poderes fácticos

En el debate sobre la comida chatarra: derrota de la sociedad civil a manos de la industria

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Desde 2016, se vienen debatiendo en Colombia medidas que buscan reducir el consumo de bebidas azucaradas y de comidas con un alto contenido de azúcar, sodio o grasas saturadas (conocidas coloquialmente como comida chatarra). Ese año, el Ministerio de Salud impulsó sin éxito un impuesto para desincentivar el consumo de productos como gaseosas, tes y bebidas de fruta, azucaradas. Uno de los principales opositores de la medida fue el entonces senador y hoy presidente del país Iván Duque. Entre 2017 y 2018, la organización Red PaPaz (Red de padres y madres), con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas, el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), Educar Consumidores y la FoodFirst Information and Action Network (FIAN) Colombia, impulsó el proyecto de ley 019 de 2017 que buscaba, entre otras medidas, prohibir la venta de estos alimentos en escuelas primarias, regular su publicidad en televisión abierta e indicar con un etiquetado frontal si un producto es alto en grasas, sodio, azúcar o grasas saturadas.

Poderes fácticos y cooptación en el sistema de salud en Colombia: El caso de Medimás

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En las siguientes páginas se trabaja con una hipótesis: factores reales de poder han influenciado la política pública de salud de manera sistemática. Esos factores reales de poder son las corporaciones financieras y los grupos de interés asociados a la existencia de las EPS, entendidas como vehículos para captar de manera rentista recursos públicos de la salud.

Extractivismo, derechos y tributación: cooptación del Estado colombiano

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Poderosos grupos fácticos de la economía han capturado/cooptado al Estado colombiano y en consecuencia, el fin esencial de este último se ha orientado a la defensa de un modelo eminentemente empresarial y de intereses particulares. Con ello, se han ido socavando principios y mandatos de la Constitución Política de Colombia, entre ellos, la prevalencia del interés general, el deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía y los principios básicos de la tributación.