La Fundación Heinrich Böll en Colombia apoyó y presenció la designación y posesión de los guardianes y guardianas del Río Atrato, quienes tendrán la responsabilidad de representar los derechos de este Río reconocidos por la histórica Sentencia T-622 de la Corte Constitucional. La Fundación, además, tuvo la oportunidad de viajar por Río Quito, carcomido por la minería ilegal.
La Fundación Heinrich Böll en Colombia apoyó y presenció la designación y posesión de los guardianes y guardianas del Río Atrato, quienes tendrán la responsabilidad de representar los derechos de este Río reconocidos por la histórica Sentencia T-622 de la Corte Constitucional. La Fundación, además, tuvo la oportunidad de viajar por el Río Quito, carcomido por la minería ilegal.
Con la entonación de un alabado – coplas chocaonas con raíces africanas, españolas y romanas – todo el auditorio reunido en la Universidad Claretiana de Quibdó resumió los puntos centrales de esta Sentencia. Algunas estrofas dicen así:
Un enfoque ecocéntrico
presenta esta tutela
que la tierra no es del hombre
sino el hombre de la tierra
Los derechos del Atrato
protección, conservación
sigue el mantenimiento
y también reparación
Dos bastones indígenas, uno masculino y otro femenino, fluyeron de mano en mano por las mujeres y los hombres, respectivamente, que tomaron posesión para representar las organizaciones indígenas y afrocolombianas de toda la cuenca de este Río que nace a 3700 metros de altura en Carmen del Atrato, y atraviesa el Chocó de Sur a Norte para desembocar en el golfo de Urabá. El Atrato recibe las aguas de afluentes que bañan territorios dotados de una inconmensurable diversidad ecosistémica y cultural.
Guardianes y guardianas del Río Atrato juraron ante la audiencia y autoridades comunitarias y públicas representar al Río Atrato con criterio, que para el padre Sterling Londoño, vicario de la diócesis de Quibdó significa la plena conciencia, pero también la vergüenza de hacer el mal.
Por ausencia de autoridades públicas nacionales, departamentales y locales, con poder de decisión y que habían confirmado su asistencia, tuvo que aplazarse la concertación de los primeros pasos de defensa del Río Atrato.
Mientras tanto, el Río Atrato y sus afluentes en toda la cuenca están siendo corroídos por cientos de dragas que por su tamaño tienen el apodo de dragones. Y no se esconden en selvas inalcanzables. Una persona a los 2600 metros de Bogotá necesita menos de dos horas para encontrarse al primer dragón: 55 minutos de vuelo a Quibdó, quince en taxi al muelle y una media hora de navegación por Río Quito, afluente que desemboca en el Atrato en frente de la capital chocoana.
Viaje por Río Quito
Las dragas o dragones son embarcaciones de varios pisos, con algunas comodidades básicas: cuentan incluso con pipetas de gas y antenas de televisión. Sus fierros mecánicos remolcan y succionan la arena de las riberas del río y la vomitan de nuevo. Durante el proceso, tamizan el material, y sobre unos tapetes logran desprender el oro de la arena con ayuda del mercurio. Se encuentran solas en plena operación o abandonadas y descascaradas, o en grupos de a cinco, incluso doce. Se dice en la región que cada draga cuesta entre 800 y 1000 millones de pesos.
Al menos 20 dragas pudieron contar los representantes de la Fundación Heinrich Böll que acompañaron una visita técnica a Paimadó, la cabecera municipal de Río Quito. Durante el recorrido, el deslumbramiento por las tupidas selvas cede con rapidez al desconcierto: el cauce del río se vuelve amorfo y laberíntico. Montículos de arena separan distintos charcos y el verde desaparece de la vista en una de las regiones más biodiversas del planeta.
A la entrada del Paimadó, un policía custodia una estación de gasolina. El censo de 2005 arrojó que en ese momento, este municipio tenía un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas superior al 98%. Pero al parecer, la precariedad ha cambiado de rostro en los últimos años. Hoy, la mayoría de las casas no son de madera, sino de cemento. Los niños van a la escuela con una buena dotación y los egresados estudian en la Universidad en Quibdó, Medellín o incluso Bogotá.
Esto que podría parecer una bonanza no es sino el resultado de una población que apenas rasguña migajas del negocio. Los mineros vienen desde afuera. No es fácil establecer de dónde. Algunos señalan a brasileros veteranos en esta mafia en el Amazonas que trajeron su know how al Chocó. Incluso se habla de argentinos y chilenos. Otros mencionan colombianos relacionados con grupos paramilitares.
Algunos pocos locales pueden aspirar a lancheros. Mujeres que antes salían en grupo a barequear cuando el río bajaba, ahora se embarcan en canoas hacia las dragas. Allí les permiten sacudir una o dos veces los tapetes usados. Tal vez logran rescatar una pepita de oro. Un gramo cuesta en el pueblo 80 mil pesos. Las familias afrocolombianas que poseen tierras en la orilla del río reciben un pago a título de alquiler por la destrucción de su pedazo de tierra.
Los niños todavía aprenden a nadar con agilidad en un río que ha matado a los peces y les ha causado infecciones vaginales a las mujeres. Paimadó sigue sin alcantarillado y manejo de residuos. Y, como la mayoría de los centros poblados de la cuenca, las aguas servidas y las basuras van a dar también al río.
El camino a la Sentencia
El Colectivo de Abogadas Tierra Digna, en representación del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y los Consejos Comunitarios Mayores de la cuenca del Atrato (Compomoca, Cocomacia y Ascoba) interpuso una acción de tutela contra 26 entidades del Estado por la degradación del Río Atrato.
Esta tutela resultó de un trabajo previo de diagnóstico y discusión con las comunidades, en donde se identificaron los daños del Río como la causa central de la vulneración de derechos de las comunidades.
La Corte se puso a la altura del reto. En una revolucionaria sentencia, desarrolló el concepto de derechos bioculturales a partir de una mirada ecocéntrica – en vez de antropocéntrica –, en la que se reconoce la relación entre vida, cultura y naturaleza. La Corte tuteló no solo los derechos de las comunidades, sino los del Río Atrato. Ordenó, entre otras medidas, diseñar un plan para descontaminar el Río y otras fuentes hídricas, erradicar la minería ilegal, recuperar formas tradicionales de subsistencia y alimentación, realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos de las comunidades y asegurar los recursos para todo lo anterior.
A pesar de que la Sentencia es revolucionaria en el derecho colombiano, para las comunidades del Chocó es un reconocimiento de la forma como se vienen relacionando con el Río desde siempre y de que a lo largo del tiempo y a pesar del racismo y la exclusión, han sido guardianas del Atrato.
