Paradoja con rostro de mujeres: mujeres populares en tiempos de tempestad.

Indígenas Embera

Con la situación actual de alerta mundial debido a la COVID-19 logramos evidenciar la desarticulación intergubernamental y la fragilidad institucional para la garantía de derechos humanos de extensas poblaciones de todo el planeta. Sin distinción de credo, edad y etnia el virus ha dejado la puerta abierta para que Gobiernos y grandes grupos económicos decidan a rajatabla sobre la vida de millones de personas bajo la necesidad de contener la pandemia, como lo confirma la OMS, reconfigurando las necesidades básicas para la garantía de la vida ante este sistema depredador.

En Colombia, la historia ha sido parcialmente contada por un sector determinado en su mayoría masculino, blanco, heterosexual y perteneciente a elites socioeconómicas, y atendida por un Gobierno con baja capacidad de respuesta institucional, con graves sindicaciones por corrupción y extensos territorios desfalcados, dejando a la mano de “Dios” a los sectores populares, que son la mayoría de la ciudadanía. En términos de la protección del bienestar general, contamos con el agravante que ninguna de las restricciones sociales, sanitarias y económicas tomadas tiene enfoque de derechos, diferencial y de género, lo que redunda particularmente en la falta de reconocimiento a la protección de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres (cis y trans), orientaciones sexuales e identidades no hegemónicas y no normativas. Visibilizando la precaria situación de derechos fundamentales en las ciudades capitales y dándonos un abrebocas de la situación de los territorios periféricos que aún se encuentran sumergidos en las entrañas del conflicto y donde hay poca presencia Estatal.

Las mujeres colombianas en tiempos de Covid-19

La crisis causada por La Covid 19 ha hecho aún más evidente la brecha social entre hombres cis y el resto de la población por roles y estereotipos asignados socialmente, particularmente para las mujeres quienes han sostenido con su trabajo y cuidado la economía del país, según la cuenta satélite del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 2017 la economía del cuidado corresponde al 20% de PIB y no es remunerado. La afectación socioeconómica es abismal pues, en la mayoría de los hogares colombianos la fuente principal de recursos sociales e ingresos económicos provienen de las mujeres trabajadoras que desde el “rebusque”, el cuidado y labores feminizadas son el sostén de sus casas. Dichas garantías incluyen remuneración salarial a laborales asociadas al cuidado, acceso a trabajos legalmente remunerados, labores de cuidado emocional y sicológico, vida libre de violencias basadas en género, acceso a salud, salubridad y agua potable; derechos sexuales y reproductivos, liderazgo y organización comunitaria y ser la primera línea en cuidados y limpieza del sistema de salud, las cuales demuestran la precaria promoción de derechos civiles y políticos a su vez. Ausencia que en términos generales refuerza la noción de la feminización de la pobreza, problematización que hace siglos se enuncian desde principios feministas.

Por otro lado, el confinamiento ha traído consigo un aumento del 201% de violencias ejercidas en contra de mujeres: tanto al interior de los hogares como en el espacio público. Las cifras son alarmantes, las llamadas a las líneas dispuestas aumentaron hasta en un 79%, sólo contando a las mujeres que se atrevieron a denunciar. Lo que terminó en una decisión desafortunada del Gobierno Distrital de Bogotá al implementar una medida en la que en los hogares que denuncien algún tipo de violencia intrafamiliar no se beneficiarán de las ayudas Bogotá Solidaria en Casa (económicas ni productos de la canasta básica), lo que promueve y refuerza el pacto de silencio frente a la violencia machista y perpetúa el sacrificio de las mujeres para que las personas a su cargo cuenten con condiciones básicas para el desarrollo de sus vidas.

En cuanto a las medidas tomadas para el uso del espacio público, las restricciones sociales como la medida Pico y Género han causado gran impacto en la Capital, tanto las mujeres como personas con identidades no hegemónicas fueron expuestas ante la misoginia, homofobia y transfobia latente en la sociedad bogotana; ahora las mujeres son blanco de robos, miedo, intimidación y acoso cuando salen a realizar las compras. Por su parte, la Policía Metropolitana, encargada de vigilar el cumplimiento y control de la medida, es una institución que ha sido señalada a lo largo de su historia por casos de violencia física y sexual, lo que genera absoluta desconfianza entre la población. Como resultado de las primeras acciones represivas y machistas, las personas con identidades no hegemónicas han llevado la peor parte, han sido víctimas de violencia y persecución por parte de la Policía y la ciudadanía misma, una historia que se repite con o sin pandemia.

Así mismo, la situación particular de la niñez es preocupante. En estos momentos hay miles de infantes que se encuentran encerrados con sus abusadores (siendo víctimas de explotación infantil, maltrato y violencia sexual) que en la mayoría de los casos son familiares o personas conocidas; infantes que además hacen parte de redes familiares que desconocen las rutas institucionales de atención para protegerles y restituirles sus derechos. Sin embargo, el gobierno no ha tomado las medidas requeridas para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia, pues además de la exposición a entornos inseguros, tampoco tienen acceso a las instituciones educativas ni a la posibilidad de recibir clases de forma virtual, debido a la precaria conectividad y acceso a tecnologías de la información (conexión a internet ni computadores en casa); ni acceso a la alimentación complementaria, en el caso de quienes pertenecen a instituciones educativas públicas. Medidas que finalmente han sido adoptadas por las comunidades y las lideresas en los territorios.

En cuanto a la situación de las organizaciones locales de la sociedad civil que trabajan en la participación de la mujer en la paz y la seguridad y los procesos humanitarios, la pandemia ha incrementado la amenaza y violencias en contra de las defensoras populares de Derechos Humanos, el territorio, el ambiente y la paz, el confinamiento se ha convertido en el escenario perfecto para atentar contra la vida de líderes y ex combatientes dando un duro golpe a la construcción de paz y a la implementación del acuerdo de la Habana. Lideresas sociales han denunciado desde la precarización laboral hasta la violencia al interior de sus hogares, violencias por parte de agentes de la Policía en contra de mujeres adultas y jóvenes, los que las pone en un latente peligro.

Respecto a las mujeres que se dedican a sus pequeños emprendimientos, mercados locales y ventas ambulantes en sectores populares de la ciudad son atravesadas por todas las vulneraciones que hemos mencionado, que se quedan cortas al poner la lupa sobre la situación de las mujeres migrantes que se refugian y son parte de un segmento amplio de la población de sectores populares, que se han visto particular y duramente golpeadas, oprimidas y discriminadas por las instituciones.

En cuanto a la facilidad de contacto en tiempo real y virtual, evidenciamos la enorme brecha territorial existente para la conectividad en sectores populares de la ciudad como Usme y Sumapaz, debido a la falta de acceso a tecnologías de la información e infraestructura de telecomunicaciones, tanto a internet como a un computador. Para las organizaciones feministas y de mujeres populares que lograron migrar sus acciones activistas a espacios virtuales se identificó y reconoció la reconfiguración de nuevas formas de violencia: esta vez virtual, mediante ataques cibernéticos y amedrentamiento coordinados, organizados premeditadamente y de forma sistemática para limitar la acción de aquellas que centran su trabajo en el fortalecimiento del tejido organizativo de mujeres y sus procesos en defensa y activismo por los derechos humanos de las mujeres.

Mientras la Covid 19 le resta impulso a la depredación en contra de nuestra tierra y la aumenta sobre nuestras cuerpas, seguimos creyendo en el poder que tiene el tejer juntanzas con mujeres que, desde la cotidianidad de sus conocimientos, experiencias, sentipensares y espacios hacen realidad estas acciones co-creativas, colectivas y sororas. Sin duda la COVID-19 ha traído innumerables consecuencias perjudiciales para todos los seres humanos, pero hoy, las mujeres alzamos la voz y decimos no más a un sistema patriarcal, le decimos no más a la satanización de los encuentros entre mujeres, le decimos no a la violencia machista. Hoy las mujeres que podemos parar, paramos para luchar por los derechos de las que no pueden tomarse un respiro, hoy nuestros privilegios nos permiten empatizar, visibilizar y compartir esas experiencias qué nos motivan a construir con pasos agigantados un mundo mejor por nosotras y para nosotras, por nosotras y para la humanidad.

Juntanza colectiva de trabajo para Qollana Fundación – Tejedoras Populares de Paz.