Colombia tiene por primera vez en su historia un gobierno de bases populares. El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció su intención de que el país sea pionero en una política climática ambiciosa, y se comprometió a asumir un rol protagónico en la transición hacia una economía sin carbón ni petróleo en América Latina.
Colombia. El nuevo Gobierno comunicó desde su campaña electoral la intención de que Colombia lidere una política climática justa y que asuma un papel estelar en la transición energética de la región. Este es un mensaje que el presidente Petro ha reiterado tanto en su discurso de posesión presidencial como durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 20 de septiembre. Allí planteó críticas estructurales frente al papel del norte global en los procesos de deforestación, en la lucha contra las drogas a costa del medio ambiente, calificó al petróleo y al carbón como venenos y señaló que estos se han convertido en la peor adicción de la humanidad así su uso pueda extinguirla. El mandatario colombiano también afirmó que los combustibles fósiles cambiaron la atmósfera de manera profunda y mortífera.
En todos estos espacios Petro ha planteado la idea de dejar atrás la dependencia exclusiva del modelo extractivista, y democratizar el uso de energías limpias para generar capacidades nacionales. Se convierte así en el primer gobierno colombiano que cuestiona el modelo económico extractivo. Históricamente ni el Estado ni el sector privado habían estado dispuestos a discutir el cambio de paradigma. Este inédito rumbo se ve reflejado en el nombramiento de Irene Vélez, una docente investigadora en temas de conflictividad ambiental como ministra de Minas y Energía, a quien le encargó la tarea de acelerar la transición energética en el país y de posicionar a Colombia como una de las naciones líderes de las energías limpias y promotoras de vida. Así mismo, en la escogencia de la Ministra de Ambiente: Susana Muhammad, una reconocida ambientalista, para que impulse su compromiso en la lucha contra el cambio climático. Estas designaciones se complementan entre sí por compartir similitudes en los perfiles profesionales de las ministras, en dos carteras que en el pasado no estuvieron articuladas.
Diálogo de pares entre gobierno nacional, ciudadanos y empresarios minero-energéticos
Los objetivos del Gobierno para el periodo 2022-2026 son la paz total, la justicia social y la justicia ambiental. Para materializarlos la nueva administración se enfocará en cinco transiciones con un fuerte enfoque de derechos humanos y de género. Las dos transiciones más relevantes en materia de desarrollo económico con justicia social son los pilares uno y dos: el primero propone a “Colombia líder en lucha contra el cambio climático” y el segundo apunta a una transición “de una economía extractiva a una economía productiva” en la que predomina la descarbonización de la economía a través de la democratización de los “espacios rural, urbano y digital”.
Estas transiciones deberán quedar consignadas en el llamado Plan Nacional de Desarrollo (PND). El documento establece los lineamientos estratégicos de las políticas públicas que formulará el presidente a través de su equipo de Gobierno, así como los objetivos de corto y largo plazo y sus mecanismos de financiación. Un elemento para resaltar es que en este proceso de formulación se contemplan espacios de participación ciudadana a través de la consulta previa con los grupos étnicos y una serie de diálogos y audiencias regionales vinculantes con comunidades que iniciaron el pasado 16 de septiembre. El objetivo de estos diálogos es definir colectivamente, con actores públicos y privados, las prioridades del PND, así como escuchar y sistematizar las propuestas y proyectos para los próximos cuatro años. El término “vinculantes” busca corregir la problemática tradicional de la falta del compromiso estatal frente a las propuestas provenientes de la participación ciudadana.
El PND deberá completarse, incluyendo el proceso de discusión y aprobación por parte del Congreso de la República, antes del 7 de mayo de 2023. La transición energética deberá quedar consignada tanto en la parte general del PND, en la que se establecen los propósitos nacionales de largo plazo de la política económica, social y ambiental, como en el plan de inversiones públicas que contiene los presupuestos plurianuales de inversión nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución.
Para la financiación de esta transición energética, el plan de Gobierno de Petro también propone la creación de un fondo con recursos de las regalías y la eliminación de algunos beneficios tributarios de las industrias extractivas. Sin embargo, el articulado de la nueva reforma tributaria recientemente presentada al Congreso de la República plantea un punto contradictorio que propone eliminar el artículo que garantiza que el recaudo del impuesto al carbono llegue a iniciativas de protección de la naturaleza. Este es uno de los conflictos a los que se enfrenta la transición: la necesidad de financiar el cambio de modelo, y para ello usar recursos que podrían salir de los combustibles fósiles, pero que al final en el proceso de negociación entre los gremios y el gobierno, o entre el ejecutivo y el legislativo se modifican, se eliminan o terminan destinados a otros asuntos.
La lucha contra el cambio climático y la búsqueda de un modelo productivo sostenible igualmente pasan por la transición energética. En este punto, el Gobierno de Petro ha invitado a los actores de las industrias extractivas, nacionales e internacionales, entre ellas la estatal petrolera, Ecopetrol, a participar del proceso escalonado de generación de nuevas energías, “enfocadas en el viento, el agua y el sol (…) con un horizonte a 17 años”. Sin embargo, estas ideas generan miradas contrapuestas, ya que la industria de los fósiles propone por ejemplo que el gas sea visto como un energético de la transición, mientras que el Gobierno lo ve como una fuente de energía sucia.
Otro elemento conflictivo planteado por la actual administración es la promesa de que no se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni se permitirá la gran minería a cielo abierto ni el fracking. Estos temas, que han sido reclamados desde hace años por la ciudadanía por sus impactos sociales y ambientales negativos, generan múltiples preocupaciones económicas para las empresas ya que la principal exportación de Colombia es el petróleo y la producción de gas va en aumento. Para compensar la falta de esos ingresos, el Gobierno tendría que construir una hoja de ruta progresiva, justa y ordenada que promueva decididamente el crecimiento económico de otros sectores como las energías renovables, el turismo y la agricultura sostenibles.
Todo lo anterior busca que el país tenga un liderazgo en la política internacional de cambio climático a través del fortalecimiento de programas para proteger los bosques como Visión Amazonía u obtener compensaciones económicas por no explotar combustibles fósiles. Esto podría complementarse con el impulso de ideas como la conformación de un bloque de países amazónicos que negocien deuda externa por reducción de la deforestación. El gobierno también señaló que, bajo un enfoque basado en los derechos humanos y un mayor apoyo a las industrias nacionales, aumentará la producción de energía solar en la Guajira, aprovechará fuentes de biomasa y de biogás, estimulará proyectos de hidrógeno verde y revisará las condiciones de las actuales centrales hidroeléctricas -principal fuente de energía del país- bajo la premisa de que no se construirán más hidroeléctricas de embalse.
Acciones necesarias para conseguir la transición energética
El reto del cambio de modelo no es menor, pues el 56% de los ingresos por exportaciones de Colombia provienen del petróleo y del carbón. Para lograr que las transiciones energética y productiva sean exitosas, y evitar que el cambio de matriz energética se convierta en un “extractivismo verde 2.0” hay que garantizar que la minería que se necesita para las nuevas formas de energía no repita los errores de la explotación de combustibles fósiles. Aparte de los puntos ya contemplados por el nuevo Gobierno como el diálogo entre múltiples actores, para disminuir la polarización y generar consensos de desarrollo productivo desde lo local, y las reformas a la tributación, organizaciones no gubernamentales como la alianza del Foro Nacional Ambiental o Transforma Global señalan que el PND podría incorporar algunos de los siguientes puntos para impulsar este propósito:
- Desarrollar garantías laborales y sociales para las personas trabajadoras que dejarán las industrias extractivas.
- Reformar el código de minas que ya tiene más de 20 años y que requiere consulta previa con pueblos indígenas y otros grupos étnicos para su modificación.
- Promover y financiar la investigación sobre energías limpias.
- Articular con los gobiernos regionales y locales para incluir la transición energética en las ciudades ya que, por ejemplo, los sistemas de transporte e infraestructura públicas y privadas inmersos en los sectores industriales y de energía son dos de las principales fuentes de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el país según la Contribución determinada a nivel nacional (NDC de 2020) con 10,6 y 88,6 millones de toneladas deCO2 respectivamente.
- Incorporar la variable de cambio climático en todos los procesos de evaluación de impacto ambiental de proyectos de desarrollo energético.
Para lograr una transición energética social y ambientalmente justa se requiere recomponer y diversificar la matriz energética del país de manera gradual. Esto significa apostar por nuevas formas de producción de energía renovable que sean compatibles y coherentes con la lucha contra la crisis climática, y abandonar la dependencia de las hidro y termoeléctricas que han generado algunos de los conflictos socioambientales más grandes de Colombia por la contaminación, el desplazamiento forzado, la emisión de GEI y destrucción de la biodiversidad. Los nuevos proyectos productivos y energéticos deben respetar el ordenamiento territorial y las áreas protegidas, garantizar el derecho al trabajo, a la vivienda y al ambiente sano de las comunidades, y compartir los beneficios económicos con todos los actores locales.