El fracturamiento hidráulico (o fracking, el anglicismo más popular) es una técnica de extracción de hidrocarburos, gas y petróleo en los llamados yacimientos no convencionales (YNC) y consiste en inyectar a alta presión enormes volúmenes de agua mezclada con arena y otros productos químicos que buscan generar vías de flujo para hidrocarburos en formaciones rocosas con baja permeabilidad primaria. La extracción de hidrocarburos que se encuentran en YNC, en contraste con la misma operación en yacimientos convencionales, implica mayores costos, más riesgos ambientales y en la salud pública y más uso de energía y de materiales.
Por eso, hay un debate mundial acerca de esa técnica, inscrita en las crecientes y múltiples presiones del cambio climático: estas presiones comprometen los ecosistemas y la supervivencia de distintas formas de vida sobre el planeta, incluida la humana y amenazan con fenómenos meteorológicos extremos con consecuencias catastróficas. La contribución del fracking al cambio climático y sus potenciales daños ambientales sobre la salud y otros derechos han sido razones suficientes para su prohibición y moratoria en varios países como en Francia, Bulgaria, Alemania con algunas limitaciones, en Irlanda, Escocia y Uruguay; y en algunos Estados federales y provincias como los Estados de Vermont, Nueva York y Maryland en los Estados Unidos; la provincia de New Brunswick en Canadá y la Provincia de Entre Ríos en Argentina. Esta técnica fue declarada en moratoria en el Estado de Paraná en Brasil, en el Estado de Victoria en Australia y en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España.
El calentamiento global, principal causa del cambio climático, es a su vez producido, en mayor medida, por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Por medio del Acuerdo de París, firmado por 195 naciones en 2015, se definió tomar las medidas que se requieren para evitar un aumento de más de dos grados en la temperatura, con respecto a épocas preindustriales. Para lograr este propósito es necesario que en los próximos once años se reduzcan las emisiones globales de GEI a la mitad y a cero, en 2050 (Rogelj et al., 2015, p. 230*). Sin embargo, las medidas específicas a las que se han comprometido los gobiernos, llamadas Contribuciones determinadas a nivel nacional, están lejos de ser suficientes para lograr este propósito; su implementación lograría apenas que el aumento promedio de temperatura no sobrepase 3,2 grados (Heinrich Böll Stiftung, 2018). Es amplio el espectro de medidas posibles para reducir la emisión de GEI. Pero, más allá de esfuerzos puntuales de mitigación, es necesario, en el caso de Colombia, replantear la política energética del país para contribuir, de manera simultánea, a la meta del Acuerdo de París y a fortalecer la resiliencia socioecológica frente a los eventos climáticos. Aunque Colombia contribuye marginalmente a las emisiones globales, nuestro territorio es altamente vulnerable. Con una política pública de primer renglón orientada a transitar hacia energías limpias y justas, se desestimularía la extracción de hidrocarburos y, de manera prioritaria, la de los que hacen parte de las «energías extremas» (Klare, 2012): crudos pesados, hidrocarburos de aguas «ultra-profundas» o la explotación de YNC mediante el fracking. La explotación de las energías extremas exige el uso de mucha más energía y materiales e implica un mayor riesgo ambiental, a la salud pública y otros bienes comunes.
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