Informe especial de Derechos Humanos. Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares
Informe escrito por: Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular; Coordinación Social y Política Marcha Patriótica e Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz
Las siguientes páginas contienen un informe sobre la violencia sociopolítica en contra de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos y de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP) y de familiares suyos. Y lo hacemos en tiempos de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, Acuerdo Final) (Santos y Jiménez, 2016) y del desarrollo de conversaciones hacia otro acuerdo entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El periodo de análisis comprende entre el 24 de noviembre de 2016, día de la firma del Acuerdo Final, y el 14 de mayo de 2018.
Son motivo de regocijo y esperanza tanto el Acuerdo Final, que plasmó la solución política del conflicto armado entre el Estado colombiano y las Farc-EP, como los ciclos de diálogo en marcha con el ELN. Elprimero ha llevado «a la disminución considerable de los indicadores de violencia». Además, como consecuencia de su firma, «[l]a tasa de homicidios en 2017 [24 homicidios por cada 100.000 habitantes] fue la más baja de los últimos 42 años» y «[e]l Estado reconoce que la firma del Acuerdo de Paz no es la paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa (Estado colombiano, 2018).
Ha disminuido en más del 98 % el número de combatientes heridos y/o amputados (soldados, guerrilleras y guerrilleros) que llegaban a los hospitales del país y, en consecuencia, el dolor de familiares y comunidades que padecieron los rigores del conflicto.
No obstante haberse registrado esos aspectos positivos en materia de derechos humanos, es pobre la implementación normativa y territorial de lo pactado en el Acuerdo Final. Al mismo tiempo, varios sectores de la sociedad colombiana se han mostrado muy resistentes «a la implementación del Acuerdo», incluidos «actores políticos y económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios públicos» (Alto Comisionado, 2018) y se ha incrementado la violencia en el país contra líderes y lideresas sociales, contra defensoras y defensores de derechos humanos y contra excombatientes de las Farc-EP y sus familiares.