Con este informe, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) busca esbozar patrones sobre el uso indebido del derecho identificados a partir del análisis de varios casos emblemáticos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos ocurridos entre julio de 2019 y el 30 de noviembre de 2021, partiendo del análisis del contexto actual en que ocurren las judicializaciones en contra de esta población de especial protección. Con ello, se pretende señalar una serie de recomendaciones para la atención de factores que inciden en la criminalización de la defensa de los derechos humanos.
La Resolución AG 53/144 de la ONU define como defensoras de los derechos humanos a “todas las personas que promuevan y procuren la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva”, sin embargo, las personas que han sufrido agresiones por ejercer esa labor permite ver que sobre lo obvio se impone lo absurdo.
El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades. Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques.
El Protocolo es una guía metodológica que parte de la legislación vigente y jurisprudencia aplicable, y que tiene por objetivo establecer lineamientos para la adopción de medidas pertinentes, por parte de las autoridades de orden ejecutivo en coordinación con la Policía Nacional, dirigidas a respetar el ejercicio de la protesta pacífica y garantizar los derechos de los/as manifestantes, e inclusive de quienes no participan directamente en las protestas.
Este informe hace una radiografía de una de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos más invisible en Colombia: la judicialización. Esta práctica sutil de persecución y criminalización es poca conocida, pero tiene efectos concretos en términos de paralizar o disuadir la labor de defensa de los derechos humanos.
