Con 200 kilómetros de ancho, el Istmo de Tehuantepec es la zona más angosta de México. Cuenta con amplios recursos marítimos, petróleo, maderas, que han custodiado históricamente sus habitantes originarios: los ikoots (huaves, en español), los binizaá (zapotecos) y los o’depüt (zoques); pero, sobre todo, tiene un viento que arrecia entre los dos océanos —Atlántico y Pacífico— a una velocidad promedio anual de 10 metros por segundo, superior a la media mundial.
Los vientos en el istmo son rápidos y relativamente estables, lo que aumenta su potencial energético. Soplan en un radio de 32 kilómetros de La Ventosa, una población de 4,000 habitantes que pertenece al municipio de Juchitán. La población se llama justamente “La Ventosa” por sus fuertes vientos, los cuales llegan incluso a volcar camiones de carga.
El valor de estos vientos es lo que ha atraído a una veintena de empresas nacionales y extranjeras a instalar en los últimos 15 años 2,123 aerogeneradores en 28 parques eólicos. Los parques hoy en día ocupan una extensión de 100,000 hectáreas, que antes eran tierras de cultivo de maíz, sorgo, caña de azúcar y pastizales para ganado.
Estas empresas son beneficiarias de los 2,360 megawatts de electricidad que se producen en el Istmo de Tehuantepec, y que representan la mitad de toda la energía eólica que se genera en el país. Se han instalado en la zona a pesar de las protestas de pobladores y defensores del territorio, quienes durante años han denunciado la corrupción y los impactos económicos y ambientales negativos que traen consigo. La oposición a los parques, sin embargo, va más allá de los paisajes arruinados. El problema, dicen, es que se ha profundizado la desigualdad.
Vientos de la desigualdad
La capacidad energética de los parques eólicos en Oaxaca, Estado donde se ubica el Istmo de Tehuantepec, pasó de 160 megavatios en 2008 a 5,500 megavatios en 2018: un poder suficiente para alimentar a cientos de miles de hogares. Sin embargo, ni la luz, ni los beneficios que produce la venta del aire a las empresas llegan a las comunidades. “Hemos pasado por años de proyectos eólicos, pero la pobreza es la misma”, dice Andrea Cerami, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
Unión Hidalgo, por ejemplo, es un municipio indígena de 15,000 habitantes ubicado en el istmo. Esta comunidad ha dado una batalla legal de más de tres años contra la empresa española Renovalia Energy y su filial en México, Desarrollos Eólicos Mexicanos – DEMEX, debido a la instalación de un parque eólico. Los comuneros aseguran que la empresa adquirió los campos de cultivo con engaños, aunque “los contratos estaban mal planteados desde un principio”.
Estos engaños son parte de una vieja historia que se remite a un decreto presidencial de 1964 que estableció el uso de las tierras comunales. Esto significa que los campesinos pueden trabajar y hacer uso de la tierra, pero no son sus propietarios. La propiedad es de toda la comunidad, por lo que los terrenos no pueden venderse de forma individual. Los conflictos políticos dividieron a los comuneros y la tierra se convirtió en botín para que los partidos políticos entregaran títulos de propiedad a cambio de votos. No obstante, eran títulos sin sustento legal. Esto provocó una confusión jurídica que prevalece hasta hoy y que fue aprovechada por la empresa española para apropiarse de la tierra de una forma ilegal.
“La empresa llegó acaparando terreno, apartando casa por casa, a través de unas muchachas edecanes que acosaban a los propietarios. Cuando no lograron reunir las hectáreas, llegó la rifa de los aerogeneradores: regalaban boletos para una camioneta Nissan a las personas que firmaran. Un año después hicieron la vela [ceremonia tradicional] del aerogenerador y le regalaban 10 cartones de cerveza a los que firmaban”, relata Juan Regalado, uno de los últimos comuneros en firmar. Él mismo cedió sus tierras después de que un representante de DEMEX le ofreció un puesto como consultor, oferta que nunca le cumplió.
Ahora, Juan Regalado sabe que a todos los engañaron: a unos con la promesa de una universidad; a otros, con el ofrecimiento de pagos mensuales. La empresa pudo apropiarse así de los campos de cultivo de Unión Hidalgo.
Las empresas, por su parte, sostienen que no eran conscientes del régimen de propiedad de la tierra. Sólo que esta “omisión” por parte de las empresas no es un problema menor: 12 de los 28 parques eólicos que hay en la región se ubican dentro de las 68 mil hectáreas de tierra comunal. Esto significa que todos los contratos realizados con los comuneros de estos parques están fuera de la ley.
El patrón se repite en casi todos los pueblos. En Santo Domingo Ingenio, por ejemplo, la gente cuenta que la vida cambió radicalmentee en menos de 10 años. Todo empezó en 2012, cuando la Operadora Azucarera Tehuana cerró el ingenio azucarero y la mayor parte de la población se quedó sin empleo. Muchas familias campesinas cambiaron la siembra del maíz al sorgo, buscando mayor rentabilidad, pero no lograron ganar lo mismo que lo que obtenían con la producción de caña de azúcar. La esperanza llegó entonces de la mano de un grupo de empresas de la industria eólica: la española ACS, cuyo propietario es el presidente del club de futbol español Real Madrid; Iberdrola, en cuyo Consejo de Administración fue miembro el expresidente mexicano Felipe Calderón; y Renovalia Energy y DEMEX, empresas también presentes en Unión Hidalgo.
Las empresas llegaron, además, avaladas por la Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública que distribuye la energía eléctrica en el país. Y propusieron algo que, en principio, a los campesinos desempleados les pareció una salvación: alquilarles sus tierras por 30 años, con la promesa de que, además del pago del alquiler, obtendrían otros beneficios como puestos de trabajo, luz más barata, alimento para sus animales, escuelas, hospitales y centros deportivos.
Nada de eso ocurrió. “Ahora”, dice un poblador, “ellos son dueños de las entradas [de los terrenos], tienen [personal de] seguridad y a los ejidatarios les dan una tarjeta para que puedan entrar. Los beneficios que prometieron inicialmente no se han cumplido. Hay comunidades que no tienen luz y la energía se va a otro lado”.
Bajos beneficios y altos costos
La mayoría de la población no sabe cuántas empresas se benefician de la electricidad que se genera en su región. Cuando ven la lista de las más de 400 empresas beneficiarias —BBVA Bancomer, CEMEX, Cemento Cruz Azul, Chedrahui, Jugos del Valle, Kimberly Clark, Nestlé, Pepsico-México, Soriana, Telmex y Wal Mart— los pobladores indígenas no pueden ocultar su asombro.
Sara Méndez, defensora de derechos humanos e integrante de la organización Código DH, señala que varias empresas se han negado a firmar un compromiso impulsado por el gobierno estatal. Según este compromiso se debe pagar a los municipios USD 525 (10,000 pesos mexicanos) por cada megawatt de electricidad que se produzca en los terrenos de su demarcación.
El único “beneficio”, de hecho, que tienen algunos de los pobladores es un descuento de 30 por ciento en su consumo eléctrico. A los pocos beneficios se suman altos costos: el 28 de octubre del 2011, en la carretera Panamericana que conecta Juchitán con Tuxtla Gutiérrez, una manifestación terminó en balacera y una persona fue asesinada. 1
Tierras divididas
Los inmensos molinos modernos de las empresas eólicas dividieron la tierra y a los habitantes de los pueblos del istmo. Hasta que los pobladores se dieron cuenta de que todos estaban más o menos igual. Durante años, se han llevado a cabo diversos juicios que, poco a poco, han ido ganando los pobladores indígenas, pero la tierra ya no sirve para sembrar. Para los titulares de las tierras que sobrevivieron este proceso, volver a usarlas es mucho más fácil, ya que no se construyó en ellas. El problema es para los comuneros en cuyas tierras sí se instalaron aerogeneradores, porque la utilización del camino que lleva hasta éstos y la base de cemento de la que están hechos deja las tierras prácticamente infértiles. Esta 6 Parques eólicos en tierras comunales en México: bajos beneficios y altos costos situación enfatiza la necesidad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de energía limpia y las preocupaciones de quienes son dueños de los terrenos que la producen: “Queremos energía eólica pero no a cualquier precio”, afirma Juan Regalado. Hoy en día, pueblos y gobierno están atascados en procesos de consulta o juicios que han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Impactos ambientales
El otro problema a considerar en la instalación de parques eólicos es el impacto al medio ambiente. Tal es el caso del proyecto “Eólica del Sur”, ubicado en Juchitán, que constituirá el parque eólico más grande de América Latina. En él se encuentra involucrado un grupo de inversionistas, encabezado por la empresa japonesa Mitsubishi Corporation.
De acuerdo con el Análisis de la manifestación de impacto ambiental y del Resolutivo del proyecto “Eólica del Sur”, 2 realizado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), existen muchas inconsistencias en la Manifestación de impacto ambiental de la zona denominada Selva baja espinosa. El estudio científico muestra que en la evaluación de impactos hay información falsa y denuncia que los inversionistas pretenden talar el 100 por ciento de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación.
En cuanto a los impactos del proyecto en la fauna, los científicos advierten que los muestreos realizados para la evaluación de impacto son insuficientes. Según el análisis, el proyecto omite la importancia biológica de esta zona, clasificada por el gobierno mexicano como parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En el Istmo de Tehuantepec se juntan las dos cordilleras montañosas que cruzan el país, y la confluencia del clima húmedo del Golfo de México con el clima árido del Pacífico crean un biotopo con una gran biodiversidad, entre la que se encuentran varias especies endémicas.
Aunado a esto, el análisis señala que la delimitación territorial realizada por el Sistema Ambiental Regional es arbitraria y que excluye casi por completo los 11 parques eólicos que ya se encuentran en operación en la región. “Esta omisión deliberada hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólicas a nivel regional”, afirma el documento. El análisis concluye con que 81 por ciento de los 147 impactos que se generarán con el proyecto son negativos. A pesar de ello, Eólica del Sur fue aprobado por las autoridades mexicanas: “Una vez más, el gobierno es el promotor del modelo de explotación eólica en el que los beneficios reales quedan fuera de las comunidades locales y en el que los ecosistemas se conciben como el obstáculo a vencer para el desarrollo de infraestructura. Así pues, es evidente que estamos lejos de comprender lo que significa la energía ‘verde’ en México y sobre todo de lograr una transición hacia la generación de energía sustentable”,3 concluyen en su estudio los científicos.
1 Quadratín: “Enfrentamiento por parque eólico deja un muerto y cinco heridos”, en: Quadratín Oaxaca, 29 de octubre de 2011. Disponible en: https://oaxaca. quadratin.com.mx/Enfrentamiento-por-Parque -Eolico-deja-un-muerto-y-cinco-heridos/ (Consultado: 19 julio 2019)
2 Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad (2015): Análisis de la manifestación de impacto ambiental y del Resolutivo del proyecto “Eólica del Sur”. Disponible en: https://fercordovatapia.files. wordpress.com/2014/07/anc3a1lisis_mia-y -resolutivo_-ec3b3lica-del-sur_juchitan_uccs1.pdf (Consultado 10 de julio 2019)
3 Ibid.