Hablar de una transición más allá de los combustibles fósiles implica mucho más que reducir emisiones o sustituir el petróleo, el gas y el carbón. También significa preguntarnos qué modelo de desarrollo queremos transformar, qué territorios están cargando con los costos de la extracción y qué lugar ocupa la vida frente a los intereses del capital fósil.
El Acuerdo de Escazú reconoce la participación pública como un derecho fundamental para la defensa del ambiente. Pero entre el reconocimiento formal de ese derecho y la posibilidad real de incidir en las decisiones existe una distancia que sigue siendo profunda. El Centro Socio Jurídico para la Defensa Territorial, SIEMBRA, analiza qué está en juego cuando hablamos de participación ambiental en Colombia y América Latina, especialmente en territorios afectados por proyectos extractivos.
Mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y defensoras territoriales de todo el mundo se reunieron en Santa Marta para exigir algo simple: que dejar los combustibles fósiles no signifique repetir el mismo modelo de despojo, militarismo y desigualdad. LIMPAL Colombia y aliadas internacionales presentan un documento que pone la justicia de género en el centro de la transición energética
La transición energética no puede limitarse a cambiar tecnologías: debe reparar las heridas históricas que ha dejado el extractivismo y transformar las relaciones de poder que sostienen la crisis climática. “Una transición reparadora” plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo donde la justicia ambiental, la participación de las comunidades y la reparación de los territorios sean pilares centrales del cambio energético. Porque una transición verdaderamente justa no solo mira hacia el futuro: también reconoce y responde a las deudas del pasado.
Barbosa atraviesa profundas transformaciones territoriales que amenazan la permanencia de la vida campesina y rural: expansión urbana, industrialización, especulación inmobiliaria y cambios en la vocación productiva avanzan sobre las veredas y sus formas históricas de habitar el territorio. Frente a este panorama, comunidades campesinas organizadas impulsan la propuesta del Distrito Rural Campesino de Barbosa (DRC), una apuesta construida desde el territorio para defender la autonomía campesina, la soberanía alimentaria, los ecosistemas estratégicos y el derecho a decidir sobre el futuro rural del municipio.
La agroecología campesina es mucho más que una forma de cultivar: es una apuesta por la dignidad, la autonomía y el cuidado de la vida. A través de saberes ancestrales y organización colectiva, las comunidades están construyendo alternativas reales frente a la crisis ecológica y alimentaria, defendiendo sus territorios y sembrando futuros más justos.
La Transición Energética Justa es una oportunidad para transformar la economía con tecnologías verdes. En Colombia, la reindustrialización puede aprovechar nuevas inversiones para fortalecer la industria, generar empleo formal y reducir desigualdades hacia una economía baja en carbono.
El Decreto 0960 de 2025 reconoce por primera vez en Colombia la gestión comunitaria del agua como un modelo legítimo para garantizar este derecho humano fundamental, fortaleciendo a miles de organizaciones que, desde los territorios, han cuidado el agua como bien común y sustento de la vida. Esta política marca un hito hacia la justicia ambiental y social, al otorgar reconocimiento jurídico, trato fiscal justo, regulación adaptada y participación incidente a los acueductos comunitarios, consolidando su papel clave frente a la crisis ambiental y en la construcción de alternativas solidarias al modelo mercantil del agua.
En plena crisis climática, el futuro de las termoeléctricas a carbón en Colombia está en el centro de un debate urgente sobre energía, salud y justicia ambiental. Este informe analiza cómo el licenciamiento ambiental, clave para equilibrar producción y sostenibilidad, enfrenta vacíos regulatorios, especialmente en la protección de la calidad del aire, y qué lecciones internacionales pueden fortalecer su aplicación para garantizar decisiones que prioricen la vida, la salud pública y los derechos de las comunidades.
El futuro y la viabilidad del sector minero responsable con el futuro de Colombia dependen de una política pública enmarcada en el interés general y el beneficio colectivo, de una transición gradual y consensuada que se ajuste a la gestión del cambio climático, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria y los derechos humanos, y también de su aporte al desarrollo económico y el bienestar social.
La actualización de las NDC 3.0 ofrece una oportunidad clave para enviar señales claras sobre la salida progresiva de los combustibles fósiles, tanto en el plano político como desde las acciones específicas.
Este documento presenta recomendaciones para actualizar las NDC 3.0, basadas en un diálogo interinstitucional con 57 servidores públicos de 14 entidades. Mapea acciones sectoriales con potencial de reducir progresivamente los combustibles fósiles de forma justa, ordenada y equitativa. Una herramienta clave para tomadores de decisión que busca articular la acción climática del país, anticipar el declive de los mercados minero-energéticos y aprovechar las oportunidades de una economía baja en carbono.
Este informe presenta la sistematización de los diálogos territoriales realizados en regiones donde se extraen carbón, petróleo y gas. Su propósito es contribuir a la actualización de la tercera generación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC 3.0), incorporando las perspectivas de la sociedad civil relacionadas con las acciones climáticas que debería emprender Colombia para la transición energética justa y la reducción progresiva de los combustibles fósiles.
Más de 25 organizaciones, entre ellas colectivos juveniles, comunidades étnicas y actores ambientales, unieron esfuerzos para incidir en las nuevas metas climáticas del país (NDC 2024-2025). A través de un proceso participativo y diverso impulsado por Voces por el Clima y la Fundación Heinrich Böll, surgieron propuestas concretas con enfoque de justicia climática, derechos humanos, género y transición energética justa. Este documento recoge las principales conclusiones de esa experiencia transformadora.
Este documento identifica de manera crítica los ocho mitos más comunes que rodean la transición energética justa en Colombia, evidenciando cómo la desinformación perpetúa modelos insostenibles y socava las posibilidades de construir un futuro más justo y sustentable. Por medio de un análisis en el que se recopilaron documentos, declaraciones, iniciativas de incidencia y pronunciamientos de organizaciones con las que la Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá - Colombia coopera y tiene alianzas, junto con fuentes secundarias, se busca no solo desmitificar las nociones erróneas, sino también destacar las prioridades de una transición energética basada en principios de justicia climática y social, como una herramienta clave para enfrentar la crisis climática global y las desigualdades que afectan al país.
No natural resource (material or energy) extraction project lasts forever. Its useful life is subject to many variables, including endogenous factors -such as the amount of resource reserves or the extraction rate- and exogenous factors -such as decisions to address the climate crisis, the decrease in demand, financial problems, etc.- that condition the moment in which the project must close or the moment in which a stakeholder in its value-andsupply chain must leave. Regardless of the length of the project’s useful life or how it may be affected, a closure process responsible with the natural environment and society must be contemplated, which must be desired and promoted by all the stakeholders involved.
Le invitamos a leer la cuarta edición de la revista: Voces por el clima, una revista que reúne diversas miradas, propuestas y experiencias en torno a los retos climáticos que enfrentamos como región. En esta edición, ponemos el foco en la actualización de los compromisos climáticos (NDCs 3.0) y su vínculo con agendas clave como la biodiversidad, la paz, la equidad de género y la justicia climática territorial.
La transición energética es mucho más que un cambio tecnológico; es una oportunidad para cuestionar nuestras relaciones con la energía y transformar los sistemas que nos sustentan. En Colombia, los conflictos socioambientales y las desigualdades en el acceso a la energía requieren una reflexión profunda sobre lo que entendemos por justicia energética. Este glosario normativo abre el debate y promueve un enfoque participativo que respete los derechos humanos, la equidad y la sustentabilidad. Es hora de pasar de la palabra a la acción.
Colombia avanza en la implementación de un sistema MRV para el sector minero-energético, con el objetivo de cuantificar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente metano y carbono negro. Este sistema busca mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión ambiental del sector, alineándose con los compromisos internacionales del país en materia de cambio climático.
La actualización de la norma de emisiones de fuentes fijas busca reducir la contaminación atmosférica y proteger la salud pública. Con esta medida, se establecen límites más estrictos para los contaminantes emitidos por industrias como las cementeras, termoeléctricas y plantas de asfalto. ¿Por qué es importante?
