El modelo de desarrollo colombiano se ha cimentado en el extractivismo, basado en la explotación de combustibles fósiles y minerales, lo que ha generado severos impactos socioambientales, dependencia económica y afectaciones directas a la salud y los medios de vida de las comunidades. Esta realidad se agrava por una histórica desigualdad que incrementa la vulnerabilidad de los territorios y limita la garantía de derechos fundamentales, exponiéndolos a crisis como la climática. Ante la necesidad de una transición, la entrada de nuevos modelos energéticos y productivos (como grandes parques eólicos o el hidrógeno) a menudo solo reproduce un "extractivismo verde", concentrando beneficios en pocas manos y perpetuando la insostenibilidad.

Frente a esta situación, diversas comunidades —afrocolombianas, indígenas, campesinas, de mujeres y juventudes— están impulsando alternativas sustentables a través de saberes tradicionales y prácticas locales de gestión de bienes comunes, como la agroecología y los acueductos comunitarios. Estos ejercicios de defensa territorial y autonomía buscan consolidar modelos justos que reduzcan los conflictos socioambientales. Desde la Fundación, apoyamos a las organizaciones de la sociedad civil, sus alianzas, redes y movimientos ambientales en los debates nacionales y regionales sobre el modelo económico extractivo y el posicionamiento de propuestas alternativas sustentables. El objetivo es impulsar propuestas de incidencia, gobernanza territorial y gestión comunitaria para lograr transformaciones socioecológicas con justicia social, climática y de género.

Nuestras copartes son: 

Colombia continúa enfrentando profundos desafíos para avanzar en la construcción de la paz, incluso después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y de los esfuerzos recientes por alcanzar una paz integral y abrir posibilidades de diálogo con los diferentes grupos armados en el país. Las persistentes desigualdades sociales, la consolidación de poderes fácticos -clanes políticos, paramilitarismo, el crimen organizado y otras económicas asociadas al conflicto armado y el extractivismo- han dificultado la implementación territorial de la paz y han implicado permanentes riesgos para la sociedad civil, en particular para las personas defensoras de derechos humanos.

Las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos siguen enfrentando barreras estructurales para el acceso a derechos y a la participación política. Aunque se han logrado avances normativos, la violencia de género, el feminicidio y las limitaciones en derechos sexuales y reproductivos evidencian retrocesos y disputas abiertas en materia de igualdad y justicia. La impunidad frente a violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de protesta, desapariciones forzadas y abusos vinculados a la actividad empresarial profundiza la desconfianza institucional y limita el ejercicio de los derechos humanos.

En este contexto, promovemos una democracia basada en una sociedad informada, libre de violencias, justa y en paz. Por ello, apoyamos y trabajamos de manera articulada con organizaciones de mujeres y feministas, de derechos humanos y medios alternativos de periodismo investigativo en el fortalecimiento de la participación política, en develar estructuras de poder y contrarrestar la desinformación, y en procesos de incidencia política para la protección y defensa de los derechos humanos, de las mujeres y el acceso a la justicia. Esta incidencia la desarrollamos a nivel nacional e internacional orientada a la construcción de redes e influencia en la toma de decisiones de actores clave en políticas y estándares de derechos humanos, tales como el sector público y legislativo, académicos y organismos internacionales.

Nuestras copartes en democracia son: