El pasado 21 de julio, The Guardian publicó en sus redes sociales un impresionante video, en el que expone cómo el incremento de temperatura en solo 7 días generó alrededor del mundo fuertes incendios, olas de calor, sequías y deslizamiento. A la vez, este mismo mes se consolidó como el más cálido registrado en el planeta, unido al desastroso año en acción climática, donde cada año se supera el registro máximo de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el incremento de temperatura de los océanos y eventualmente, la masiva y acelerada pérdida de biodiversidad.
En paralelo, mientras se superan todos los límites biogeofísicos del planeta, en las negociaciones del Acuerdo de París avanza un Comité de transición para hacer operativo un nuevo fondo y los acuerdos necesarios de financiamiento para responder a las pérdidas y daños alrededor del mundo. Aunque el Secretario Ejecutivo de la ONU de Cambio Climático, Simón Still, enfatizó en una reunión en marzo en que “el comité está aquí no solo para construir un fondo, sino para crear algo mucho más grande: un salvavidas para las personas y los lugares en situaciones de mayor vulnerabilidad" la realidad es que estás discusiones siguen quedando en los escritorios, bajo estructuras burocráticas, en negociaciones meramente económicas y bajo una búsqueda de no asumir una responsabilidad plena del globo norte.
A pesar de la evidencia territorial y científica que consolidan cada vez más la generalización rápida y más intensa de la crisis climática, movimientos climáticos y ambientales se cuestionan ¿cómo reparar o responder a las pérdidas y daños sin cometer los mismos errores pasados? Ante esta y otras preguntas, el pasado 25 de julio se dió en Manizales un diálogo con periodistas y sociedad civil convocado por Climate Tracker, Censat Agua Viva la Fundación Heinrich Böll Colombia, el cual buscó reflexionar sobre el alcance político de las pérdidas y daños en Colombia. En este espacio, además de reconocer la importancia de diferenciar las pérdidas y daños entre eventos discretos, agudos, crónicos, paulatinos, económicos y no económicos, permitió reconocer la violencia histórica que implica su abordaje. Mientras la mitigación y la adaptación han sido institucionalizadas en diversos discursos, las pérdidas y daños es un tema que se ha tercerizado, sin un doliente que asuma la responsabilidad, victimizando cada vez más a todas las poblaciones que son más vulnerables y que no tienen suficiente responsabilidad ante la crisis.
La tercerización de la responsabilidad del globo norte, como lo enfatizó en este diálogo Juan José Guzamn, ha sido consciente y decidida. Esto se ha expresado en una mera respuesta humanitaria a todos los hechos adversos de la crisis y en los mismos instrumentos climáticos. Por ejemplo, en las primeras decisiones, a puertas de la presentación oficial del Acuerdo de París en 2015, donde se reconoció en el Artículo 8 que los Estados deben “evitar, reducir y afrontar las pérdidas y daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta…”, en la decisión de la COP21 del mismo año, suscribieron que el artículo 8 “no implica ni da lugar a ninguna forma de responsabilidad jurídica o indemnización”.
Ante estos hechos, a pesar de la buena fe de las negociaciones de este nuevo mecanismo, Adriana Vásquez considera clave el rol de reconocer las pérdidas y daños no económicos, no para establecer un sistema de valoración que permita transar con un cheque los impactos, sino para reconocer la magnitud de los impactos y asignar responsabilidades. Esta importante consideración se conectó con lo que compartió Alejandra Gomajoa Quinchoa, quien desde su proceso ASOMI en Mocoa, Putumayo reconoció la falta de respuesta institucional en planeación y gestión del riesgo ante la tragedia ocurrida en 2017, donde tuvieron que responder de manera colectiva como compartir su territorio y víveres con las mujeres y jóvenes afectadas ante la ausencia del Estado, además de cargar con el dolor de la pérdida de vidas humanas.
Este caso, junto con otros que han quedado invisibilizados, confirma la violencia que ejerce la profundización de la crisis climática contra las comunidades, la cual se extiende y se generaliza no solo durante el desastre, sino después del mismo; sumado a los contextos donde en muchos casos la corrupción, la captura del Estado y la negligencia ahonda desigualdades e injusticias para evitar o superar los impactos de la crisis.
A partir de estas narrativas, Juan José Guzman conectó con la apuesta que el país lleva años promoviendo: la paz. La Comisión de la Unión Europa en su marco para responder a las pérdidas y daños, detalla la necesidad de reconocer los impactos, promover reparación, conservar la memoria y reconstruir la historia, brindar apoyo psicosocial e identificar vías para evitar la repetición. Estas medidas contempladas en este ejemplo, como expresó Juan José, son cercanas al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición del país.
Este nexo de ideas no es al azar. La crisis climática es un fenómeno que violenta a las comunidades y a los territorios y es cuando se aborda las pérdidas y daños donde se puede ver explícita la violencia climática. De ahí que, como lo resaltó Diego Cardona, pensar que quienes sostienen la crisis son un pequeño porcentaje de la población, distribuidos en cada unos de nuestros países, que son llamados a responder para garantizar los derechos que han sido vulnerados, como derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales , que incluso pueden ser vulnerados en un solo evento climático a la vez
Este enfoque para países como Colombia permitiría obtener respuestas sobre cómo abordar la violencia causada por las pérdidas y daños de la crisis climática. El reconocimiento de la magnitud del daño sería estratégico para identificar responsables y evitar en la medida de los posible la no repetición de tragedias que se traducen en muchos casos en pérdida de vidas. La apuesta de identificar estos impactos en agendas de derechos humanos, género, culturales y étnicas lograrían considerar criterios de justicia para las comunidades y pueblos más vulnerables. Como ejemplo de esto, se calcula que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dato que es crítico ante Estados que no consideran este tipo de fenómenos y no tienen rutas de respuesta.
Asimismo, abre un mundo complejo pero sensato sobre cómo abordar las pérdidas y daños en contextos no directamente relacionados con desastres climáticos, como son los impactos causados por la dependencia fósiles y la transición. Un ejemplo de esto, es el impacto laboral a territorios que se vieron obligados a ser dependientes del carbón o los impactos a perpetuidad donde en muchos casos no existen marcos claros estatales que asignen una responsabilidad concreta sobre quién asume el costo de los mismos para las futuras generaciones.
De esta manera, estas propuestas y aproximaciones de abordar la crisis como un hecho violento, con responsables concretos, son coyunturales para un momento político como el actual, donde en diversos espacios internacionales y nacionales se ha expresado la necesidad de saldar la deuda histórica a territorios y comunidades que han enfrentado los impactos de una profunda dependencia a fósiles y los efectos de los mismos. De aquí que, abordar esta crisis sea un asunto político y ético y se cuestione si los principales emisores estarán dispuestos a asumir su responsabilidad y reparar la crisis o esperar la ebullición global.
Video: La crisis ya está en los territorios | Sesión 1 - Manizales
