Alrededor de estas y otras preguntas giró el conversatorio “Implicaciones del Acuerdo París: miradas diversas sobre los impactos del Cambio Climático” convocado por la Fundación Heinrich Böll, la Red por la Justicia Ambiental y Censat Agua y llevado a cabo el 11 de julio de 2017 en la sede de la Fundación Böll en Bogotá.
Aspectos nucleares del Acuerdo de París y sus implicaciones en Colombia fueron comentados desde miradas muy diversas por María Laura Rojas, quien fue hasta hace muy poco coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y participó activamente en las negociaciones del Acuerdo; Jorge Enrique Gutiérrez líder de la tercera comunicación Nacional de Cambio Climático desde el IDEAM; José Absalón Suárez, representante del Proceso de Comunidades Negras, estudioso y activista desde 2010 sobre cambio climático; Mateo Estrada Córdoba, coordinador de Territorio, Ambiente y Cambio Climático de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana; Diana Ojeda, doctora en geografía e investigadora en ecología política y geopolítica feminista del Instituto pensar de la Universidad Javeriana y Diego Cardona, coordinador regional del Programa Selvas y Biodiversidad de Amigos de la Tierra.
Algunas reflexiones interesantes fueron las siguientes:
Colombia en las negociaciones del Acuerdo de París
En las negociaciones a lo largo del arduo camino para lograr un nuevo acuerdo planetario que le pusiera tope al calentamiento climático, Colombia jugó un papel destacado.
María Laura Rojas, quien fue coordinadora de asuntos ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2017, describió cómo nuestro país, a pesar de no ocupar una posición geopolítica central, tiene una gran credibilidad y reconocimiento en las negociaciones.
Nuestro país trabajó en equipo con otros Estados para lograr incidir en el Acuerdo. Colombia hace parte del bloque AILAC, compuesto por ocho países de América Latina y el Caribe. Desde allí hubo un esfuerzo porque todos los países, incluyendo los llamados en desarrollo y a pesar de sus limitaciones, tuvieran que asumir obligaciones para reducir las emisiones de gases efecto invernadero. Hace parte, además, del espacio Diálogo de Cartagena, que, aunque no es un bloque, sí permite un trabajo conjunto.
Uno de los aspectos más relevantes por los que abogó Colombia, fue que el acuerdo no solo se enfocara en reducir las emisiones de carbono –como ocurrió en Kioto- sino también en exigir a los países medidas para adaptarse al cambio climático. Esto es especialmente importante para países vulnerables como Colombia.
Jorge Enrique Gutiérrez del IDEAM señaló que el aumento de dos grados podría significar la reducción de la biodiversidad a la mitad, el deshielo y la desaparición de los glaciares. Los riesgos y vulnerabilidades sobre otros factores como la seguridad alimentaria y el recurso hídrico, anotó Gutiérrez, son tan diversos como los territorios mismos.
Una lectura feminista
En las crisis ambientales desatadas por el cambio climático, las mujeres llevan lo peor. Diana Ojeda, del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, explicó cómo está demostrado que, en desastres como el Katrina, por cada hombre murieron cuatro mujeres. ¿Por qué? “En Katrina, tener un carro era fundamental para poder salir, las mujeres o no tenían carro o no sabían manejar. Se han encontrado con que las mujeres no son enseñadas a nadar, entonces las mujeres se ahogan. Además, por el rol de cuidadoras no dejen a niños, enfermos y ancianos detrás. La mujer sale con todo”.
Los impactos sobre las mujeres y otros grupos, para Diana, son invisibles desde la mirada clásica con la que se estudia y comprende el cambio climático: para ella, el conocimiento se produce desde el ojo de Dios, desde lejos, con guantes. Estudios etnográficos que Diana ha realizado en Montes de María, en el norte de Colombia, han revelado consecuencias que escapan a la mirada de la ciencia dura. Por ejemplo, Ojeda y sus colegas han encontrado que los cultivos de palma para biodiesel y los monocultivos de teca cultivados como depósitos de carbono en el marco de desarrollo limpio han profundizado desigualdades de género. Como consecuencia de estos proyectos que privatizan bienes comunes, la dependencia de las mujeres al salario de los hombres se ha incrementado, igual que su encierro en espacios domésticos.
Por otro lado, para Ojeda, la difundida idea de que somos demasiados criminaliza a las mujeres o motiva a intervenciones violentas en sus cuerpos, por ser las que reproducen la especie. Sobre todo, las mujeres no blancas y las mujeres empobrecidas. Más que el número de hijos, los impactos climáticos tendrían que ver con los patrones de consumo.
En su crítica sobre la forma tradicional de estudiar el cambio climático, Ojeda explicó cómo esta no es sensible a las dinámicas de poder. La noción de bosque, por ejemplo, es profundamente colonial. A lo largo de sus investigaciones en áreas protegidas, zonas de alto riesgo y humedales, nunca ha encontrado a las comunidades referirse al “bosque”, pero sí a la selva o el monte. Para Diana es inconcebible que el concepto de bosques cobije tanto las selvas y el monte, como también plantaciones forestales y monocultivos.
El pueblo negro invisible en las decisiones
Seis millones de hectáreas son albergadas por comunidades negras. De esas, 4.3. millones son selva, un enorme sumidero de carbono. Aun así, a las negociaciones de cambio climático, a las decisiones políticas, a la producción de conocimiento científico y académico, el pueblo negro no es invitado.
Según Absalón Suárez, del Proceso de Comunidades Negras, si el pueblo negro hiciera de forma efectiva parte de las decisiones, no sería REDD+ (el mecanismo que busca compensar monetariamente la reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) una solución viable. REDD+ es para el pueblo afro como un zapato ajustado. Contrario a la visión tradicional del pueblo negro, REDD+ busca conservar solo un parche de territorio aislado con lógicas ajenas e impuestas.
Efectivo sí sería fortalecer los sistemas comunitarios de producción de conocimiento tradicional sobre el territorio y la naturaleza. “Conservamos usando” es la lógica del Pacífico, explicó Absalón, pues es la manera como lo han hecho durante siglos. Por eso, un requisito para garantizar las posibilidades de conservación por parte de las comunidades negras e indígenas es la seguridad jurídica sobre los territorios. Absalón señaló que está demostrado que los territorios bajo figura de protección colectiva de grupos indígenas y afrocolombianos están mejor conservados.
Falta aún reconocer el territorio como sujeto de derecho en las negociaciones del clima. En esa clave, más que en la económica, deberían diseñarse los indicadores y las metas para salvar al planeta del calentamiento climático. Por ejemplo: cuántos ecosistemas se han recuperado a 2020 y cómo la financiación se dirige a este objetivo.
Y necesario sería también garantizar un flujo de financiación que no se represe, como ahora, en las grandes ONG y los bancos, sino que llegue a las comunidades que tienen en sus manos los territorios.
¿Cambios para dejar todo igual?
Diego Cardona de Censat y Amigos de la Tierra está de acuerdo con el diagnóstico sobre el calentamiento global, pero contra las soluciones de las políticas climáticos y del crecimiento verde.
Resolver la crisis climática solo con mercado y tecnología no es una solución. Para Diego, el Acuerdo de París y la economía verde ponen las soluciones de la crisis climática en manos de sus propios responsables. “Es como poner al ratón a cuidar el queso”. En su análisis, destacó que las soluciones previstas por la economía verde comprometen más la vida en el planeta que el modelo económico actual.
Señaló, además, que el Acuerdo no establece obligaciones para la compensación de las deudas ecológicas y climáticas. Concluyó que el concepto de crecimiento económico debe revaluarse, así sea verde. Porque “ni siquiera las bacterias crecen sin parar”.
RIA, la propuesta indígena
RIA, es decir Redd Indígena Amazónico se llama la propuesta construida por 390 pueblos indígenas de nueve países de la cuenca amazónica. Para Mateo Estrada, coordinador de territorio y biodiversidad de la OPIAC, es necesario ser propositivo ante políticas internacionales que, como la vejez, van a llegar inevitablemente.
Por eso, los pueblos amazónicos a través de la COICA propusieron principios indígenas para REDD+, donde se comprenda que los pueblos hacen parte del bosque y que son sus conocimientos y sistemas organizativos los únicos que lo pueden proteger.