Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz
Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden los derechos humanos. El aumento de los ataques y agresiones a la vida, integridad física y libertad contra defensores y defensoras es alarmante. Desde el año 2012, hasta la fecha, se ha registrado un promedio mensual de 33.5 amenazas a defensores/as, 3.5 atentados, 7 personas defensoras asesinadas y 3 judicializadas.
La criminalización a través del uso indebido del derecho penal forma parte del conjunto de ataques, agresiones y obstáculos que deben enfrentar las personas defensoras en Colombia y que a menudo, suele ser invisibilizada. Esta modalidad de agresión ha venido incrementándose en los últimos 8 años, tiempo que coincide con un aumento inédito de la protesta social en Colombia, dado que con el inicio del proceso de negociaciones de La Habana entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, se generó un ambiente político en el país en el cual distintos sectores sociales posicionaron reivindicaciones que estaban bloqueadas por la primacía que tenía la guerra en la agenda pública del país. Tomando como referencia el año 2012, para el 15 de julio de 2019 ha habido un incremento de 244% de los casos en los cuales se ha hecho uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de defensa de derechos humanos.
El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) ha documentado que entre enero de 2012 y el 15 de julio de 2019 han sido judicializadas, 249 personas defensoras de derechos humanos. Esto significa que, en promedio, 33 personas defensoras han sido judicializadas cada año, es decir, una (1) cada 11 días durante los últimos 8 años. Cabe añadir que de 235 casos en los que se
conoce el sexo de las personas, el 17% son mujeres y el 83% son hombres.