la desaparición de su hijo fue Fabiola Lalinde, ella con su estrategia denominada operación “cirirí” un ave que lucha contra los halcones para recuperar sus crías, logró recuperar el cadáver de su hijo Luis Fernando Lalinde, quien fuera asesinado por el Ejército de Colombia en combates ocurridos en Jardín Antioquia en 1984. Después de recuperar los restos doña Fabiola Lalinde no se detuvo en su búsqueda de justicia. Para presionarla y deslegitimar su lucha le inventaron un operativo de falsa bandera en el que le pusieron en su vivienda 2 kilos de cocaína de alta pureza para relacionarla como un dirigente de la narcoguerrilla y por lo cual le darían 25 años de prisión.

Estos hechos ocurrieron un 23 de octubre de 1988, fecha que ha sido tomada en su honor como el día Nacional de las mujeres buscadoras. El 18 de junio de 2024 fue aprobada en el Congreso la Ley 2364 que reconoce a las mujeres buscadoras de desaparecidos como constructoras de paz y les hace un reconocimiento por sus aportes a la democracia y a la memoria colectiva y además identifica que son revictimizadas en diferentes escenarios.

La ley 2364 reconoce varios principios, entre ellos se encuentran la dignidad, la igualdad y no discriminación en razón de su sexo, raza, origen, lengua religión, opinión política o filosófica. La integralidad como mecanismo de protección a las mujeres buscadoras que comprende el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, además de garantizar el derecho a la información, a la justicia y a la atención psicosocial por parte de entidades.

La no revictimización en el que el Estado se compromete a la eliminación de cualquier tipo de comportamientos, procedimientos y actitudes por parte de servidores públicos, entidades que afecten o vulneren la dignidad de las mujeres buscadoras.

La participación en el sentido de garantizar espacios en los que se tomen decisiones de planes, programas, proyectos y procedimientos relacionados. La acción sin daño para evitar la generación de efectos e impactos negativos sobre los derechos de las mujeres buscadoras.

La corresponsabilidad reconoce el deber del Estado para implementar las medidas de reconocimiento, sensibilización, prevención, atención y protección; por tanto, el Estado reconoce que se deben erradicar de manera definitiva cualquier tipo de violencias contra las mujeres buscadoras.

El principio de interseccionalidad al integrar a diversos sectores para el reconocimiento, la participación y la protección de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Como último principio se encuentra la interculturalidad en el que se reconoce que quienes ejercen funciones públicas deben considerar la diversidad cultural frente a los elementos de búsqueda de desaparecidos, con relación a grupos o colectividades perteneciente a comunidades negras, afro, raizales palenqueras, indígenas o ROM.

En la ley 2364 “por medio de la cual se reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres de víctimas de desaparición forzada” se desarrollan elementos clave para su reconocimiento como constructoras de paz y defensoras de derechos humanos por la contribución que han realizado para el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aunque en el artículo 6 de la ley se anuncia un plazo de (3) meses siguientes a la expedición de la ley, a la fecha de realización de este reportaje noviembre de 2025, no ha sido expedido el decreto reglamentario que contiene los lineamientos técnicos para la participación de las mujeres buscadoras. Según fue expresado por el delegado del Ministerio de Justicia quienes se han encargado de la coordinación interinstitucional sobre el desarrollo e implementación de la ley, falta la firma de la ministra de trabajo y del presidente de la República Gustavo Petro.

En el capítulo 4 de la ley justamente se desarrollan los deberes del Estado frente a las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. En relación con la constitución política y los derechos de acceso a la administración de justicia y a la información.

Entre los aspectos importantes que desarrolla la ley 2364 de 2024 están los derechos a la verdad, a la memoria histórica, a la reparación integral y resalta el reconocimiento público de su labor, a la protección y a las garantías de seguridad para el ejercicio de la búsqueda libre de las personas desaparecidas.

En la ley se resalta la atención que deberán recibir por parte de las entidades del Estado las mujeres buscadoras, se encuentra la atención psicosocial diferenciada y destaca a las mujeres buscadoras que se encuentren en situación especial de vulnerabilidad para recibir apoyos económicos por parte del Estado.

Debido a las razones anteriormente expuestas frente a la estigmatización se destacan el derecho a un buen nombre y a la unidad familiar incorporando los derechos culturales indígenas y afrodescendiente.

Por último, la ley resalta que las mujeres buscadoras recibirán respaldo en las labores de pedagogía para la sensibilización pública y social, además de orientación en su formación organizacional. Y que se garantizará la participación y la contribución en procesos de paz y en las decisiones gubernamentales que afecten sus derechos. Por su parte el Estado adoptará y aplicará medidas de sensibilización, prevención, atención y protección.

Es fundamental tener en cuenta que si se han desarrollado estos apartados es porque hasta el momento no han sido garantizados estos deberes del Estado con relación a los derechos de las víctimas y que por esta razón son incluidos de manera expresa y precisa.
Las organizaciones que trabajan por la erradicación de las desapariciones forzadas en Colombia y que desde su quehacer cotidiano le exigen a las instituciones del Estado colombiano, a los funcionarios y servidores públicos que se comprometan a cumplir con lo ordenado en la ley de mujeres buscadoras, que desde su rol realicen acciones que ayuden a prevenir las desapariciones forzadas, pero que a su vez actúen desde la ética y los principios que están consagrados en la Constitución política colombiana.

Las mujeres buscadoras de personas desaparecidas son defensoras de derechos humanos, contribuyen a la memoria histórica y a la construcción de paz. Esa es su herencia, ese es su legado, esa es la reserva ética desde donde le hablan al país, desde su dolorosa experiencia para que las heridas no se sigan transmitiendo de generación en generación como se viene heredando la impunidad y la incertidumbre o la enfermedad. La esperanza radica en el compromiso de la sociedad para que no se siga estigmatizando su labor, sino que por el contrario se convierta en acciones efectivas y solidarias ante estos crímenes que no han sido resueltos. Para que las madres que empezaron su búsqueda hace décadas puedan descansar en paz.