El ‘regreso’ de los detenidos desaparecidos en Colombia

Después de 13 días de protestas en toda Colombia, que comenzaron el 28 de abril con la convocatoria del Paro Nacional, y de denuncias insistentes de las organizaciones de derechos humanos sobre la desaparición forzada de civiles en las protestas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía general de la república han admitido que se ha activado el Meca­nismo de Búsqueda Urgente (MBU) en 168 casos.

La Fiscalía insiste en que “hasta el día de hoy [10 de mayo] no existen denuncias formales por el de­lito de desaparición en el marco de las protestas y las manifestaciones de los últimos días”. La afirma­ción carece de valor analítico debido al colapso del país, la parálisis institucional, la falta de confianza en las instituciones policivas y judiciales [por ser consideradas parte del problema] y la situación de peligrosidad que se vive en los principales focos de la protesta.

Lo cierto es que ha sido en este Paro Nacional cuando la desaparición forzada en el marco de la protesta social ha tomado relevancia. Este informe de urgencia pretende ubicar el fenómeno desde el punto de vista del marco interamericano de derechos humanos y señalar la extrema gravedad de esta práctica delictiva que parece haber transita­do de la ‘lucha contrainsurgente’ y el combate a los movimientos sociales al escenario del control de las protestas, en una nueva versión de la “doctrina de seguridad nacional”1 de impacto masivo y consecuencias aún difíciles de dimensionar.

Cuando una persona que protesta se encuen­tra en paradero desconocido en contra de su voluntad —sea por una detención ilegal, por el secuestro por parte de escuadrones paramilitares o por otro tipo de acción de terceros— se trata de una desaparición forzada, dure lo que dure esta situación excepcional. De hecho, podemos afirmar que hablamos del regreso de una figura casi desterrada del vocabulario político del país: la de la persona detenida-desaparecida.

Como se indica en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP)2, “[se considera desaparición forzada la privación de libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

A este equipo le gustaría poder cartografiar, do­cumentar y denunciar el fenómeno con precisión, pero resulta imposible hacerlo con la información, la contaminación de la información y los vacíos del momento. Así que transformamos una cartografía imposible en un informe necesario pero condicio­nado por la urgencia del grave momento que vive el país.